RDL 3/2012 Reforma Laboral. D.A.2ª. Personal laboral al servicio del Sector Público.

El Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, incorpora una modificación relevante en el ámbito del personal al servicio de las Administraciones Públicas en su Disposición adicional segunda, por la cual, bajo el título ”Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público”, se añade una disposición adicional vigésima al Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido cuya lectura nos aporta algunas respuestas y muchos interrogantes en la materia.

 Dice así la D.A.2ª:

 «El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la
financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.»

Con una acertada definición de su ámbito de aplicación subjetiva –frente a recientes experiencias normativas de infausto recuerdo-, merced a su remisión al art. 3.1 del TRLCSP, la disposición adicional viene a afirmar la, cuestionada por alguna autoridad laboral, aplicabilidad al Sector Público del régimen de despido individual y colectivo por causas objetivas, así como a establecer una interpretación auténtica de los criterios objetivos de despido en el ámbito de
las relaciones laborales en el Sector Público, superando (o pretendiendo, veremos con qué éxito) los tradicionales conflictos interpretativos en la materia.

Así, una vez afirmada la general remisión a los arts. 51 y 52.c) del ET, el RDL define qué puede entenderse, en el ámbito del Sector Público, por causa económica, técnica y organizativa, a los efectos de apreciar la concurrencia de causas objetivas que justificarán el recurso al despido procedente, individual o colectivo:

1ª) Causa económica. Insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. Conforme al RDL, se apreciará la concurrencia de causa objetiva de despido procedente, cuando se produzcan 3 trimestres consecutivos de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. La
referencia a los trimestres, por asimilación al ámbito empresarial, no parece muy acertada por no ser el trimestre una referencia habitual en el ámbito de las EELL, no obstante, parece claro que el criterio objetivo de despido (que habilita el recurso a la indemnización reducida de 20 días), viene vinculado a una desviación presupuestaria sobrevenida y sostenida en el tiempo, lo que se apreciará cuando se prolongue durante más de 9 meses.

Es prematuro aventurar los criterios de aplicación de la norma, pero la vinculación a la evolución presupuestaria, y el necesario carácter sobrevenido de la circunstancia, invita a pensar que la entrada en vigor del RDL marca una frontera temporal respecto a la valoración de la concurrencia del criterio presupuestario como causa objetiva de despido.

Así, no existiendo obstáculo (más allá de la siempre necesaria valoración de su conveniencia y orientación al interés general) para su valoración como medida a incorporar en presupuestos en proceso de elaboración, entre las medidas orientadas al requilibrio financiero de una administración; más compleja se presenta la posibilidad de que una administración que haya aprobado ya su presupuesto sin contemplar medidas de éste tipo para lograr su equilibrio financiero, pueda ahora, habilitar su aplicación inmediata mediante una modificación presupuestaria, pues sería
complicado acreditar su mayor conveniencia o mejor orientación al interés general frente a las otras medidas de recorte de gasto o incremento de ingresos ya incorporadas, por lo que en estos casos, parece que las administraciones que tengan aprobado su presupuesto equilibrado, no podrían recurrir a éste criterio objetivo hasta que se verificara la desviación durante 9 meses en referencia al presupuesto aprobado.

La otra complejidad en la apreciación del criterio se deriva de la referencia a la desviación presupuestaria “en la financiación de los servicios públicos correspondientes”, parece querer decir que la desviación presupuestaria deberá verificarse en relación a la concreta área de gasto o programa en que se enmarque el servicio a que venga adscrito el trabajador. Este criterio, si bien puede resultar simple en el supuesto de servicios públicos voluntarios
(de demanda variable) y que, por venir financiados mediante tasa o precio público y/o subvención, puedan tener una propia “cuenta” de ingresos y gastos y un análisis particular de equilibrio financiero, no parece tan sencillo en el resto de los casos donde resulta complicado, por no decir imposible establecer una correspondencia entre ingresos y gastos que permita concluir de forma rotunda el juicio de la “insuficiencia presupuestaria” respecto al “servicio público correspondiente”.

2ª) Causas Técnicas y Organizativas: Al amparo de éste segundo criterio, quedaría legitimado el despido, cuando ello viniera motivado por la introducción de cambios “entre otros” en el ámbito de los medios o instrumentos de la  prestación del servicio público de que se trate o nuevamente, “entre otros” en los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al citado servicio.

Tras un, no exento de dudas, salto cualitativo en lo que a objetividad y claridad normativa se refiere respecto a las más recientes novedades legislativas, volvemos al terreno donde nuestro legislador, aparentemente, se mueve más cómodo, la opacidad normativa.

Esta segunda y tercera cláusulas no podría tener una redacción menos clara. Por un lado, el recurso a la cláusula “entre otros”, la convierte en una norma abierta de, previsiblemente conflictiva integración. Por otro,  de su lectura no se desprende qué tipo de cambios en los medios o instrumentos o en los sistemas y métodos de prestación del servicio tendrán la suficiente entidad como para justificar la reducción de personal, por lo que habrá que esperar al desarrollo reglamentario, o probablemente, al ensayo-error jurisprudencial, tan indeseable en el ámbito de las relaciones laborales.

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