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Manos limpias, mentes sucias.

La causa abierta a buena parte del equipo directivo de Manos Limpias, relacionada con posibles prácticas de extorsión vinculadas a sus denuncias y querellas, fuerza una necesaria reflexión.

¿En qué medida éste país deja la justicia criminal en manos -directas o indirectas- de personas, entidades o grupos de presión que persiguen fines propios -ilegítimos o legítimos- ajenos a los que son propios de esa jurisdicción?

La confirmación de las prácticas de extorsión que se describen en las noticias publicadas sería la máxima expresión de algo de lo que muchos abogados defensores hemos sido testigo en causas penales con acusaciones privadas relacionadas con funcionarios y autoridades. Causas en las que el hecho investigado pierde relevancia frente a la persona investigada y donde se ve a las claras que el único objetivo del ejercicio acusatorio es lograr que la acusación se sostenga en el tiempo hasta que, por el camino, se alcanza -normalmente fuera de la causa y en otro ámbito jurídico, político o social- un determinado objetivo; momento, en el que la acusación pasa a ser meramente testimonial o, directamente, es renunciada.

El peligro, sin embargo, no reside tanto en las prácticas procesales que de dicha conducta “profesional” se derivan -que un correcto ejercicio de la defensa puede neutralizar- sino en el riesgo, tantas veces verificado, de que esas acusaciones interesadas, con sus posicionamientos en las causas y su habitualmente intensa acción pública de comunicación, acaben influyendo en el ejercicio de las funciones públicas de acusación y enjuiciamiento, influyendo en su ejercicio y afectando al sentido de sus decisiones.

El mayor riesgo de tales conductas se verifica cuando las posiciones (jurídicas o técnicas) de esas acusaciones, sólo interesadas en obtener determinado rédito extrapenal de la causa, y que por lo tanto, tienden a utilizar los argumentos más maximalistas y las interpretaciones contra reo más restrictivas o perjudiciales, acaban siendo interiorizados por Jueces o Fiscales como normal o acertado, normalmente tras una esmerada labor de fijación de convicciones públicas al respecto de la cuestión.

El caso “manos limpias” debería servir de aviso para los operadores públicos de la justicia criminal, llevándoles a adoptar posiciones críticas y escépticas ante los planteamientos de los grupos de interés situados detrás de ciertas acciones penales pues, como en el caso “Manos Limpias” estamos viendo, abandonando esa actitud, se corre el riesgo de convertir a la Justicia en una herramienta al servicio de intereses que no son los generales, o en los casos más graves, en cooperadora inconsciente pero necesaria a la comisión de graves delitos.

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