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LA TASACIÓN DE COSTAS: LA INCLUSIÓN DEL IVA. EL CODEMANDADO.

 

 1.- EL IVA EN LA TASACIÓN DE COSTAS.  2.- EL CODEMANDADO Y SU INCLUSIÓN EN LAS COSTAS PROCESALES.

Dedicaré esta entrada a analizar dos cuestiones relacionadas con la tasación de las costas procesales.

La primera de ellas tiene que ver con la procedencia de incluir el Impuesto del Valor Añadido en los honorarios del letrado y en los derechos y suplidos del procurador cuando se practica la tasación de costas pertinente.

En segundo lugar abordaré el debate sobre la procedencia de la tasación de costas a favor del codemandado en la jurisdicción contencioso administrativa, cuestión que como veremos, requiere un estudio del caso concreto.

 

EL IVA EN LA TASACIÓN DE COSTAS.

 

A los letrados que lean estas líneas les será familiar la situación de impugnación por indebida la partida correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluida en la tasación de costas. Ya sea a favor o en contra, es una discusión recurrente en nuestros juzgados y tribunales de justicia.

La impugnación de la inclusión de la partida del IVA se ha efectuado tradicionalmente sin un apoyo normativo concreto, sobre la base de doctrina de la Sala Tercera del T. Supremo. Por ejemplo, la Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección6ª) de 18 julio 2000.

Efectivamente el histórico silencio de las distintas normales procesales aplicables ha generado un continuo debate sobre la inclusión del IVA en la tasación de costas, y ha sido una cuestión tradicionalmente discutida y objeto de diferentes pronunciamientos judiciales de distinto signo, y de posiciones contrarias incluso entre órdenes jurisdiccionales. Podríamos citar numerosas resoluciones en ambos sentidos.

La situación llegó a tal extremo, que mientras la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo venía pronunciándose con relativa contundencia en contra de la inclusión del impuesto, la Sala de lo Civil del mismo Tribunal Supremo, se mostraba favorable a su inclusión. Increíble pero cierto.

Sin embargo, en mi opinión, dicho debate debe ser hoy día una cuestión resuelta a la vista de que actualmente sí existe un pronunciamiento normativo expreso y claro favorable a la inclusión del impuesto, que despeja cualquier duda y hace innecesaria toda interpretación.

Efectivamente se trata del apartado segundo, in fine, del artículo 243 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo tenor literal es el siguiente:

En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula. No se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394.”

En cualquier caso, la experiencia en debates y polémicas jurídicas pasadas nos aconseja ser prudentes, de modo que a pesar de la claridad y contundencia del precepto de la LEC, y de su aplicación subsidiaria en el resto de órdenes jurisdiccionales, no es descartable que la controversia perdure al menos un tiempo.

 

LA PARTE CODEMANDADA EN LA TASACIÓN DE COSTAS

 

Del mismo modo que ocurre con la inclusión de la partida del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la jurisdicción Contencioso-Administrativa podemos enfrentarnos a una impugnación de la parte actora de la tasación de costas practicada en aquellos supuestos en los que hayamos ostentado la condición de codemandado.

El artículo 21 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa dispone respecto de la parte demandada, lo siguiente:

  1. Se considera parte demandada:
  2. a) Las Administraciones públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el art. 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.

 

  1. b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
  2. c) Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.”

La regulación en materia de costas la encontramos en el artículo 139 del mencionado texto legal, y como veremos, dicho precepto no distingue entre parte demandada y codemandada, ni introduce limitación alguno en este sentido.

La ausencia de regulación expresa en la normativa actual hace necesario acudir a la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo en la materia, que obliga a enjuiciar caso por caso y a distinguir aquellos supuestos en el que se actúa como codemandado como mero titular de un interés (como un mero coadyuvante de la Administración demandada), de aquellos supuestos en los que se comparece como titular de derechos derivados del acto impugnado.

En el primer caso, al no haber sido traído al pleito por el demandante la condición de parte codemandada que no es titular de un derecho afectado por el acto impugnado no es suficiente para cargar a la parte actora con sus costas procesales.

Esta peculiar aunque muy relevante distinción se trata de explicar entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 12 marzo 2002 o en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 8 de marzo de 2005. Reproduzco por su interés, algunos pasajes de ésta última:

“Invoca en defensa de esa postura la Sentencia de esta Sala y Sección de veintisiete de marzo de dos mil, que, si bien referida a la figura del coadyuvante, es de perfecta aplicación al supuesto, en tanto que la posición del coadyuvante hoy se puede trasladar sin género de duda a la de la parte demandada que defiende un interés legítimo junto a la Administración demandada(…)

La cuestión planteada se reduce, pues, a determinar si el Ayuntamiento de Valencia, aun siendo indiscutible su condición de codemandado, ha comparecido como interviniente adhesivo en función de la titularidad de un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado o lo ha hecho como consecuencia de la titularidad de derechos directamente afectados por su eventual anulación, pues sólo en esta última hipótesis deben incluirse en la condena en costas las causadas a su instancia.

Para resolver esta cuestión debe partirse de que la afectación de los derechos de la entidad local interesada resulta de que dicha entidad ostentó la condición de Administración expropiante. Ello determina que deba considerarse al Ayuntamiento de Valencia no como mero titular de un interés, sino de derechos derivados del acto impugnado, por lo que debemos desestimar la argumentación en que, en este punto, se sustenta la impugnación”.

En consonancia con lo expuesto por el Tribunal Supremo, a los efectos que nos ocupan en cada caso debe determinarse si la intervención del codemandado es la propia de un interviniente adhesivo en función de un interés legítimo más o menos directo e intenso, o por el contrario se ha comparecido al verse afectados directamente actos, resoluciones y/o derechos de su titularidad.

Como resulta fácil de concluir, lo expuesto anteriormente está muy alejado de la mínima seguridad jurídica que sería deseable en una cuestión tan común como la imposición de las costas. No parece muy recomendable obligar a las partes a introducir dicha discusión caso por caso en los que la actora ha sido condenada al abono de las costas procesales y existe un codemandado. Sobre todo respecto a conceptos jurídicos tan cercanos como el interés legítimo y la titularidad de derechos.

 

Ricardo Fernández Puche.

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RECLAMAR LA PLUSVALÍA AL AYUNTAMIENTO

RECLAMAR LA PLUSVALÍA AL AYUNTAMIENTO

 

                                               Reclamar la plusvalía, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, pagada al Ayuntamiento. Dicha pretensión, junto con la reclamación del importe abonado al banco por las cláusulas suelo así como los gastos de constitución de las mismas, son las más habituales y las más comentadas en los últimos tiempos.

                                           ¿Puedo reclamar la plusvalía abonada? ¿Es legal que el Ayuntamiento lo siga cobrando? ¿Desde cuándo puedo reclamar?. Son las preguntas que, como especialista en derecho administrativo, me plantean a diario. Este artículo pretende dar respuesta al lector a algunas de esas dudas, con la inocente esperanza, además, de no tener que continuar resolviéndolas a diario…….

LA SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL

                                                En primer lugar conviene recordar que todo este embrollo de la reclamación de las plusvalías abonadas a los Ayuntamientos renació desde que el Tribunal Constitucional dictase la Sentencia de 16 de febrero de 2017.

                                          El Tribunal ha  declarado inconstituciona  la vigente regulación de la normativa forla del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como impuesto a la plusvalía, al considerar que no es expresiva de la capacidad económica del contribuyente, tal como exige la Constitución.         

                                    

                                                  Pero mucha atención porque llegado este punto hay que aclarar un extremo crucial: el TC limita la decisión a la normativa foral, porque la el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de ámbito nacional, no se aplicaba al caso planteado por el tribunal.

                                               Aunque es cierto que esa regulación es una copia de los artículos 104 y 107 de la Ley de Haciendas Locales, por lo que el pronunciamiento obligará a modificar la normativa estatal y no sólo la vasca, lo cierto es que esa modificación todavía no se ha producido a día de hoy.

LA EXPLICACIÓN DE LA ANULACIÓN

                                           La explicación del TC es contundente:

“al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE.”

                                            El TC finaliza la cuestión concluyendo que:

“cuando no exista tal incremento de valor, no nacería la obligación tributaria del impuesto, por inexistencia de hecho imponible”.  “porque, al haberse establecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento”.

EFECTOS Y CONCLUSIÓN

                                        En Navarra la cuestión no plantea absolutamente ninguna duda: El artículo 39 de la Constitución Española impone el efecto inmediato de la sentencia frente a todos desde su publicación, por lo que en ningún caso ningún Ayuntamiento ubicado dentro de la comunidad navarra podrá aplicar el impuesto si no existe incremento de valor. De hecho mi recomendación es que los contribuyentes que estén en el supuesto de hecho descrito en la Sentencia (pérdida patrimonial con la transmisión) efectúen directamente una autoliquidación citando la resolución judicial y justificando que no se ha producido incremento de valor. Como siempre, recomiendo acudir a un especialista en derecho administrativo para que nos asesore en detalle.

                                        El problema, de momento, surge en el resto de España. La solución más sencilla y adecuada para el caso es que el legislador adopte una rápida respuesta y modifique de inmediato el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aplicable en la generalidad del territorio nacional. No es de recibo obligar a los contribuyentes a esperar a que se produzca un pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional sobre esa norma cuando es obvio que la ratio decidendi de la sentencia, el motivo o la razón del pronunciamiento, que es la necesidad de que exista un incremento real del valor para que se pueda aplicar el impuesto, es claramente aplicable a las normas de la LHL.

                                          Tampoco puede dejarse esto en manos de los Ayuntamientos, como parece que está ocurriendo hasta la fecha. ¿Cómo va a pedirse a una Administración que no aplique una normativa vigente? ¿Qué motivo puede tener un empleado público decidir por sí mismo no liquidar como venía haciendo el impuesto antes de tener una Sentencia aplicable en su territorio?.

                                     Lo pernicioso de la situación es que lógicamente el contribuyente no quiere que nadie le explique, ni tiene por qué entenderlo, que un Ayuntamiento no legislar ni tiene potestad ni competencia para modificar una norma con rango de ley ni tampoco puede dejar de aplicarla sin más.

                                        Por tanto, hasta que no se produzca la modificación legislativa en el parlamento nacional, o no exista un pronunciamiento del TC respecto al TRLHL, mi opinión es que el camino para los contribuyentes será el siguiente: Reclamación al Ayuntamiento, desestimación municipal con el consiguiente enfado del interesado, y obligatorio ejercicio de acciones judiciales. Triste pero cierto.

Ricardo Fernández Puche

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LA ACUSACIÓN POPULAR Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La acusación popular.

El artículo 125 de la Constitución Española, incluido en el Título VI, denominado “Del Poder Judicial”, dispone lo siguiente en relación con la acusación popular:

“Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.”

Debe saber el lector que esta acción popular no es una excepción en el derecho comparado. Se trata, así pues, de una particularidad de la Justicia penal española.

La acusación popular permite que participe en el proceso penal cualquier persona física o jurídica, sin necesidad de ser perjudicado por el delito ni ofendido. No es preciso invocar un interés legítimo de ningún tipo en la causa, sino que se comparece “en defensa de la legalidad”.

Como decía, están legitimados para concurrir como acción popular todos los ciudadanos españoles (aunque no los extranjeros), las personas jurídicas, y también el Ministerio Fiscal (tal y como prevén los artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

De acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque no se encuentra bajo la rúbrica de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, la acción popular sí se configura como un derecho que puede ser objeto de amparo constitucional conforme por tratarse de una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE.

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Los partidos políticos.

Uno de los actores que más habitualmente ejercen la acusación popular en nuestro país son los partidos políticos.

En estos casos, lo que en principio puede resultar una actividad beneficiosa para el interés público (colaborar con el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares en la investigación y persecución de ilícitos penales), a menudo presenta lo que podríamos denominar, benévolamente “conflicto de intereses”.

Y ello, porque los partidos políticos tienen como obvia y legítima aspiración alcanzar el poder para aplicar sus programas de gobierno, para lo cual es evidente que el desgaste del adversario político es una práctica habitual.

Ocurre que como es evidente el interés público en un proceso penal (la investigación y esclarecimiento de posibles delitos), puede no coincidir precisamente con los legítimos y muy respetables intereses políticos de aquellos partidos políticos que ejercen la acusación popular.

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El problema.

Este hecho se ve agravado en aquellos casos, habituales en la actualidad, en los que la representación letrada de los partidos políticos que ejercen las acusaciones populares está a cargo de abogados que forman parte de la dirección de aquellos partidos. Pensemos por ejemplo en el conflicto de intereses evidente que surge para un letrado que representa a un partido político como acusación popular en una causa penal, pero simultáneamente es un dirigente de aquel partido. No parece descabellado intuir alguna situación en la que el interés del partido consista en la prolongación, ampliación, difusión y/o exageración de la entidad de la causa penal, y el interés público aconseje caminar en la dirección opuesta, esto es, hacia el archivo del caso.

Pues bien, por desgracia esta perversa situación acontece a diario en nuestros Juzgados y Tribunales. Les insto a verificarlo.

Me parece obvio que la solución no pasa exclusivamente por separar la figura del dirigente político de la del abogado del partido que ejerce la acusación popular. Aunque debería ser una pauta de conducta obligatoria, opino que se trata más de un parche que una solución a largo plazo. Porque como habrá intuido el lector, no hace falta ser dirigente de un partido político para conocer los intereses del mismo en una causa.

Hace unos meses, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, manifestó que los partidos políticos no deberían ejercer la acusación popular en las causas porque contribuye a “politizar” la Justicia. Aclaraba Lesmes que a su modo de ver, los partidos usan la información del proceso y la propia acción “no para buscar la verdad y hacer justicia, sino para desgastar al adversario”.

En atención todo lo expuesto entiendo que ha llegado el momento de rediseñar la figura de la acusación popular limitando su utilización a aquellos que, en puridad, anhelen colaborar con el interés público. Coincido en definitiva con las manifestaciones anteriormente reproducidas: los políticos no deberían ejercer la acusación popular. No está en su naturaleza y demasiado a menudo distorsionan el funcionamiento de esta figura.

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EXPLOTACIONES PÚBLICAS DEFICITARIAS

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En los últimos tiempos se suceden las noticias sobre infraestructuras y servicios públicos cuyo mantenimiento o explotación resulta claramente deficitaria. Se trata de aparcamientos públicos, pabellones, autopistas, piscinas y/o cualquier otro tipo de infraestructuras públicas que podamos imaginar que, ya sea por la crisis económica que ha azotado nuestro país, ya sea por su propia naturaleza deficitaria, sencillamente no resultan rentables.

En algunas ocasiones estas infraestructuras acaban siendo abandonadas por los concesionarios y contratistas encargados de su gestión y explotación, y terminan revirtiendo en la Administración. Sin ir más lejos acabamos de conocer que el Ministerio de Fomento ya reconoce abiertamente que el Estado se quedará finalmente con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación, se alcance o no acuerdo con los bancos acreedores de las vías, que soportan una deuda aproximada de unos 3.400 millones de euros. Nada menos.

Parece obvio que, en principio, no resulta deseable la proyección y ejecución de infraestructuras cuya explotación no atiende a criterios de rentabilidad económica. Sin embargo, no debemos olvidar que el objetivo superior del funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas no es tanto su rentabilidad (que resulta en realidad una garantía de supervivencia), como la consecución del interés público. Y ese interés público puede traducirse en ocasiones en la implantación de un servicio o infraestructura reconocida y abiertamente deficitaria.

Atendido lo anterior, he considerado interesante hacer un breve repaso normativo que nos permita determinar si la construcción y gestión este tipo de explotaciones naturalmente deficitarias está permitida, prevista, amparada o regulada de cualquier modo en nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de la Administración Local. Y más aún, en estas breves líneas, y de forma resumida, pretendo responder a la pregunta de si resulta legalmente admisible el funcionamiento de estas explotaciones mediante el otorgamiento de una subvención pública de la Administración titular de la misma. Y la respuesta, para sorpresa de algunos, es claramente afirmativa.

En primer lugar es obligado citar el artículo 129.4 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que dispone lo siguiente:

–        “Si como forma de retribución, total o parcial, se acordare el otorgamiento de subvención, ésta no podrá revestir la forma de garantía de rendimiento mínimo ni cualquier otra modalidad susceptible de estimular el aumento de gastos de explotación y, en general, una gestión económica deficiente por el concesionario y el traslado de las resultas de la misma a la Entidad concedente.”

También resulta interesante para el supuesto que nos ocupa lo dispuesto en el artículo 127.2.2.b) del citado RSCL que permite la revisión de las tarifas, e incluso la subvención por parte de la Administración al concesionario, cuando, aun sin mediar modificaciones del servicio, surjan circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que determinen, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión:

  1. b) Revisará las tarifas y subvención cuando, aun sin mediar modificaciones en el servicio , circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión.

Así mismo, en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público encontramos una previsión y un sustento jurídico no sólo para la existencia de explotaciones natural y originariamente deficitarias, sino también para la existencia de subvención por parte de la Administración titular de la misma. Acudimos en este caso al artículo 281.1 del citado texto legal, que detalla lo siguiente:

  1. El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración.

Lo anterior supone, por tanto, que nuestro ordenamiento jurídico no sólo permite sino que contempla con absoluta normalidad que la contraprestación del concesionario sea sólo el precio satisfecho por el usuario del servicio, sólo un precio contractual abonado por la Administración concedente, o bien una combinación de ambos, un sistema mixto, cuando el precio de los usuarios es “subvencionado” por la Administración.

Lo anteriormente expuesto no supone que el concesionario no asuma ningún riesgo operacional. Al contrario. Si algo debe caracterizar estos contratos es que el “riesgo y ventura” corresponde al contratista. Pero ello no impide que si la Administración conoce que los gastos de la explotación resultan superiores a los ingresos, pueda establecer una subvención al déficit de la explotación. Porque lo que señala, por ejemplo, el citado artículo 129 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales es lo siguiente: “En todo caso, la retribución prevista para el concesionario deberá ser calculada de modo que permita, mediante una buena y ordenada administración, amortizar durante el plazo de la concesión el costo de establecimiento del servicio y cubrir los gastos de explotación y un margen normal de beneficio industrial”.

Este tipo de supuestos, la Administración titular del servicio o la infraestructura, para calcular la retribución del concesionario incluirá en su “ecuación” no sólo el costo del establecimiento del servicio, los gastos y los ingresos, sino que además podrá utilizar la figura de la subvención para alcanzar el margen normal del beneficio industrial. ¿Dónde se sitúa entonces el riesgo y ventura empresarial en estos casos? Pues en el cumplimiento, mejora o empeoramiento de los estos resultados previstos por la Administración licitadora.

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Manos limpias, mentes sucias.

La causa abierta a buena parte del equipo directivo de Manos Limpias, relacionada con posibles prácticas de extorsión vinculadas a sus denuncias y querellas, fuerza una necesaria reflexión.

¿En qué medida éste país deja la justicia criminal en manos -directas o indirectas- de personas, entidades o grupos de presión que persiguen fines propios -ilegítimos o legítimos- ajenos a los que son propios de esa jurisdicción?

La confirmación de las prácticas de extorsión que se describen en las noticias publicadas sería la máxima expresión de algo de lo que muchos abogados defensores hemos sido testigo en causas penales con acusaciones privadas relacionadas con funcionarios y autoridades. Causas en las que el hecho investigado pierde relevancia frente a la persona investigada y donde se ve a las claras que el único objetivo del ejercicio acusatorio es lograr que la acusación se sostenga en el tiempo hasta que, por el camino, se alcanza -normalmente fuera de la causa y en otro ámbito jurídico, político o social- un determinado objetivo; momento, en el que la acusación pasa a ser meramente testimonial o, directamente, es renunciada.

El peligro, sin embargo, no reside tanto en las prácticas procesales que de dicha conducta “profesional” se derivan -que un correcto ejercicio de la defensa puede neutralizar- sino en el riesgo, tantas veces verificado, de que esas acusaciones interesadas, con sus posicionamientos en las causas y su habitualmente intensa acción pública de comunicación, acaben influyendo en el ejercicio de las funciones públicas de acusación y enjuiciamiento, influyendo en su ejercicio y afectando al sentido de sus decisiones.

El mayor riesgo de tales conductas se verifica cuando las posiciones (jurídicas o técnicas) de esas acusaciones, sólo interesadas en obtener determinado rédito extrapenal de la causa, y que por lo tanto, tienden a utilizar los argumentos más maximalistas y las interpretaciones contra reo más restrictivas o perjudiciales, acaban siendo interiorizados por Jueces o Fiscales como normal o acertado, normalmente tras una esmerada labor de fijación de convicciones públicas al respecto de la cuestión.

El caso “manos limpias” debería servir de aviso para los operadores públicos de la justicia criminal, llevándoles a adoptar posiciones críticas y escépticas ante los planteamientos de los grupos de interés situados detrás de ciertas acciones penales pues, como en el caso “Manos Limpias” estamos viendo, abandonando esa actitud, se corre el riesgo de convertir a la Justicia en una herramienta al servicio de intereses que no son los generales, o en los casos más graves, en cooperadora inconsciente pero necesaria a la comisión de graves delitos.

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Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.

Defensa jurídica de la administración y empleados públicos

El pasado día 6 de mayo de 2015 entró en vigor la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Es por ello que en Decisio Consulting SLP consideramos interesante efectuar una breve reseña sobre la Ley y en particular, en relación con las principales novedades introducidas respecto de su predecesor, el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.

En el preámbulo de la ley encontramos algunos de los objetivos de la misma: Agilizar los trámites en el ámbito de ordenación territorial y urbanístico, de forma que las actividades económicas que para su implantación precisen de licencias, puedan hacerlo en el menor tiempo posible sin pérdida de garantías. Adaptar la legislación regional a la normativa estatal dictada durante los últimos años y, en particular, a la Ley de Suelo estatal aprobada en 2007 y su posterior reforma de 2013, a través de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y finalmente mejorar determinados aspectos que, a la vista de la experiencia de últimos años, se ha constatado que estaban imprecisas o insuficientemente reguladas, a los que nos referiremos posteriormente.

El objeto del texto legal es el mismo que el de su antecesor, esto es, “la regulación de la ordenación del territorio, la ordenación del litoral y de la actividad urbanística n la Región de Murcia para garantizar, en el ámbito de un desarrollo sostenible, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y la protección de la naturaleza, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y la protección del patrimonio cultural y del paisaje.”

A título meramente informativo apuntaremos que la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia se trata de un texto legal relativamente extenso, que cuenta con 41 artículos más que su predecesor, y una sistemática que, a mi juicio, resulta en su mayor parte, aceptable e intuitiva. La norma se estructura en 300 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 6 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones Finales.

Siendo la nueva norma un texto legal continuista, sí conviene destacar algunas modificaciones y novedades introducidas que, por su trascendencia, deberán ser tenidas en cuenta por todos los operadores en el futuro. Comentaremos algunos de ellos:

Aunque no se modifican, en esencia, las categorías de suelo urbano, el suelo urbano consolidado se identifica plenamente con el suelo urbanizado de la ley Estatal. Del mismo modo, respetando la terminología utilizada por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo,se diferencian las U.A. en suelo urbano sin consolidar (nueva urbanización) de las U.A. en suelo consolidado (reurbanización o dotación).

Se ha revisado y matizado también la definición de todas las categorías de suelo no urbanizable, destacando entre todas ellas la del inadecuado: “Suelo no urbanizable inadecuado para su transformación urbanística. Justificado como tal por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales o por la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible del territorio, de acuerdo con el modelo de desarrollo urbano y territorial definido por el planeamiento. Se incluirán en esta categoría los terrenos que no resulten necesarios o idóneos para su transformación urbanística.”

En materia de planeamiento urbanístico, me han llamado la atención, por su alcance, y su impacto en la práctica diaria, las siguientes:

Se ha regulado la dotación mínima de sistema general de equipamientos de titularidad pública según la población del municipio, estableciéndose tres niveles según su población: menos de 20.000 habitantes: 4 m2 por cada 100 m2,  hasta 100.000: 8 m2 por cada 100 m2 y más de 100.000 habitantes, 13 m2 por cada 100 m2. También se ha modificado la graduación de la dotación de equipamientos locales, que ahora se fija en función del aprovechamiento (en lugar de un porcentaje de suelo) para todos los usos, residencial y actividad económica y los mixtos en la proporción que el plan general establezca. Sin duda esta medida puede ayudar a la simplificación de su aplicación.

Especialmente interesante me parece la regulación contenida en el artículo 147 en el que, al fin,  se detallan los sujetos legitimados para la elaboración de los planes parciales de iniciativa particular. Este artículo, totalmente novedoso, y que aporta sin duda seguridad jurídica en la materia, atribuye dicha legitimación a distintos propietarios (o no) en función del sistema de gestión urbanística del ámbito, lo cual tiene además toda la lógica.

Otro acierto sin duda lo encontramos, a mi juicio,  en el artículo 74 denominado “Participación de la comunidad en las plusvalías”:  “La cesión de suelo no destinado a vivienda de protección pública se podrá sustituir, por mutuo acuerdo, por su valor equivalente establecido en la legislación vigente, con destino a las finalidades propias del patrimonio público de suelo.” A diferencia de lo que ocurría con el ya derogado texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, la previsión expresa y la literalidad del precepto permite efectuar la sustitución, con plenas garantías, cualquiera que sea el sistema de gestión urbanística empleada.

Interesante también es la nueva redacción de la regulación de la cédula de urbanización, obligatoria ahora para cualquier desarrollo en suelo urbanizable sin sectorizar, así como los avances de planeamiento.

Muy confusa es la fórmula empleada por el legislador regional para la regulación de la reserva de vivienda de protección pública. En resumen, podríamos concluir lo siguiente:

En suelo urbano consolidado no se exige reserva de suelo para VPP, ya que no hay actuaciones de nueva urbanización. En suelo urbano sin consolidar y suelo urbanizable(*), se establecen dos

opciones para la distribución de la reserva del 30% de aprovechamiento residencial para VPP: a) Cesión proporcional de aprovechamientos entre Ayuntamiento (3%) y propietarios (27%) b) Cesión opcional: solo VPP (20%) al Ayuntamiento y 10% propietarios

** Y ojo que estas reservas solo serían exigibles sobre los incrementos de aprovechamiento producidos tras el 1/7/2008, conforme se establece en la disposición adicional 4ª y la moratoria de la D.T.4ª

En materia de gestión urbanística sin duda la medida estrella es que se prohibe que los convenios urbanísticos tengan por objeto modificar el planeamiento para cambiar la clasificación del suelo (salvo el supuesto del suelo no urbanizable inadecuado que no es objeto de protección). Resulta difícil determinar si esta es la medida adecuada para evitar algunos desmanes urbanísticos cometidos en años pasados. Dejemos aparcada por el momento, y para futuros artículos, tan controvertida cuestión….

Muy interesante y acertada también me parece la introducción del  régimen de “fuera de norma” para edificaciones no incluidas en fuera de ordenación pero que incumplen alguna condición normativa.

Respecto a la intervención administrativa y la autorización de actuaciones, se crean los denominados genéricamente “títulos habilitantes de naturaleza urbanística”, dentro de los cuales figura la licencia urbanística, la declaración responsable y la comunicación previa en materia de urbanismo. Se restringen al máximo los supuestos de licencia urbanística, pero a mi juicio, a priori, la nueva regulación y sobre todo la distinción de qué tipo de título habilitante requiere cada actuación  va a generar bastantes dudas y la correspondiente conflictividad judicial.

Finalmente, en el ámbito de la disciplina urbanística, el nuevo texto efectúa una sustancial modificación de la protección de la legalidad urbanística y del procedimiento sancionador, que será, sin duda, bien valorada por aquellos empleados públicos encargados de la tramitación de los procedimientos sancionadores. Si en el TRLSRM el procedimiento se articulaba sobre piezas separadas (con la consecuente dificultad e inseguridad en la tramitación), el nuevo procedimiento y pasa a ser de naturaleza única.

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La elección de los Alcaldes.

(El presente artículo fue publicado en el diario “La Verdad” de Murcia el pasado día 27 de mayo de 2015)

Las recientes elecciones y el resultado producido, tan alejado de mayorías absolutas, nos abocan a una fase de incertidumbre política que, sin embargo, en los municipios tiene unas vías de solución tan simples como directas y rápidas (mucho más, al menos, que las que ofrecen la mayor parte de regímenes electorales autonómicos).

El art. 195 de la Loreg (Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen Electoral General), dispone que será el próximo 13 de julio, sábado, el día en que se proceda a la constitución de las corporaciones municipales, transcurrido el plazo de 20 días legalmente dispuesto por dicha norma (excepción hecha de los supuestos de recurso contencioso electoral contra la proclamación de electos, que elevaría a 40 los días de ‘espera’).

La dirección del acto de proclamación de electos y de constitución de la corporación se encomienda a la, denominada, ’Mesa de Edad’, integrada por los concejales electos de mayor y menor de edad de entre los presentes, actuando como Secretario el de la corporación. Basta con la mera presencia de la mayoría absoluta de miembros para que la constitución de la corporación se produzca, en caso de no asistencia mayoritaria de concejales, se desplaza la sesión a dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que sea el número de concejales presentes.

En esa misma sesión constitutiva, se procederá a la elección del Alcalde mediante un procedimiento simple que siempre tendrá como resultado, con independencia de aritméticas políticas, el nombramiento de un alcalde entre alguno de los concejales electos cabeza de lista, puesto a quien reserva la ley la condición de candidato potencial. El trámite de elección es extraordinariamente simple, como hemos dicho. Presentadas formalmente las candidaturas, se pasa direc tamente a las votaciones, que convertirán en alcalde, al cabeza de lista electo que sea votado por la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación recién constituida.

Y es aquí donde surge la principal alternativa respecto al régimen autonómico –que, por ejemplo, tiene a Andalucía sin presidencia y pendiente de pactos y negociaciones transcurrido más de un mes desde sus últimas elecciones–, pues, en caso de que no existiera mayoría absoluta a favor de ninguno de los candidatos, sería alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el Municipio, resolviéndose por sorteo en caso de empate.

Como vemos, el mecanismo de constitución de la corporación y de puesta en marcha del gobierno es extremadamente ágil, obligando a que los consensos (sobre todo aquellos que pudieran contradecir el voto popular mayoritario) se construyan con idéntica celeridad, ya que de no existir acuerdo en ese plazo de 20 días, la cláusula de cierre llevará necesariamente al gobierno en minoría, situación en la que, pese a los evidentes limitaciones derivadas de la minoría en el Pleno (que podría obstaculizar acuerdos organizativos tan trascendentes como el de delegaciones o el de retribuciones de los órganos), la gobernabilidad es posible, atendiendo al amplio ámbito de atribuciones de la alcaldía. Ello requerirá del gobernante en minoría una capacidad de negociación elevada en los primeros compases de la legislatura, para poder comenzar a desarrollar una acción de gobierno solvente.

Sin embargo, la situación para la oposición –si pretende hacerse con la alcaldía– tampoco será simple, pues transcurrido el plazo inicial y nombrado el alcalde minoritario, el planteamiento de candidaturas alternativas deberá articularse a través del trámite de la moción de censura, cuya limitación a una moción por concejal proponente y legislatura, llevará probablemente a la prudencia en su ejercicio en los primeros meses de legislatura.

Por lo tanto, sin haber nada definitivo, las próximas dos semanas serán muy decisivas en el desarrollo de las respectivas legislaturas y en la conformación de gobiernos municipales.

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La cláusula “asuntos de interés común” del art. 56 de la LBRL en su redacción “post reforma local”.

Tras el primer mes de vigencia de la Reforma Local, centrado fundamentalmente en el debate sobre las retribuciones de autoridades y personal eventual, y en la “hoja de ruta” marcada por la Ley para la verificación de eficiencia financiera en la prestación de los servicios y eventual “provincialización” de los mismos, empiezan a plantearse las primeras cuestiones de fondo relacionadas con el grueso “reformista” de la Ley, fundamentalmente, la revisión del marco competencial, y las prevenciones frente al desarrollo por parte de los entes locales de competencias “impropias”.

Las voces más “talibanas”, pronto han empezado a pronunciarse en los mentideros político-administrativos en torno a los efectos de la entrada en vigor sobre las actuaciones desarrolladas en fraude del nuevo marco competencial (excepción hecha de las expresamente resueltas en disposiciones transitorias -salud y servicios sociales-), llegando a postular la radical ilegalidad de cualquier gasto efectuado en ámbitos no expresamente contemplado como competencia propia o delegada (sirva de ejemplo prototípico, el fomento del empleo), incluso cuando éste se materialice a través de instrumentos de cooperación interadministrativa –esencialmente convenios y programas de subvención-, los que se han llegado a tachar de nulos de pleno derecho.

Convendría mantener cierta prudencia, y antes de realizar dramáticos anuncios sobre efectos drásticos, bucear en la propia normativa a la búsqueda de respuestas y posibles soluciones a los conflictos planteados. A éste respecto, entendemos que el nuevo texto del art. 56 de la LBRL, marca el camino a seguir en relación a la práctica mayoría de las situaciones verificables en los ayuntamientos de España, que vienen desarrollando actuaciones prestacionales en ámbitos competenciales Estatales y/o Autonómicos, que, conforme a ciertos titulares y eslóganes, la nueva norma convertiría en territorio vedado para la intervención de los Municipios.

“La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban.”

En una interpretación racional del citado precepto, la entrada en vigor no supondría, de forma automática, la ilegalidad de cualquier actuación de gasto relativa a competencias impropias, ni mucho menos la nulidad o invalidez de programas y convenios vigentes, por los que se facilitara la participación, técnica, administrativa o económica de los entes locales, en el desarrollo de competencias propias de otros niveles administrativos, siempre y cuando se tratara de actuaciones o prestaciones orientadas al desarrollo de “asuntos de interés común” del ente local y del titular de la competencia.

Este concepto, el de “interés común” es la piedra angular sobre la que, a nuestro juicio debiera pivotar la necesaria acción concertada de revisión, regularización y formalización de la práctica mayoría de las realidades colaborativas entre administraciones en el desarrollo de prestaciones a los ciudadanos, previa a la asunción de decisiones más drásticas.

Sin perjuicio de la poca fortuna del  legislador al ofrecer como cierre a uno de los elementos más polémicos de la norma un concepto jurídico indeterminado no asentado jurisprudencial o doctrinalmente como el de “interés común”, cualquier interpretación que podamos hacer, a primera vista, podría llevarnos razonablemente a entender que, si la ley permite, además del ejercicio de las competencias propias y delegadas, la participación en convenios de colaboración y consorcios reguladores de mecanismos de cooperación técnica, administrativa y financiera entre dos entes administrativos en materias de “interés común”, dicho concepto es más amplio que el de “servicios locales” “competencias propias” o “competencias delegadas”, habilitando la participación de los entes locales en el desarrollo de servicios y competencias propias de otras administraciones, siempre que se verificara un interés propio del municipio en su correcto desarrollo o prestación.

Cabría concluir que, a la vista del artículo, y sin perjuicio del exigente régimen de requisitos que para ambas administraciones supone tanto el propio art. 56 citado (comunicación previa a otras administraciones “interesadas” –seguimos con los conceptos poco claros-, verificación del cumplimiento del principio de estabilidad y justificación razonada de la orientación de la actividad colaborativa a la supresión de duplicidades y racionalidad administrativa), como el general previsto por el art. 57 (el, seguro, más conflictivo requisito de la garantía de la financiación autonómica con cargo a tributos cedidos) las entidades locales estaría habilitadas para conveniar con Autonomías o Administración del Estado, la continuidad en el desarrollo de actuaciones en ejercicio de  competencias propias de éstas últimas, a través de tales convenios, los cuales podrían contemplar –sin más (ni menos) límite que la estabilidad presupuestaria y la verificación previa de la racionalidad y no duplicidad de la actuación desarrollada-, la participación de los entes locales en la financiación de dichas actividades (que otro sentido cabría otorgar a la posibilidad de cooperación “económica”) o en la adscripción a la misma de medios personales o materiales propios, siempre y cuando nos halláramos ante asuntos de interés concurrente con el Municipal.

 

Así mismo, entendemos que ésta posibilidad, obligaría a las entidades locales afectadas, como primer paso, a agotar las vías conveniadas que permitieran “salvar” esas actuaciones, antes de, cómo tanto hemos oído estos días, coger las llaves  y enviarlas a la Consejería competente. Por todo ello, el antes mencionado radical y unívoco efecto de invalidez o nulidad de actos asociado a la entrada en vigor de la norma, entendemos que quedaría fuertemente matizado por la posibilidad de solución analizada, ello no obstante, la aplicación de los anteriores mecanismos de solución requerirá de un grado de diligencia en el cumplimiento de las normas, así como de compromiso, lealtad y esfuerzo por parte de las distintas administraciones ciertamente elevado.

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Formación Ética de las Autoridades y Personal al Servicio de las AA.PP.

La lectura del  brillante (como siempre) análisis de Rafael Jiménez Asensio al respecto del Informe de la Comisión de Expertos para la reforma de la Administración Pública Catalana encargado por la Generalitat (al cual auguramos un glorioso destino en algún cajón, viendo la escasa difusión dada al mismo, salvo en los entornos profesionales), me ha llevado a la reflexión sobre uno de los aspectos que el informe apunta y el analista destaca como imprescindibles ante cualquier reforma administrativa proyectada o previsible, que se pretenda eficaz, claro.

Si bien el gasto en formación del personal y autoridades al servicio de las AAPP (el institucional y el propio) ha sido probablemente una de las primeras partidas sacrificadas por los recortes, las Diputaciones Provinciales y las Escuelas Universitarias de formación en Administración Pública siguen manteniendo sus programas de formación continuada. Un rápido vistazo a los mismos permite constatar un hecho, y es que la ética pública es algo que en éste país se le presupone al servidor público, y que, por lo tanto, no se enseña, ni se entrena.

Hace poco una amiga que ocupa un puesto de responsabilidad en una multinacional del área bio-tecnológica me estuvo enseñando el curso de formación interna que todos los mandos (desde el nivel inferior) reciben cada cierto tiempo en relación a las conductas comerciales legítimas, concretamente me enseñaba el capítulo donde se explicaba que era (y que no) un soborno, desde una perspectiva (no muy especializada pero solvente) comparada, analizando los distintos regímenes legales, y las distintas perspectivas morales y sociológicas (la tradicional contraposición “protestante-centroeuropea” vs “católica-mediterránea”, ¡esa losa!) al respecto de la cuestión.

Mi amiga se cuestionaba la utilidad de ese tipo de formación, “cosas de multinacional, ¡todos sabemos lo que es un soborno!”, decía, aunque yo le respondía que mi experiencia (penal) como abogado, me dice lo contrario.

Si algo puedo decir de buena parte de las personas vinculadas con el sector público a las que he asistido como abogado ante la jurisdicción penal, es que no tenían conciencia delictiva en su actuar, y esa falta de conciencia no es, normalmente, una actitud subjetiva impostada o entrenada (hay de todo, claro), es que muchas de esas personas no tenían conciencia de estar cometiendo un delito al negociar previamente con un contratista posibles condiciones de su contrato, al “montar” un negociado para adjudicarle la obra a un vecino del pueblo, al aceptar esa o aquella gracia de un contratista, o al ser benevolente con el vecino a la hora de no ejecutar esa orden de demolición, y menos aún cuando dicha actuación se producía en resolución de un expediente informado favorablemente -de forma errónea, pero igualmente bienintencionada- por un técnico municipal.

Encuentro dos causas que determinan ésta actitud del responsable político/administrativo:

1º) La primera, es la manifiesta arbitrariedad en que, en la actualidad, se está moviendo la reacción policial, fiscal y judicial ante la “corrupción”, que lleva a un juzgado a abrir diligencias por un delito contra la ordenación del territorio a un promotor y un técnico que ejecutan una obra efectivamente ilegal, en una zona donde había otras 150 viviendas en idénticas condiciones no expedientadas o investigadas, o a la imputación de un equipo de gobierno por prorrogar una serie de contratos menores negociados y concertados por su antecesor -denunciante ahora y excluído de la imputación-. Esta falta de criterio contribuye en muchas ocasiones a la victimización (subjetiva y objetiva, y en algunos casos, completamente justificada) del imputado.

2º) La segunda, y esta sí, la más directamente relacionada al tema de hoy, y directamente imputable a la dejación de la propia administración, el servidor público, en las más de las ocasiones, no conoce en toda su dimensión el régimen regulador de su responsabilidad -no sólo penal- ni, sobre todo, aquellos aspectos éticos que lo informan y que debieran orientar su ejercicio, y que conoce las más veces de una forma parcial y, casi siempre, bebiendo de la opinión e información difundida mediáticamente, tan alejada -al menos, hoy- de lo que debiera ser un análisis técnico, sistemático y fundado.

Esta segunda causa tiene un remedio sencillo -que desgraciadamente ocupará en estos tiempos de presupuestos exiguos, un último puesto en las preferencias del gestor público- la formación, la implementación de programas formativos estables dirigidos a todos las autoridades y funcionarios municipales con responsabilidad decisoria o consultiva de primer nivel, que permitan conocer a quien ejerce la función pública, el alcance de la responsabilidad de su desempeño en toda su dimensión.

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La opinión pública y la reforma local

El pasado verano, pasé las vacaciones en Portugal (algo que recomiendo vivamente) y me sorprendió observar, en muchos pueblos y barriadas, calles, ventanas y balcones llenas con carteles como éste en contra de la extinción de las freguesías portuguesas:

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No sé hasta que punto dichas manifestaciones públicas de defensa del municipalismo respondían a una espontánea iniciativa ciudadana, o a estrategias orientadas desde partidos políticos, sindicatos u otros colectivos, pero por su frecuencia, parecía ser una iniciativa que contaba con respaldo popular, probablemente azuzado por el hecho de que la supresión de entidades locales menores en Portugal ya ha sido efectiva en muchos casos, estando ahora en proyecto que la misma alcance entidades de mayores dimensiones.

La semana pasada una “encuesta” de internet de una radio nacional, manifestaba que el 74% de los oyentes de dicho medio, entendía que el efecto de ahorro de gasto del recorte en el número de concejales era más importante para ellos que la posible perdida de representatividad política, o de beneficio al bipartidismo, que dicha medida generara. La fiabilidad estadística de la “encuesta” es escasa, pero observando mi entorno personal y directo (ajeno a lo profesional) creo que refleja bien a las claras cual es el actual estado de opinión pública al respecto de la cuestión.

Una mayoría social ve en los Municipios (así como en las Mancomunidades o en las entidades locales menores) un problema, una carga, un gasto prescindible, y lo que es peor, ni los partidos políticos mayoritarios ni la propia FEMP, están haciendo algo efectivo para que dicho estado de opinión cambie.

– Los primeros, porque siguen viendo la vida municipal como un campo de batalla ideal para sus “guerras” socio-políticas, lo que lleva a que ésta esté inundada de “mociones “ideológicas” -ajenas en la mayor parte de los casoso al intereses municipales- , de dinámicas políticas que no dejan de ser traslación de las políticas centralizadas de partido(el argumento de la “privatización” como eje de la crítica a la reforma, cuando el problema no es tanto que la reforma privatice, sino que sustraiga la decisión de qué o cuando se privatiza al órgano representativo) de  “auditorías”, denuncias, fiscalizaciones y reclamaciones relativas a la acción de gobiernos pretéritos, conflictos vinculados con la corrupción, y demás cuestiones que, en última instancia, convierten a los Ayuntamientos en fábricas de carnaza “low-cost” (al fin y al cabo el sacrificio de mandos locales es menos costoso que el de los de ámbito autonómico o nacional), para la lucha mediática partidista habitual, que terminan por acallar aquellos, menos frecuentes, posicionamientos de las representaciones locales de los partidos que, saliéndose de las líneas marcadas desde las directivas centrales de sus organizaciones, van orientadas a la satisfacción directa del interés del municipio.

– La segunda, porque tras una entrada esperanzadora (para quien suscribe) en el debate público al respecto, su posición se ha ido desinflando, y lo que es peor, concentrándose en la lucha contra aquellos aspectos de la reforma, que más favorecen la visión social negativa al respecto del mundo municipal, concretamente el tema retributivo, al que la FEMP viene dedicando sus actos de comunicación pública en fechas recientes  de manera recurrente.

Si la descrita es una batalla perdida de antemano, el tiempo lo dirá, pero cabría esperar de los operadores municipales, una mínima lucha por recuperar el crédito perdido sobre la base de aquellos argumentos que sí que pueden calar en la ciudadanía, y que, desde nuestro punto de vista, deberían huir de la generalización (tan efectiva para el descrédito como inútil para la recuperación de éste) e ir al “caso concreto”, explicando al ciudadano qué concretas cosas puede perder con la reforma local.

¿Veremos llenas las plazas de los pueblos de carteles así cuando se proceda a la supresión de las entidades locales menores, o al rescate a favor de las diputaciones de las funciones de Mancomunidades y Municipios?. A día de hoy, bien parece que lo probable sea ver celebraciones en las plazas públicas de lo que a todas luces será, a la larga, una pérdida de democracia real en nuestro país, y un recorte a la parte de la administración de la que más uso efectivo hace el ciudadano medio. En todo caso, para entonces será ya tarde, por lo que si estamos convencidos que en ese sentimiento supuestamente mayoritario hay mucho de error inducido por quien promueve, o consiente, la reforma, estamos ante la última oportunidad para dar un giro de 180º a la situación.