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Contratación de Personal en la Ley de Presupuestos 2017 (y II). Relajación en los requisitos para contratación de interinos.

Las novedades en el régimen de contratación de personal por las administraciones siguen con la denominada “tasa adicional para estabilización de empleo temporal”. Esta “tasa adicional” ampara, dentro de las áreas preferentes, la provisión definitiva de hasta el 90% de las plazas que, dotadas presupuestariamente, hubieran estado cubiertas por interinos o personal laboral temporal, durante los 3 años anteriores a 31 diciembre de 2016.

A esta tasa adicional se añade la “revitalización” de la D.T. 4ª del TRLEBEP, posibilitando así el recurso a procesos de consolidación de empleo temporal sin que ello afecte a las limitaciones derivadas de la tasa de reposición. La efectividad de ésta medida quedará muy matizada al mantener el mismo límite temporal, 1 de enero de 2005, de la disposición original. No se introduce novedad o matiz al régimen original. Por lo tanto, las AAPP podrán organizar procedimientos de consolidación de empleo temporal con idénticas ventajas a las reconocidas en su día para los interinos que vengan desempeñando los puestos objeto de provisión (fundamentalmente, la simplificación en la fase de oposición y la valoración en sede de concurso de la experiencia específica adquirida en el desempeño del puesto). 

Los demás apartados básicos, 5 y 6, relativos a la obligatoriedad de la OEP y la posibilidad de acumular tasa procedente de sectores preferentes, se mantienen en su redacción.

Reducción de requisitos a la contratación de interinos y personal laboral temporal

 

Dejamos para el final la que sin duda es la novedad más relevante, pues en el apartado dos, donde iba prevista la polémica limitación a tres años del interinaje, no sólo se ha suprimido, sino que además -en su última fase de negociación parlamentaria- se ha suprimido de entre los requisitos para la contratación de interinos y personal laboral temporal, la necesaria vinculación a sectores preferentes, dejando reducidos los requisitos de necesaria verificación previa a la contratación, a la excepcionalidad y a la urgencia e inaplazabilidad.

Nuevamente cualquier posible inicial euforia entre el colectivo de aspirantes a entrar en el sector público, debe ser matizada. Y ello porque dicha supresión no es sino la traslación legislativa de una conclusión que, por la vía de la interpretación, ya se había alcanzado. La naturaleza puramente política del juicio de esencialidad lo convertía en un requisito poco eficaz como mecanismo de limitación, si no se interpretaba -como en los primeros tiempos se hizo- en términos contrarios al principio de autonomía municipal.

Ello no obstante, junto a las restantes medidas, la supresión del obstáculo en la letra de la ley, unida a la cierta recuperación en las arcas públicas generará un indudable impacto sobre la oferta de empleo público.

 

 

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Contratación de Personal en la Ley de Presupuestos 2017 (I)

Con la aprobación de la Ley de presupuestos, que esta anualidad se ha retrasado hasta finales de junio, llega el tan esperado por las Administraciones Locales (responsables del grueso del ajuste en las AAPP –mayor o menor según el experto que se consulte- en materia de personal y por ello, asfixiadas muchas veces en su capacidad de gestión por la falta de personal), régimen jurídico-presupuestario de la contratación de personal en el sector público, contenido en el art. 19 de la Ley, que este año, viene con sustanciales modificaciones respecto a anualidades anteriores, algunas de las cuales, tendrán un previsible efecto en el ámbito de la contratación de personal (¿recuerdan la D.T. 4ª del TRLEBEP? pues vayan desempolvando sus estudios al respecto). Vamos a ir desgranando los diversos apartados del precepto a lo largo de dos entradas.

Tasa de reposición 100/50. Sectores preferentes.

Sin alteraciones sustanciales ni en el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación, ni en cuanto a la general exigencia de respeto a las disponibilidades presupuestarias, las principales novedades estriban en los sectores incluidos en la relación de que puedan beneficiarse las entidades locales:

  • Se mantienen en la lista, Policía Local, prevención y extinción de incendios, control y lucha contra el fraude fiscal, de subvenciones públicas y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos, asesoramiento jurídico y gestión de recursos públicos.
  • Lo interesante, sin embargo, viene en los últimos apartados, orientados a dar satisfacción a las necesidades generadas durante estos años y suplidas con el recurso a la contratación temporal, en las siguientes áreas:
    • O) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.
    • P) Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.
    • Q) Plazas de seguridad y emergencias.
    • R) Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio de transporte público.
    • S) Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.

En los restantes sectores no incluidos, la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.

Cálculo de la Tasa. Reconocimiento a los Indefinidos no Fijos.

Respecto al cálculo de la tasa de reposición, se mantiene la referencia “interanual” de su cálculo, estableciendo una casuística de las situaciones administrativas que computan a los efectos de la tasa. Lo más trascendente de esta parte del apartado 1 viene al final, cuando se definen las plazas excluidas del límite máximo, puesto que se añaden a las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial, en lo que supone el primer reconocimiento legislativo de esta figura, cuyo encaje presupuestario en estos años de restricciones había generado tantos calentamientos de cabeza.

 

Dicho reconocimiento supone igualmente la resolución de otra cuestión debatida, cual era la viabilidad del reconocimiento en vía administrativa de dicha condición, forzando –de forma ciertamente incomprensible en muchos de los casos donde la administración tendrá la certeza de su condena desde el primer momento- su declaración por vía judicial. Pero a esto se añade otro efecto, las administraciones ya no podrán excusar la provisión definitiva de los puestos en las restricciones presupuestarias, pues todas aquellas plazas que estén cubiertas por personal con esa condición declarada por Sentencia, podrán ser objeto de provisión definitiva sin afectar al cómputo general de la tasa.

 

Hasta aquí la primera parte de nuestra entrada, novedades muy sustanciales en lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero como en las buenas series de TV, estén atentos porque lo que vendrá en la segunda entrada les va a dejar con el culo pegado al asiento hasta el final. Mañana más.

CÓMPUTO DE PLAZOS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Dedicaré la presente entrada a explicar la regulación y el funcionamiento del cómputo de plazos en procedimientos administrativos, tema tradicionalmente controvertido y que ha generado no pocos disgustos a muchos administrados.

Por su especial conflictividad, dedicaré una especial atención al cómputo de los plazos establecidos por meses.

Encontramos la regulación actual del cómputo de plazos de los procedimientos administrativos en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El citado precepto contiene una regulación que puede calificarse de clara y sencilla, lo cual ya debe considerarse un logro reseñable a la vista de lo que el legislador suele ofrecer.

La regulación distingue el cómputo de los plazos señalados por horas, por días y finalmente por meses y años. Los explicaré todos.

Plazos señalados por horas: Aquí encontramos una de las novedades más importantes de la Ley 39/2015. Se introducen los plazos señalados en horas, lo que no tiene antecedentes en nuestro ordenamiento.

En estos casos, indica el precepto que cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. ¿Pero qué horas son hábiles y cuáles no lo son? La respuesta es sencilla: Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.

¿Y qué ocurre cuando la hora de inicio de cómputo de un plazo expresado por horas no es una hora en punto? También se responde a esta pregunta en el apartado primero del citado artículo 30. En tal caso, los plazos se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Importante señalar para finalizar que para evitar confusiones la norma obliga a que los plazos superiores a 24 horas se expresen en días.

Plazos expresados en días: Tal y como ocurrían en la anterior regulación, cuando los plazos se expresen en días se entenderán que son días hábiles.

Y en este punto encontramos otra novedad de gran alcance. Se elimina el sábado como día hábil: “(…)excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.”

Respecto a la forma de computar los plazos expresados en días, también se regula con claridad, pues se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

Plazos expresados en meses o años: El artículo 30.4 de la Ley 39/2015 establece respecto al cómputo de los plazos, lo siguiente:

“4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

  El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.”

Esta reciente regulación asume la posición establecida tradicional, clara y reiteradamente por la jurisprudencia. Efectivamente, son innumerables las resoluciones que se han pronunciado en el sentido de contar el plazo fijado en meses de fecha a fecha, tal como deriva del artículo 5 del Código Civil y el artículo 133.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Para ello el cómputo se inicia al día siguiente de la notificación o publicación del acto (como establecía el artículo 48.2 de la ya derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) y concluye el día correlativo a tal notificación o publicación en el mes de que se trata.

Es decir, que el plazo vence el día cuyo ordinal coincida con el que sirvió de punto de partida, que es el de notificación o publicación. Citaremos, por todas, la Sentencia del TS de 5 de julio de 2010, que remite a su vez a la Sentencia del TS de 21 de abril de 2004:

        “…el plazo comienza a contarse a partir del día siguiente de la notificación o publicación del acto, siendo la del vencimiento la del día correlativo mensual o anual al de la notificación o publicación.”

El juicio sobre la nueva regulación de los plazos por meses y años debe ser muy favorable, dado que acaba con la controversia y confusión existente con la normativa anterior. Entiendo que la aclaración expresa de que el plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento, introduce la claridad y por tanto la seguridad jurídica que exige un asunto de esta trascendencia.

En último término añadir que, tal y como ocurría con la regulación anterior, en caso de que cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

 

Ricardo Fernández Puche.

El dedo y la luna (III). Causas Generales.

En anteriores entradas de la serie, anunciábamos que la nuestra sería una posición crítica y analítica respecto a cómo se está desarrollando la lucha contra la corrupción, los vicios en el sistema de que ciertas prácticas son síntoma, las causas y las consecuencias de tales prácticas, desde una perspectiva, tanto estrictamente jurídica como, digamos, sociopolítica.

Las noticias que recientemente pueblan las portadas relacionadas con grandes escándalos de corrupción política, hacen casi arriesgada la posición del autor, cuando se pretende poner de manifiesto que ciertas prácticas en la lucha contra la corrupción, no son sino muestra de otras formas de corrupción del sistema que merecen atención, control y denuncia.

Cuando la crisis azota a nuestra sociedad, la mera posibilidad de la existencia de sobre(s)sueldos, cuentas suizas, fortunas familiares creadas al calor de lo público, indigna al ciudadano medio y le lleva a pedir (cada vez más literalmente) cabezas. Esta reacción, sin embargo, no deja de ser el último gran éxito de quienes, desde otros ámbitos, disfrutan con el sufrimiento del sistema, al permitir que triunfe entre la mayoría de los ciudadanos la idea de que la “fuerza” es la única solución para la corrección de los vicios, y que su ejercicio ilimitado está justificado en la persecución de “los malos”, obviando el hecho de que cualquier violación de derechos fundamentales, incluso aquella hecha en la supuesta persecución de un delito grave y frente a un peligroso delincuente, al final termina repercutiendo en los ciudadanos comunes.

Me he desviado en la introducción del tema de la entrada de hoy. Las causas generales. No hace mucho, con ocasión del cierre judicial mediante acuerdo de una de las citadas causas contra la corrupción (la llamada Operación “Pretoria”) uno de los principales motivos del escándalo general fue, además de la mera existencia del pacto, el hecho de que el mismo pusiera fin a una causa de 16 años de duración.

Algunas voces mediáticas señalaron las acciones dilatorias de las defensas de los imputados como principal causa del “beneficioso” acuerdo obtenido. Tengo el mismo conocimiento de la causa que, probablemente, quien hizo esa afirmación, pero sin pretender entrar en una posición corporativista de defensa de las tareas de defensa procesal, y de las artes dilatorias que algunos exhiben en sus actuaciones, vengo a poner el foco de atención sobre la otra esquina del ring, y sobre cómo ciertas actuaciones de las acusaciones (públicas pero sobre todo, privadas y políticas) así como ciertas prácticas instructoras, se convierten en las principales causantes de los escandalosos retrasos que tales causas sufren en muchas ocasiones.

Y es que el vicio, aunque suele dar la cara en momentos tardíos del proceso, a veces en el juicio o en la Sentencia, suele anclar su raíz en la misma fase inicial del proceso, y muchas veces, incluso en los preliminares a éste inicio. La LECr. dispone a la hora de regular el contenido de las Diligencias Penales, que, por regla general, corresponde una causa a la investigación y esclarecimiento de un hecho. Sin embargo, inmediatamente entran en juego las reglas de conexidad, y su siempre libre interpretación jurisdiccional. La jurisprudencia proscribe las causas generales, sin embargo, con inusitada frecuencia es práctica judicial el encadenamiento de hechos conexos en virtud de diferentes elementos objetivos de relación, pero sin que exista una verdadera unidad de acción o intención, que sería la que dotaría de lógica a la investigación conjunta de hechos diversos.

En mi práctica personal me he encontrado desde instrucciones que ante una denuncia subrayan un párrafo con un único hecho abren unas diligencias previas y devuelven el documento al decanato para que turne a otro juzgado el resto, hasta aquellos que, a la vista de una denuncia imprecisa en la que se van acumulando de forma inconexa hechos distintos cometidos por personas distintas durante varios años, acceden a formar una causa general con la excusa de que los hechos guardan relación al Ayuntamiento de “X” o al político “Y”.

El resultado de la disyuntiva entre las dos conductas instructoras antes descritas se lo puede imaginar el lector, el instructor estricto en la fase de admisión e inicio concluyó la investigación en un plazo razonable, y a la fecha se está esperando el juicio. Cualquier posible “acción dilatoria” de las defensas (o de las acusaciones que no siempre interesa un juicio rápido sino que este salte cuando más convenga) ha chocado con lo estricto del alcance de las diligencias previas, y la configuración de las instrucciones en éste ámbito (la mayor parte de los casos de “corrupción”) frente al sumario, como una fase rápida que concluye tan pronto existen indicios frente a un sujeto de la comisión de un hechos delictivo, desplazando la verdadera prueba a la fase de enjuiciamiento.

En el otro caso,  las causas abiertas de forma ilimitada, y con vocación universal, se ven siempre abocadas a instrucciones complejas, tediosas, incomprensibles, en las que un buen abogado defensor se mueve como pez en el agua, en la medida en la que la complejidad (no del hecho, sino de la causa, que es bien distinto) lleva muchas veces a la mala tramitación y a la comisión de errores que, además en algunos casos son fatales para las instrucciones, y que terminan llevándolas a caminos sin otra salida que la nulidad de actuaciones. El final de tales instrucciones son los llamados macrojuicios en los que, además de violentarse el derecho de defensa por tener que ejercerse en muchas ocasiones defensas frente a acusaciones indefinidas y amplias, se dificulta igualmente el correcto ejercicio de la acusación y en última instancia el de enjuiciamiento, facilitando el dictado de sentencias condicionadas más por la entidad o dimensiones de la causa que por el recto conocimiento y comprensión de los hechos por el juzgador (humanamente imposible en muchos casos), y en todos los casos, con independencia de la justicia material que por esa vía se logre, con el reconocimiento a los condenados de sensibles reducciones de pena a causa de las dilaciones indebidas.

Pocos cambios introduce en la situación el plazo legal de 6 meses de instrucción, el mayor “brindis al sol” de la historia legislativa español.

 

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LA TASACIÓN DE COSTAS: LA INCLUSIÓN DEL IVA. EL CODEMANDADO.

 

 1.- EL IVA EN LA TASACIÓN DE COSTAS.  2.- EL CODEMANDADO Y SU INCLUSIÓN EN LAS COSTAS PROCESALES.

Dedicaré esta entrada a analizar dos cuestiones relacionadas con la tasación de las costas procesales.

La primera de ellas tiene que ver con la procedencia de incluir el Impuesto del Valor Añadido en los honorarios del letrado y en los derechos y suplidos del procurador cuando se practica la tasación de costas pertinente.

En segundo lugar abordaré el debate sobre la procedencia de la tasación de costas a favor del codemandado en la jurisdicción contencioso administrativa, cuestión que como veremos, requiere un estudio del caso concreto.

 

EL IVA EN LA TASACIÓN DE COSTAS.

 

A los letrados que lean estas líneas les será familiar la situación de impugnación por indebida la partida correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluida en la tasación de costas. Ya sea a favor o en contra, es una discusión recurrente en nuestros juzgados y tribunales de justicia.

La impugnación de la inclusión de la partida del IVA se ha efectuado tradicionalmente sin un apoyo normativo concreto, sobre la base de doctrina de la Sala Tercera del T. Supremo. Por ejemplo, la Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección6ª) de 18 julio 2000.

Efectivamente el histórico silencio de las distintas normales procesales aplicables ha generado un continuo debate sobre la inclusión del IVA en la tasación de costas, y ha sido una cuestión tradicionalmente discutida y objeto de diferentes pronunciamientos judiciales de distinto signo, y de posiciones contrarias incluso entre órdenes jurisdiccionales. Podríamos citar numerosas resoluciones en ambos sentidos.

La situación llegó a tal extremo, que mientras la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo venía pronunciándose con relativa contundencia en contra de la inclusión del impuesto, la Sala de lo Civil del mismo Tribunal Supremo, se mostraba favorable a su inclusión. Increíble pero cierto.

Sin embargo, en mi opinión, dicho debate debe ser hoy día una cuestión resuelta a la vista de que actualmente sí existe un pronunciamiento normativo expreso y claro favorable a la inclusión del impuesto, que despeja cualquier duda y hace innecesaria toda interpretación.

Efectivamente se trata del apartado segundo, in fine, del artículo 243 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo tenor literal es el siguiente:

En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula. No se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394.”

En cualquier caso, la experiencia en debates y polémicas jurídicas pasadas nos aconseja ser prudentes, de modo que a pesar de la claridad y contundencia del precepto de la LEC, y de su aplicación subsidiaria en el resto de órdenes jurisdiccionales, no es descartable que la controversia perdure al menos un tiempo.

 

LA PARTE CODEMANDADA EN LA TASACIÓN DE COSTAS

 

Del mismo modo que ocurre con la inclusión de la partida del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la jurisdicción Contencioso-Administrativa podemos enfrentarnos a una impugnación de la parte actora de la tasación de costas practicada en aquellos supuestos en los que hayamos ostentado la condición de codemandado.

El artículo 21 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa dispone respecto de la parte demandada, lo siguiente:

  1. Se considera parte demandada:
  2. a) Las Administraciones públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el art. 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.

 

  1. b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
  2. c) Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.”

La regulación en materia de costas la encontramos en el artículo 139 del mencionado texto legal, y como veremos, dicho precepto no distingue entre parte demandada y codemandada, ni introduce limitación alguno en este sentido.

La ausencia de regulación expresa en la normativa actual hace necesario acudir a la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo en la materia, que obliga a enjuiciar caso por caso y a distinguir aquellos supuestos en el que se actúa como codemandado como mero titular de un interés (como un mero coadyuvante de la Administración demandada), de aquellos supuestos en los que se comparece como titular de derechos derivados del acto impugnado.

En el primer caso, al no haber sido traído al pleito por el demandante la condición de parte codemandada que no es titular de un derecho afectado por el acto impugnado no es suficiente para cargar a la parte actora con sus costas procesales.

Esta peculiar aunque muy relevante distinción se trata de explicar entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 12 marzo 2002 o en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 8 de marzo de 2005. Reproduzco por su interés, algunos pasajes de ésta última:

“Invoca en defensa de esa postura la Sentencia de esta Sala y Sección de veintisiete de marzo de dos mil, que, si bien referida a la figura del coadyuvante, es de perfecta aplicación al supuesto, en tanto que la posición del coadyuvante hoy se puede trasladar sin género de duda a la de la parte demandada que defiende un interés legítimo junto a la Administración demandada(…)

La cuestión planteada se reduce, pues, a determinar si el Ayuntamiento de Valencia, aun siendo indiscutible su condición de codemandado, ha comparecido como interviniente adhesivo en función de la titularidad de un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado o lo ha hecho como consecuencia de la titularidad de derechos directamente afectados por su eventual anulación, pues sólo en esta última hipótesis deben incluirse en la condena en costas las causadas a su instancia.

Para resolver esta cuestión debe partirse de que la afectación de los derechos de la entidad local interesada resulta de que dicha entidad ostentó la condición de Administración expropiante. Ello determina que deba considerarse al Ayuntamiento de Valencia no como mero titular de un interés, sino de derechos derivados del acto impugnado, por lo que debemos desestimar la argumentación en que, en este punto, se sustenta la impugnación”.

En consonancia con lo expuesto por el Tribunal Supremo, a los efectos que nos ocupan en cada caso debe determinarse si la intervención del codemandado es la propia de un interviniente adhesivo en función de un interés legítimo más o menos directo e intenso, o por el contrario se ha comparecido al verse afectados directamente actos, resoluciones y/o derechos de su titularidad.

Como resulta fácil de concluir, lo expuesto anteriormente está muy alejado de la mínima seguridad jurídica que sería deseable en una cuestión tan común como la imposición de las costas. No parece muy recomendable obligar a las partes a introducir dicha discusión caso por caso en los que la actora ha sido condenada al abono de las costas procesales y existe un codemandado. Sobre todo respecto a conceptos jurídicos tan cercanos como el interés legítimo y la titularidad de derechos.

 

Ricardo Fernández Puche.

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RECLAMAR LA PLUSVALÍA AL AYUNTAMIENTO

RECLAMAR LA PLUSVALÍA AL AYUNTAMIENTO

 

                                               Reclamar la plusvalía, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, pagada al Ayuntamiento. Dicha pretensión, junto con la reclamación del importe abonado al banco por las cláusulas suelo así como los gastos de constitución de las mismas, son las más habituales y las más comentadas en los últimos tiempos.

                                           ¿Puedo reclamar la plusvalía abonada? ¿Es legal que el Ayuntamiento lo siga cobrando? ¿Desde cuándo puedo reclamar?. Son las preguntas que, como especialista en derecho administrativo, me plantean a diario. Este artículo pretende dar respuesta al lector a algunas de esas dudas, con la inocente esperanza, además, de no tener que continuar resolviéndolas a diario…….

LA SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL

                                                En primer lugar conviene recordar que todo este embrollo de la reclamación de las plusvalías abonadas a los Ayuntamientos renació desde que el Tribunal Constitucional dictase la Sentencia de 16 de febrero de 2017.

                                          El Tribunal ha  declarado inconstituciona  la vigente regulación de la normativa forla del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como impuesto a la plusvalía, al considerar que no es expresiva de la capacidad económica del contribuyente, tal como exige la Constitución.         

                                    

                                                  Pero mucha atención porque llegado este punto hay que aclarar un extremo crucial: el TC limita la decisión a la normativa foral, porque la el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de ámbito nacional, no se aplicaba al caso planteado por el tribunal.

                                               Aunque es cierto que esa regulación es una copia de los artículos 104 y 107 de la Ley de Haciendas Locales, por lo que el pronunciamiento obligará a modificar la normativa estatal y no sólo la vasca, lo cierto es que esa modificación todavía no se ha producido a día de hoy.

LA EXPLICACIÓN DE LA ANULACIÓN

                                           La explicación del TC es contundente:

“al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE.”

                                            El TC finaliza la cuestión concluyendo que:

“cuando no exista tal incremento de valor, no nacería la obligación tributaria del impuesto, por inexistencia de hecho imponible”.  “porque, al haberse establecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento”.

EFECTOS Y CONCLUSIÓN

                                        En Navarra la cuestión no plantea absolutamente ninguna duda: El artículo 39 de la Constitución Española impone el efecto inmediato de la sentencia frente a todos desde su publicación, por lo que en ningún caso ningún Ayuntamiento ubicado dentro de la comunidad navarra podrá aplicar el impuesto si no existe incremento de valor. De hecho mi recomendación es que los contribuyentes que estén en el supuesto de hecho descrito en la Sentencia (pérdida patrimonial con la transmisión) efectúen directamente una autoliquidación citando la resolución judicial y justificando que no se ha producido incremento de valor. Como siempre, recomiendo acudir a un especialista en derecho administrativo para que nos asesore en detalle.

                                        El problema, de momento, surge en el resto de España. La solución más sencilla y adecuada para el caso es que el legislador adopte una rápida respuesta y modifique de inmediato el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aplicable en la generalidad del territorio nacional. No es de recibo obligar a los contribuyentes a esperar a que se produzca un pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional sobre esa norma cuando es obvio que la ratio decidendi de la sentencia, el motivo o la razón del pronunciamiento, que es la necesidad de que exista un incremento real del valor para que se pueda aplicar el impuesto, es claramente aplicable a las normas de la LHL.

                                          Tampoco puede dejarse esto en manos de los Ayuntamientos, como parece que está ocurriendo hasta la fecha. ¿Cómo va a pedirse a una Administración que no aplique una normativa vigente? ¿Qué motivo puede tener un empleado público decidir por sí mismo no liquidar como venía haciendo el impuesto antes de tener una Sentencia aplicable en su territorio?.

                                     Lo pernicioso de la situación es que lógicamente el contribuyente no quiere que nadie le explique, ni tiene por qué entenderlo, que un Ayuntamiento no legislar ni tiene potestad ni competencia para modificar una norma con rango de ley ni tampoco puede dejar de aplicarla sin más.

                                        Por tanto, hasta que no se produzca la modificación legislativa en el parlamento nacional, o no exista un pronunciamiento del TC respecto al TRLHL, mi opinión es que el camino para los contribuyentes será el siguiente: Reclamación al Ayuntamiento, desestimación municipal con el consiguiente enfado del interesado, y obligatorio ejercicio de acciones judiciales. Triste pero cierto.

Ricardo Fernández Puche

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LA ACUSACIÓN POPULAR Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La acusación popular.

El artículo 125 de la Constitución Española, incluido en el Título VI, denominado “Del Poder Judicial”, dispone lo siguiente en relación con la acusación popular:

“Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.”

Debe saber el lector que esta acción popular no es una excepción en el derecho comparado. Se trata, así pues, de una particularidad de la Justicia penal española.

La acusación popular permite que participe en el proceso penal cualquier persona física o jurídica, sin necesidad de ser perjudicado por el delito ni ofendido. No es preciso invocar un interés legítimo de ningún tipo en la causa, sino que se comparece “en defensa de la legalidad”.

Como decía, están legitimados para concurrir como acción popular todos los ciudadanos españoles (aunque no los extranjeros), las personas jurídicas, y también el Ministerio Fiscal (tal y como prevén los artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

De acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque no se encuentra bajo la rúbrica de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, la acción popular sí se configura como un derecho que puede ser objeto de amparo constitucional conforme por tratarse de una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE.

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Los partidos políticos.

Uno de los actores que más habitualmente ejercen la acusación popular en nuestro país son los partidos políticos.

En estos casos, lo que en principio puede resultar una actividad beneficiosa para el interés público (colaborar con el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares en la investigación y persecución de ilícitos penales), a menudo presenta lo que podríamos denominar, benévolamente “conflicto de intereses”.

Y ello, porque los partidos políticos tienen como obvia y legítima aspiración alcanzar el poder para aplicar sus programas de gobierno, para lo cual es evidente que el desgaste del adversario político es una práctica habitual.

Ocurre que como es evidente el interés público en un proceso penal (la investigación y esclarecimiento de posibles delitos), puede no coincidir precisamente con los legítimos y muy respetables intereses políticos de aquellos partidos políticos que ejercen la acusación popular.

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El problema.

Este hecho se ve agravado en aquellos casos, habituales en la actualidad, en los que la representación letrada de los partidos políticos que ejercen las acusaciones populares está a cargo de abogados que forman parte de la dirección de aquellos partidos. Pensemos por ejemplo en el conflicto de intereses evidente que surge para un letrado que representa a un partido político como acusación popular en una causa penal, pero simultáneamente es un dirigente de aquel partido. No parece descabellado intuir alguna situación en la que el interés del partido consista en la prolongación, ampliación, difusión y/o exageración de la entidad de la causa penal, y el interés público aconseje caminar en la dirección opuesta, esto es, hacia el archivo del caso.

Pues bien, por desgracia esta perversa situación acontece a diario en nuestros Juzgados y Tribunales. Les insto a verificarlo.

Me parece obvio que la solución no pasa exclusivamente por separar la figura del dirigente político de la del abogado del partido que ejerce la acusación popular. Aunque debería ser una pauta de conducta obligatoria, opino que se trata más de un parche que una solución a largo plazo. Porque como habrá intuido el lector, no hace falta ser dirigente de un partido político para conocer los intereses del mismo en una causa.

Hace unos meses, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, manifestó que los partidos políticos no deberían ejercer la acusación popular en las causas porque contribuye a “politizar” la Justicia. Aclaraba Lesmes que a su modo de ver, los partidos usan la información del proceso y la propia acción “no para buscar la verdad y hacer justicia, sino para desgastar al adversario”.

En atención todo lo expuesto entiendo que ha llegado el momento de rediseñar la figura de la acusación popular limitando su utilización a aquellos que, en puridad, anhelen colaborar con el interés público. Coincido en definitiva con las manifestaciones anteriormente reproducidas: los políticos no deberían ejercer la acusación popular. No está en su naturaleza y demasiado a menudo distorsionan el funcionamiento de esta figura.

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EXPLOTACIONES PÚBLICAS DEFICITARIAS

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En los últimos tiempos se suceden las noticias sobre infraestructuras y servicios públicos cuyo mantenimiento o explotación resulta claramente deficitaria. Se trata de aparcamientos públicos, pabellones, autopistas, piscinas y/o cualquier otro tipo de infraestructuras públicas que podamos imaginar que, ya sea por la crisis económica que ha azotado nuestro país, ya sea por su propia naturaleza deficitaria, sencillamente no resultan rentables.

En algunas ocasiones estas infraestructuras acaban siendo abandonadas por los concesionarios y contratistas encargados de su gestión y explotación, y terminan revirtiendo en la Administración. Sin ir más lejos acabamos de conocer que el Ministerio de Fomento ya reconoce abiertamente que el Estado se quedará finalmente con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación, se alcance o no acuerdo con los bancos acreedores de las vías, que soportan una deuda aproximada de unos 3.400 millones de euros. Nada menos.

Parece obvio que, en principio, no resulta deseable la proyección y ejecución de infraestructuras cuya explotación no atiende a criterios de rentabilidad económica. Sin embargo, no debemos olvidar que el objetivo superior del funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas no es tanto su rentabilidad (que resulta en realidad una garantía de supervivencia), como la consecución del interés público. Y ese interés público puede traducirse en ocasiones en la implantación de un servicio o infraestructura reconocida y abiertamente deficitaria.

Atendido lo anterior, he considerado interesante hacer un breve repaso normativo que nos permita determinar si la construcción y gestión este tipo de explotaciones naturalmente deficitarias está permitida, prevista, amparada o regulada de cualquier modo en nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de la Administración Local. Y más aún, en estas breves líneas, y de forma resumida, pretendo responder a la pregunta de si resulta legalmente admisible el funcionamiento de estas explotaciones mediante el otorgamiento de una subvención pública de la Administración titular de la misma. Y la respuesta, para sorpresa de algunos, es claramente afirmativa.

En primer lugar es obligado citar el artículo 129.4 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que dispone lo siguiente:

–        “Si como forma de retribución, total o parcial, se acordare el otorgamiento de subvención, ésta no podrá revestir la forma de garantía de rendimiento mínimo ni cualquier otra modalidad susceptible de estimular el aumento de gastos de explotación y, en general, una gestión económica deficiente por el concesionario y el traslado de las resultas de la misma a la Entidad concedente.”

También resulta interesante para el supuesto que nos ocupa lo dispuesto en el artículo 127.2.2.b) del citado RSCL que permite la revisión de las tarifas, e incluso la subvención por parte de la Administración al concesionario, cuando, aun sin mediar modificaciones del servicio, surjan circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que determinen, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión:

  1. b) Revisará las tarifas y subvención cuando, aun sin mediar modificaciones en el servicio , circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión.

Así mismo, en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público encontramos una previsión y un sustento jurídico no sólo para la existencia de explotaciones natural y originariamente deficitarias, sino también para la existencia de subvención por parte de la Administración titular de la misma. Acudimos en este caso al artículo 281.1 del citado texto legal, que detalla lo siguiente:

  1. El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración.

Lo anterior supone, por tanto, que nuestro ordenamiento jurídico no sólo permite sino que contempla con absoluta normalidad que la contraprestación del concesionario sea sólo el precio satisfecho por el usuario del servicio, sólo un precio contractual abonado por la Administración concedente, o bien una combinación de ambos, un sistema mixto, cuando el precio de los usuarios es “subvencionado” por la Administración.

Lo anteriormente expuesto no supone que el concesionario no asuma ningún riesgo operacional. Al contrario. Si algo debe caracterizar estos contratos es que el “riesgo y ventura” corresponde al contratista. Pero ello no impide que si la Administración conoce que los gastos de la explotación resultan superiores a los ingresos, pueda establecer una subvención al déficit de la explotación. Porque lo que señala, por ejemplo, el citado artículo 129 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales es lo siguiente: “En todo caso, la retribución prevista para el concesionario deberá ser calculada de modo que permita, mediante una buena y ordenada administración, amortizar durante el plazo de la concesión el costo de establecimiento del servicio y cubrir los gastos de explotación y un margen normal de beneficio industrial”.

Este tipo de supuestos, la Administración titular del servicio o la infraestructura, para calcular la retribución del concesionario incluirá en su “ecuación” no sólo el costo del establecimiento del servicio, los gastos y los ingresos, sino que además podrá utilizar la figura de la subvención para alcanzar el margen normal del beneficio industrial. ¿Dónde se sitúa entonces el riesgo y ventura empresarial en estos casos? Pues en el cumplimiento, mejora o empeoramiento de los estos resultados previstos por la Administración licitadora.

Las cinco novedades más importantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

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Para todos los profesionales del Derecho que trabajamos habitualmente en el ámbito del derecho administrativo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha sido el texto legal de referencia.

Nada menos que veintitrés años después de su aprobación, la Ley 30/1.992 deja paso a dos nuevos textos legales, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

En la presente entrada centraré mi atención en la Ley 39/2015, ya pretendo destacar las que son, a mi juicio, las cinco principales novedades que ofrece el mencionado texto legal que entró en vigor el pasado 2 de octubre de 2016.

Según explicaré a continuación, sin duda la medida estrella de la nueva ley es la integración en el procedimiento administrativo de la tramitación electrónica, y todas las exigencias, novedades y modificaciones que exige la consecución de este objetivo. Además de ello, opino que el legislador ha tenido como aspiración fundamental la simplificación de trámites administrativos, así como la clarificación del procedimiento y sus incidencias.

 

Sin más, a continuación os detallo las cinco novedades que a mi juicio, resultan de mayor calado:

1.- Los medios electrónicos y el procedimiento administrativo:

El artículo 14 de la Ley 39/2015 resulta esencial para entender el nuevo paradigma de las relaciones entre Administración y administrados. Su apartado primero dice así:

Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

El apartado primero del artículo 14 introduce el concepto de obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con las AAPP, pero es el apartado segundo el que concreta quienes son aquellos que, necesariamente, deberán utilizar este cauce. Son los siguientes:

“a) Las personas jurídicas.

  1. b) Las entidades sin personalidad jurídica.
  2. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.”
  3. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
  4. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.”

Por tanto, a partir del 2 de octubre, sólo las personas físicas (que no reúnan ninguna de las condiciones que obligan a relacionarse por medios electrónicos con la Administración), podrán elegir la forma de comunicación con las AAPP.

 

 

2.-La práctica de las notificaciones.

Esta novedad está directamente relacionada con la anterior, y así mismo con inequívoca voluntad del legislador de dar preferencia a la vía electrónica en el funcionamiento ordinario de la Administración.

El artículo 41.1 ilustra perfectamente lo anterior: 1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

Así pues, los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración recibirán las notificaciones por vía electrónica, en todo caso. Respecto a cómo se llevará a cabo dicha notificación electrónica, hemos de acudir al artículo 43 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que nos indica que las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u organismo.

La comparecencia en la sede electrónica entiendo que se refiere al acceso por el administrado al contenido de la notificación en la propia página web, sede electrónica o plataforma habilitada por la Administración u organismo actuante.

La segunda opción, es la dirección electrónica habilitada única consiste, en esencia, en disponer de una dirección electrónica propia en la que el administrado podrá recibir todas las notificaciones: https://notificaciones.060.es/PCPublic_publicInfo.action

A este respecto es importante tener en cuenta que las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Así mismo, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Todo lo anteriormente detallado no será obligatorio para las personas físicas, que podrán optar libremente por la comunicación electrónica o no.     Además, la Ley 39/2015 regula dos supuestos en los que necesariamente la notificación se podrá practicar por medios no electrónicos:

– Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o de su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

– Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

Y otros dos supuestos en los que en ningún caso se practicará de forma electrónica:

– Aquellas en las que el acto que haya que notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

– Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

Finalmente, respecto a las notificaciones en papel, destacaré como principal novedad la consistente en que en caso de no hallarse presente el interesado en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

Interesante también es la previsión de que con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que este haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única.

3.- Eliminación de la reclamación administrativa previa.

 Esta novedad no exige mayor explicación. Se trata simplemente de la, a mi juicio acertada, eliminación de este poco útil requisito que obligaba al administrado a formular una reclamación previa en vía administrativa antes de ejercitar acciones de naturaleza civil o laboral contra la Administración.

 

4.- Ejecutividad de las resoluciones sancionadoras.

 El artículo 90.3 y el apartado b) del artículo 98 de la Ley 39/2015 introducen una importante y sorprendente novedad, al menos para mí:

 “Artículo. 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores.

  1. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva (…)”

  Artículo 98 b):

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que:

“Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición”.

 Por tanto, en el caso de las resoluciones administrativas de naturaleza sancionadora, las mismas no serán inmediatamente ejecutivas. La resolución no será ejecutiva hasta tanto no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. Toda una novedad.

 

 

5.- Eliminación del plazo para recurrir contra el silencio administrativo.

Se trata de otra novedad de mucho alcance, y con influencia inmediata en la práctica profesional de los abogados.

La novedad es que desaparece el plazo para presentar un recurso administrativo ordinario (alzada o reposición), contra los actos presuntos o que se producen por silencio administrativo.

Estos actos presuntos serán recurribles en cualquier momento desde que se produzca el silencio.

Mi opinión es que este cambio legislativo tiene como base la obligación de la Administración de resolver todos y cada uno de los procedimientos administrativos. El silencio administrativo es en puridad, una “ficción” jurídica, cuyo sentido es únicamente permitir al administrado recurrir contra la decisión presunta, o entender reconocido un derecho a la vista de la falta de cumplimiento de la Administración de su obligación de resolver expresamente. Pero esta ficción no sustituye al acto administrativo expreso, ni dispensa a la Administración de su obligación de resolver. Por tanto, entiendo que dado que en realidad el silencio no produce un acto administrativo, el legislador no ha querido limitar temporalmente la presentación de un recurso administrativo.

Contra la “indefensión” que podría argumentarse contra esa facultad de recurso sine die la Administración tiene un remedio muy sencillo: dictar un acto administrativo expreso.

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Manos limpias, mentes sucias.

La causa abierta a buena parte del equipo directivo de Manos Limpias, relacionada con posibles prácticas de extorsión vinculadas a sus denuncias y querellas, fuerza una necesaria reflexión.

¿En qué medida éste país deja la justicia criminal en manos -directas o indirectas- de personas, entidades o grupos de presión que persiguen fines propios -ilegítimos o legítimos- ajenos a los que son propios de esa jurisdicción?

La confirmación de las prácticas de extorsión que se describen en las noticias publicadas sería la máxima expresión de algo de lo que muchos abogados defensores hemos sido testigo en causas penales con acusaciones privadas relacionadas con funcionarios y autoridades. Causas en las que el hecho investigado pierde relevancia frente a la persona investigada y donde se ve a las claras que el único objetivo del ejercicio acusatorio es lograr que la acusación se sostenga en el tiempo hasta que, por el camino, se alcanza -normalmente fuera de la causa y en otro ámbito jurídico, político o social- un determinado objetivo; momento, en el que la acusación pasa a ser meramente testimonial o, directamente, es renunciada.

El peligro, sin embargo, no reside tanto en las prácticas procesales que de dicha conducta “profesional” se derivan -que un correcto ejercicio de la defensa puede neutralizar- sino en el riesgo, tantas veces verificado, de que esas acusaciones interesadas, con sus posicionamientos en las causas y su habitualmente intensa acción pública de comunicación, acaben influyendo en el ejercicio de las funciones públicas de acusación y enjuiciamiento, influyendo en su ejercicio y afectando al sentido de sus decisiones.

El mayor riesgo de tales conductas se verifica cuando las posiciones (jurídicas o técnicas) de esas acusaciones, sólo interesadas en obtener determinado rédito extrapenal de la causa, y que por lo tanto, tienden a utilizar los argumentos más maximalistas y las interpretaciones contra reo más restrictivas o perjudiciales, acaban siendo interiorizados por Jueces o Fiscales como normal o acertado, normalmente tras una esmerada labor de fijación de convicciones públicas al respecto de la cuestión.

El caso “manos limpias” debería servir de aviso para los operadores públicos de la justicia criminal, llevándoles a adoptar posiciones críticas y escépticas ante los planteamientos de los grupos de interés situados detrás de ciertas acciones penales pues, como en el caso “Manos Limpias” estamos viendo, abandonando esa actitud, se corre el riesgo de convertir a la Justicia en una herramienta al servicio de intereses que no son los generales, o en los casos más graves, en cooperadora inconsciente pero necesaria a la comisión de graves delitos.