Consulta #3. ¿Existe obligación legal de subrogación por parte del Ayuntamiento ante la resolución de un contrato de servicios de limpieza?

La respuesta a la pregunta de hoy la encontramos en la Sentencia del TSJ C. Valenciana (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 2523/2010 de 17 septiembre, en la que se procede a un detallado análisis de la institución de la sucesión de empresas (art. 44 del Estatuto de los Trabajadores) en relación a los contratos administrativos, y particularmente al contrato relativo a un servicio de limpieza.

Como analiza la sentencia, son dos los presupuestos esenciales que exige la Jurisprudencia para apreciar la obligación de subrogación contractual en caso de sucesión de empresas.

1º) Elemento subjetivo: Un cambio en la titularidad del centro de trabajo en el que presta sus servicios el trabajador. 

2º) Elemento objetivo: Que dicho cambio comporte la transmisión total de los elementos esenciales que permitan la continuidad de la empresa o de algunas de sus actividades de forma estable.

Será por tanto el elemento objetivo el que decida la cuestión, y lo hace en sentido negativo a la existencia de sucesión en éste caso, en la medida en que, por parte de la empresa contratista, en éste caso, no se asume la gestión, en sentido contractual estricto, de un servicio público, con lo que ello implica de asunción de la explotación integral de dicho servicio, ya sea subrogándose en la posición de la administración (externalización), ya sucediendo a otra empresa que lo viniera haciendo con anterioridad, ya desde su inicio, en el caso en que fuera un servicio de nueva implantación.

En el caso del arrendamiento de servicios, el contratista, utilizando su propia estructura empresarial, presta un servicio retribuido a la administración, adscribiendo para ello al desempeño del servicio, de forma permanente o no, conforme a sus propios criterios organizativos empresariales, a trabajadores de su empresa, sin que en ningún momento exista desplazamiento organizativo alguno, desde la administración a la empresa contratista, y por tanto sin que dicha estructura organizativa deba ser asumida por la administración a la conclusión del contrato. La respuesta negativa se mantiene incluso en el caso en que el único objeto de la actividad empresarial venga integrado por el personal que se aporta, porque se haga uso de medios materiales de titularidad pública en el desempeño del contrato.

Así constituida la relación contractual, llegada su expiración, por transcurso del plazo acordado, o cualquier otra causa de resolución, no se producirá, por ésta causa, la extinción contractual de la relación laboral que une al trabajador a la empresa contratista quedando, nuevamente, en la esfera particular de la organización empresarial, las consecuencias que, sobre la actividad global de la empresa, pudiera tener el contrato resuelto, a los efectos de la eventual concurrencia de causas objetivas de despido vinculadas a la resolución del contrato administrativo de servicios. Pero en ningún caso, ni siquiera en éste último, surgiría, a raíz de la resolución contractual, y de esa eventual consecuencia laboral, la obligación de subrogación contractual para la administración, salvando 3 excepciones:

1º) Pacto expreso. En virtud del cual el contratista, en el momento de la adjudicación, se hubiera subrogado en el contrato de algún empleado público.

2º) Convenio colectivo. Aún cuando no serán de aplicación a la administración las previsiones del Convenio particular de la empresa contratista o sectorial privado que previamente rijiera las relaciones contractuales entre el empresario y sus trabajadores.

3º) Fraude. En el caso en que la contratación administrativa hubiera sido utilizada como herramienta fraudulenta para encubrir la contratación de personal que, en atención al contenido de su puesto de trabajo, debiera haber sido contratado como empleado público. 

 

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