La Reducción del Gasto Corriente en los Ayuntamientos

Los  nuevos gobiernos de los Ayuntamientos que se constituyeron el pasado sábado día 11 van a afrontar distintos escenarios dónde el denominador común es la precariedad de las cuentas públicas. Ante este panorama, a nuestros Alcaldes no les queda otra opción que minimizar el consumo de los recursos públicos manteniendo el mismo nivel de servicio e incluso reducir algunos de carácter superfluo o no esencial. Cómo última opción barajan  la posibilidad  de prescindir de algunos empleos de carácter temporal o indefinido bien extinguiendo el contrato a su término o procediendo al despido por causas objetivas.

Antes de plantearse un Plan de Empleo (ERE del sector público) nuestros dirigentes locales deben ser conscientes de que existen multitud de medidas de fácil ejecución para reducir el gasto corriente.

Lo primero es cuestionarse la idoneidad o interés social de la prestación de ciertos servicios que consumen una parte importante de recursos públicos y que apenas son valorados por la ciudadanía (ciertos talleres, cursos, eventos, espacios infrautilizados, etc.) o que están sobredimensionados (guarderías, auditorios,…) o que son más costosos (móvil vs fijo; fijo vs e-mail)

Lo siguiente sería buscar la minimización del coste de los servicios a través de la búsqueda de proveedores alternativos,eficientes procedimientos de contratación o centralización de las compras.

Vamos a detallar una serie de medidas específicas que se puedan adoptar en el corto y medio plazo:

  1. Eliminar aquellos servicios de bajo valor añadido para el ciudadano y alto coste para el Ayuntamiento.
  2. Externalización de aquellos servicios que no sean prestados eficientemente (mantenimiento y limpieza de edificios; parques y jardines, etc.)
  3. Reducción de la frecuencia y simplificación de los servicios en la medida que la utilidad del ciudadano no se vea reducida de manera ostensible.
  4. Renegociación del coste de los suministros (energía, consumibles…) y comunicaciones: nuevas tarifas o nuevos proveedores.
  5. Utilización de herramientas sustitutivas de menor coste (mail por teléfono, fijo por móvil, pdf en pantalla por papel, reciclaje: papel usado, tóner clónico…)
  6. Centralización y control de las compras. Central de compras: compra conjunta con otras entidades públicas para obtener un menor precio.
  7. Renting de equipos ofimáticos y elementos de transporte.
  8. Disminución del consumo de agua: instalación de reguladores de presión.
  9. Disminución del consumo de energía eléctrica:
  • Disminución del consumo en calefacción y ventilación mediante el correcto aislamiento (cortinas, toldos, limitación del uso aire acondicionado…)
  • Uso de luz natural frente artificial. Instalación de detectores de presencia en zonas de baja frecuencia de uso. Limitación de alumbrado público.

Incumplimiento del Urbanizador.

Planeamiento Urbanístico

 

 

Desafortunadamente, en ocasiones los Ayuntamientos se enfrentan a una falta de cumplimiento de las obligaciones del agente urbanizador. Cuando este incumplimiento es grave y sostenido en el tiempo, los perjuicios que sufren la Administración, los propietarios incluidos en el ámbito, los ciudadanos del municipio afectado, y en general el interés público, pueden ser de enormes proporciones.

El urbanizador, sea una persona física o jurídica, una junta de compensación o la propia Administración, ha asumido al constituirse como tal la obligación de proceder a la urbanización de un determinado ámbito de actuación. Efectivamente el urbanizador se ha comprometido a transformar el suelo urbanizable en suelo urbano, dotándolo de los servicios necesarios para ello a través de la ejecución de unas obras aprobadas previamente por la Administración y contenidas en un proyecto de urbanización. Y como es obvio, se ha comprometido a hacerlo en unas determinadas condiciones técnicas y en un plazo máximo.

La respuesta de la Administración ante un incumplimiento de naturaleza grave del agente urbanizador puede articularse, esencialmente, en los siguientes planos.

• Retirada de la condición de urbanizador. El incumplimiento grave de los términos en los que el urbanizador se comprometió a ejecutar la actuación habilita al Ayuntamiento para retirarle su condición de urbanizador:
En primer lugar, porque las propias legislaciones urbanísticas autonómicas recogen con mayor o menor detalle esta posibilidad. Véase por ejemplo el artículo 190 del TRLSRM: “En caso de incumplimiento de los plazos señalados en el Programa de Actuación, si el mismo se debe a causas no imputables al urbanizador, el Ayuntamiento le concederá una prórroga de duración no superior al plazo incumplido. Si la prórroga no se concede o, si transcurrida, se mantiene el incumplimiento, el Ayuntamiento declarará la caducidad de la adjudicación. El RD 3288/1978, Reglamento de Gestión Urbanística estatal, aplicable en lo que no se oponga a las legislaciones autonómicas, también contempla esta solución.
En segundo lugar, porque como ha declarado el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones, a la relación entre Administración y agente urbanizador le resulta de aplicación la normativa estatal básica en materia de contratación.

Incautación del aval prestado por el urbanizador. Este aval se presta precisamente por el urbanizador para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, y por lo tanto debe ser incautado por la Administración.

Incoación de expediente sancionador. Las legislaciones autonómicas contemplan el supuesto que nos ocupa como infracción urbanística de modo que el Ayuntamiento, independientemente del resto de actuaciones, debe sancionar al urbanizador incumplidor, previa la tramitación del necesario expediente sancionador: Artículos 237.2 c) del TRLS de la Región de Murcia, 183.2 d) del TRLOTAU de Castilla la Mancha o 237.3 b) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Cambio en el sistema de actuación. Fracasada la ejecución de la actuación transformadora del suelo por el incumplimiento del urbanizador, la Administración debe contemplar necesariamente un nuevo escenario que permita la completa urbanización del ámbito. Ello supone en ocasiones el cambio en el sistema de actuación (ya sea para iniciar una actuación pública o para la utilización de otro sistema de iniciativa privada).

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El 19 de mayo entró en vigor el Reglamento de Gestión del TRLOTAU 1/2010.

El Decreto 29/2011, de 19 de Abril, aprueba el Reglamento de Actividad de Ejecución del TRLOTAU 1/2010, de 18 de mayo, que, aún separandose de la denominación historica de gestión,  desarrolla el TR , principalmente, en  materia de gestión urbanística y cubre el vacio normativo  – con los evidentes problemas de integración- del que venía adoleciendo Castilla- La Mancha.

Siendo evidente,  que un reglamento no puede introducir figuras de gestión o ejecución urbanizadora al margen de lo contemplado en el TRLOTAU, sin la previa modificación de la Ley – modificación que se agradecería al objeto de introducir sistemas de gestión privados o indirectos, que han dado un magnifico resultado en el derecho autonómico comparado- lo cierto es que llama poderosamente la atención que se mantengan figuras, como la cesión de los PAU,  al margen de los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público;  tras la existencia de numerosas sentencias que han declarado contrario a derecho tales practicas en el ambito de Comunidades Autonomas que disponían de una regulación como la que hoy se consolida en el artículo 99 del Decreto.

Texto de la norma

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La deuda del Estado y Las Comunidades Autónomas con los Ayuntamientos (II)

Como apuntábamos en la anterior entrada dedicada a la deuda del Estado y las CCAA con  los Ayuntamientos, existen mandatos constitucionales y legales pendientes de cumplir que prevén la autonomía financiera de las Entidades Locales  y su participación en los tributos de las Comunidades Autónomas. Es de esperar una modificación profunda de la Ley de Bases de Régimen Local y del TRLHL en lo tocante a la financiación Local. Los cambios demandados van en la dirección de garantizar la autonomía financiera de las Corporaciones Locales mediante un sistema de financiación con base en la participación de los tributos del Estado y  las CCAA, al margen de las subvenciones de carácter finalista que se regulan por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Para poner de manifiesto la importancia de nuestros Ayuntamientos en la prestación de servicios y la mínima valoración que sufren en términos de financiación, tenemos que advertir que sólo 13,56 euros de cada 100 que pagamos en impuestos lo hacemos a las Haciendas Locales, y una porción importante (11,4%) financia servicios que deben proveer las Comunidades Autónomas y que son provistos por nuestra Corporación Local. Estos gastos son los llamados impropios y abarcan áreas funcionales tales como la seguridad y protección civil, la cultura y otros servicios comunitarios y sociales. Otra parte del gasto se dedica a servicios que aún no siendo de obligada prestación para el municipio se han venido realizando sin mayor problema en época de bonanza económica a cuenta de los tributos relacionados con el  sector inmobiliario que es el que verdaderamente financiaba a través de los impuestos que gravan la actividad de la construcción y la posesión de inmuebles la mayoría de servicios impropios que prestan los Ayuntamientos, es decir aquellos servicios que son competencia de las Comunidades Autónomas, anteriormente mencionados.

Sobre los despidos colectivos a los que hacíamos mención en la entrada relacionada ya suenan “tambores de guerra” incluso antes de la convocatoria electoral.

En nuestra opinión esta es la última medida que se debería tomar y sólo en el caso de que fuera imposible de mantener con los recursos corrientes (no es posible el endeudamiento para financiar gastos corrientes) la plantilla actual después de haber emprendido una serie de medidas que detallaremos en nuestra próxima entrada.

En cuanto a la modificación del sistema de financiación habrá que estar atentos a  la profundidad del calado de las propuestas legislativas que se van a suceder presumiblemente a partir del próximo mes de Septiembre.

Las habilidades directivas en los pequeños-medianos municipios

Habilidades directivas

A los efectos del presente artículo, consideramos  pequeño-mediano municipio al que reúne alguna de las siguientes condiciones:

 

  • Municipios con población situada entre  5.000 y 50.000 habitantes.
  • Municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes cuyos puestos de trabajo a tiempo completo de la rama agraria no superen  el 20% del total.
  • Cualquier otro Municipio menor de 5.000 habitantes  con más de cuatro millones de recursos ordinarios de su presupuesto anual.
  • Agrupaciones y mancomunidades de Municipios que reúnan alguna de las características anteriormente señaladas.

 

 

Es difícil estimar con exactitud el número de Municipios que reúnen  alguna de las características anteriores, dada la inexistencia de datos  estadísticos consolidados y   fiables sobre los puestos de trabajo de la rama agraria y el volumen de los recursos ordinarios  de sus presupuestos. No obstante, de acuerdo con nuestra experiencia y del examen de numerosos datos e informaciones dispersas, podemos estimarlos en un número situado entre 1.400 y 1.600 Municipios, con una población aproximada de 17 a 17,5 millones de habitantes

 

Las habilidades directivas han de partir del análisis organizativo de los pequeños-medianos Municipios. La escasez de recursos personales, materiales y económicos conforman la función directiva, en estos Municipios, más como la función de resolver crisis que  la de planificar y prever. Esta tensión entre la  función de planificar y la realidad de las crisis permanentes exige también la polivalencia  de la función directiva. Se aleja de la realidad el mito del directivo local planificador y previsor, con un magnífico cuadro de control y todos los procesos de decisión normalizados. Al mismo tiempo, se precisa del directivo que, siendo capaz de vivir en el desequilibrio y  en la crisis cuasi permanente, es capaz  de dar un nuevo enfoque a  los problemas, y de reinventar las realidades que, por añejas, no pueden ser cambiadas fácilmente a pesar de su obsolescencia.

 

La cultura de los Ayuntamientos en general y, especialmente, en  los pequeños y medianos municipios, está marcada por tres grandes bloques de tensiones/contradicciones: la de los políticos electos con los técnicos; la de los políticos y técnicos con los vecinos y, finalmente, la de los políticos y técnicos con las normas jurídicas.

La tensión entre políticos y técnicos es permanente y puede ser beneficiosa para la institución y los ciudadanos. Con frecuencia los intereses de políticos electos y de técnicos son contradictorios. Nuestro sistema legal separa nítidamente el gobierno de la administración en todas las esferas de la Administración, con excepción de la Administración Local. En clara contradicción con los principios de separación de Gobierno y Administración, la Ley de Bases de Régimen Local señala que el Alcalde dirige el gobierno y la administración  municipal. La Administración Local es la única en la que todos los actos administrativos han de ser dictados por políticos electos. Estas peculiaridades, junto con la cercanía del nivel político al técnico en los pequeños-medianos Municipios, crea tensiones que son inevitables y con las cuales debe aprender a convivir cualquier directivo local. Los valores que defienden la institución son los que  sin  evitar la existencia de esta tensión, permiten una mejor  prestación de los servicios públicos.

 

La tensión entre políticos y técnicos con los vecinos. Los pequeños-medianos Municipios son la administración que está más próxima a los problemas y demandas de los ciudadanos. Esta inmediatez, y la transparencia que de ello se deriva, suponen un importante foco de tensión para políticos y técnicos. Los errores de los cargos electos y las deficiencias de los técnicos promueven con frecuencia  la necesidad de trasladar responsabilidades de unos a otros. Esto, que es inevitable, forma parte de los valores de la institución. Saber  integrar las contradicciones que ello produce y evitar que las mismas hagan imposible la convivencia, forma parte de los buenos valores  de la cultura de los pequeños-medianos Ayuntamientos.

 

La tensión de los políticos y técnicos con las normas jurídicas. El desarrollo de las normas legales municipales a partir de la Ley de Bases  de Régimen Local de 1985 ha permitido que la contradicción entre eficacia y  cumplimientos de las normas casi haya desaparecido. Hoy el valor que permite avanzar a la institución es el que promueve la  integración de la eficacia y el cumplimiento de la legalidad. La misión de los técnicos es la de fomentar esta integración, sabiendo que todo lo que es razonable es legal, sin perjuicio de las posibles rémoras que los necesarios controles  de los procedimientos administrativos imponen. La mayor parte de la ocasiones, no es la norma la que impide una actuación razonable. Al contrario, es la deficiente capacitación técnica y legal de los responsables administrativos, o, en su caso, las injustificadas  pretensiones del gobierno local, las que suscitan la aparente contradicción.

Ley 10/2011, de 21 de marzo, de Castilla-La Mancha, de modificacion de la Ley de Entidades Locales

 La Ley 10/2011, de 21, de marzo, modifica la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha.

La modificación incide de forma notable en  la estructura, modo de reparto y destino del Fondo Regional de Cooperación Local. Se suprime el porcentaje de destino de los fondos en atención a la población y esfuerzo fiscal de los municipios, se incrementan la cuantía del  Fondo destinado a Mancomunidades y  de reserva a actuaciones urgentes e incidencias imprevistas y se contempla la posibilidad -excepcional- de destinar el Fondo a financiar obligaciones corrientes en servicios de competencia local. 

Texto de la Ley

Sentencia TC declarando inconstitucional el artículo 51 del Estatuto de Andalucía

El Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 16 de marzo de 2011 declara inconstitucional el artículo 51 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía que atribuía  competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma.

Texto de la Sentencia

Modificación de la Ley 8/2010 de 23 de junio de Régimen Local de la Comunidad Valenciana

Publicada en el BOE de fecha 25 de abril de 2011, breve reforma de la recientemente aprobada Ley 8/2010 de 23 de junio Ley de régimen local de la Comunidad Valenciana. La modificación afecta únicamente a los arts. 86.3 y 104.2 de la Ley y viene orientada a solucionar las discrepancias con la Administración del Estado Estado derivadas de la redacción original de dichos preceptos. 

Siga el enlace para ver el texto de la modificación.

La deuda del Estado y las Comunidades Autónomas con los Ayuntamientos (I)

 

¿Qué va a ocurrir tras las elecciones locales y autonómicas del 22 de Mayo?

¿Podemos hacer predicciones de cuáles son los recortes presupuestarios que van a acometer las corporaciones entrantes en los próximos presupuestos?

¿Tienen verosimilitud las afirmaciones que auguran despidos colectivos de empleados públicos (sobretodo laborales “indefinidos” o incluso fijos)?

Las Comunidades Autónomas han promovido en los últimos años la prestación de ciertos servicios de su competencia mediante “regalos envenenados” a las  Haciendas Locales en forma de subvención de los gastos de inversión corriendo de cuenta de éstas los gastos de explotación que en época de crecimiento se pudieron financiar con los impuestos relacionados con el desarrollo urbanístico y la construcción.

Faltando esos ingresos, muchas administraciones han caído en la cuenta de la mayoría de los servicios que prestan cuya explotación se financia a través de tasas o precios públicos tales como escuelas infantiles y polideportivos son deficitarios debido a los altos costes de explotación, a la infrautilización de los servicios o a una combinación lineal de ambas.

Muchos responsables políticos han advertido que el incremento de las tasas hasta igualar el coste de prestación de los servicios provocaría una reducción de la demanda de tal calibre que en algunos casos supondría un gasto fijo en recursos ociosos difícilmente de reasignar debido a su especialización. Pensemos por ejemplo en una escuela infantil municipal (0-3 años) con cinco funcionarios (educadores y auxiliares) adscritos al servicio dónde los ingresos apenas suponen el 20 % de los costes de prestación del servicio. Imaginemos que una de las medidas a adoptar dentro del Plan de Reequilibrio para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria es incrementar las tasas y precios públicos lo suficiente para cubrir el coste. Entonces la nueva tasa o precio público de la guardería  se vería multiplicada por cinco; y ante esa situación muchos padres optarían por dejar sus bebés con sus abuelos o reestructurar sus horarios porque además su equilibrio económico doméstico es tan inestable que un gasto adicional supondría un mayor endeudamiento imposible de financiar en el actual contexto del sistema financiero español.

El artículo 142 de la Constitución Española establece que las Haciendas locales “deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”.  Así mismo el artículo 39.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL) dispone que “las entidades locales participarán en los tributos propios de las comunidades autónomas en la forma y cuantía que se determine por las leyes de sus respectivos Parlamentos.

En próximas entradas comprobaremos lo lejos que estamos de cumplir con los mandatos constitucionales y legales y trataremos de dar respuesta a las cuestiones planteadas.


La caducidad de la pieza de Restablecimiento de la legalidad urbanística en el T.R.L.S.R.M.

Modificaciones y urbanismo

El Decreto Legislativo 1/2.005, de 10 de junio, Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, dispone que, detectada la comisión de una infracción urbanística, la respuesta de la Administración ha de articularse en una triple vertiente. En primer lugar, la incoación del necesario expediente sancionador que finalizará, en su caso, con la imposición de una sanción al infractor. Así mismo, el TRLSRM detalla que en el seno del citado procedimiento sancionador han de incardinarse las piezas separadas de suspensión y de restablecimiento del orden infringido.

Con esta regulación el legislador pretende, ante la existencia de una infracción urbanística, ofrecer una solución integral en la que la defensa del interés público y el bien común no se limite a la imposición de una sanción económica. En efecto, por un lado la pieza separada de suspensión tiene como objetivo impedir la continuación de la infracción urbanística cuando las actuaciones se encuentran en curso. La pieza de restablecimiento del orden infringido, asunto que ahora nos ocupa, pretende sin embargo restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a que se cometiera la infracción.

La conclusión es clara; tan importante es el castigo al infractor (que será sancionado económicamente), como la devolución de los terrenos a su estado anterior a la infracción cometida: Si se ha construido algo no legalizable, deberá ser demolido. Si se ha demolido una construcción de forma indebida, habrá de ser reconstruida.

La elogiable voluntad del legislador de no limitarse al castigo económico encuentra sin embargo con un obstáculo procedimental en ocasiones insalvable: El plazo máximo para tramitar y resolver la pieza separada de restablecimiento.

Efectivamente, algo a priori tan accesorio como es el cauce formal o procedimiento de tramitación de la pieza puede finalmente impedir o dificultar en exceso la consecución del fin pretendido: Devolver los terrenos a su estado inicial. El medio impide conseguir el fin.

Abordemos el problema: El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de un año. Ello supone que la Administración debe notificar la resolución del expediente sancionador antes de un año desde la fecha de incoación del mismo. En caso contrario el procedimiento caducará.

Pero, ¿qué ocurre con la pieza separada de restablecimiento? ¿El plazo máximo para resolver dicha pieza es el mismo que el del procedimiento sancionador?  ¿Qué detalla al Ley al respecto?  La respuesta es que no hay respuesta. Al menos no en el TRLSRM. Nada al respecto del citado plazo encontraremos en el mencionado texto legal.

Dado que el TRLSRM no contiene previsión expresa, y la pieza separada de restablecimiento se incardina en el procedimiento sancionador principal (con plazo máximo de un año), podría deducirse que el plazo máximo de resolución es el mismo en ambos casos. Error. No es esa la interpretación de nuestros Tribunales.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto del asunto en reiteradas ocasiones, entendiendo, en esencia, que a pesar de incardinarse en el procedimiento sancionador, la pieza separada de restablecimiento ha de considerarse un procedimiento independiente y con sustantividad propia. Partiendo de ello, y dado que no se establece plazo máximo para la resolución del expediente, la citada Sala entiende que resulta de aplicación el plazo residual de tres meses establecido en el artículo 42.2 de la Ley 30/1.992.

Aplicando el criterio de la Sala, la Administración debe resolver la pieza en un plazo máximo de tres meses. Recordemos que ese plazo se computa desde la fecha de la incoación del expediente, hasta la recepción de la notificación de la resolución por el interesado. Para cualquier procedimiento administrativo ese plazo resulta exiguo. En nuestro caso, la situación se complica todavía más teniendo en cuenta que hay que conceder un plazo de dos meses al infractor para que pueda legalizar la actuación.

¿Es posible resolver en tres meses un procedimiento en el cual hemos de conceder un plazo de dos meses al infractor para que pueda legalizar la actuación? ¿Qué ocurre si el expediente de legalización es complejo? ¿Y si se requiere el informe de otra Administración? ¿Y si para notificar a algún interesado es preciso acudir a la publicación en el Boletín Oficial? Respuesta: Que resultará imposible resolver dentro del plazo máximo previsto de tres meses, y el procedimiento caducará.

Las consecuencias de que el procedimiento caduque van más allá de la necesidad de volver a tramitarlo. Dado que la resolución de la pieza separada de restablecimiento influye en la sanción económica (una legalización puede rebajar hasta un 50% la multa), no debería resolverse el procedimiento sancionador hasta tanto no finalice la pieza separada. Si ésta ha caducado, ¿qué debemos hacer con el procedimiento sancionador?

La conclusión de todo lo expuesto es que, con el procedimiento previsto en el TRLSRM, el plazo máximo para resolver la pieza separada de restablecimiento resulta a todas luces insuficiente. La propia Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM reconoce que la regulación legal de la cuestión no es todo lo clara que sería deseable y aclara que debe aplicar el plazo residual de tres meses previsto en la Ley 30/1992 porque el TRLSRM no regula expresamente ningún plazo.

La solución parece evidente: Es precisa una reforma legislativa del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia para incluir en su articulado una previsión expresa del plazo máximo previsto para resolver la pieza separada de restablecimiento del orden infringido, de modo que no haya que acudir al plazo residual de tres meses previsto en la Ley 30/1.992.