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Formación Ética de las Autoridades y Personal al Servicio de las AA.PP.

La lectura del  brillante (como siempre) análisis de Rafael Jiménez Asensio al respecto del Informe de la Comisión de Expertos para la reforma de la Administración Pública Catalana encargado por la Generalitat (al cual auguramos un glorioso destino en algún cajón, viendo la escasa difusión dada al mismo, salvo en los entornos profesionales), me ha llevado a la reflexión sobre uno de los aspectos que el informe apunta y el analista destaca como imprescindibles ante cualquier reforma administrativa proyectada o previsible, que se pretenda eficaz, claro.

Si bien el gasto en formación del personal y autoridades al servicio de las AAPP (el institucional y el propio) ha sido probablemente una de las primeras partidas sacrificadas por los recortes, las Diputaciones Provinciales y las Escuelas Universitarias de formación en Administración Pública siguen manteniendo sus programas de formación continuada. Un rápido vistazo a los mismos permite constatar un hecho, y es que la ética pública es algo que en éste país se le presupone al servidor público, y que, por lo tanto, no se enseña, ni se entrena.

Hace poco una amiga que ocupa un puesto de responsabilidad en una multinacional del área bio-tecnológica me estuvo enseñando el curso de formación interna que todos los mandos (desde el nivel inferior) reciben cada cierto tiempo en relación a las conductas comerciales legítimas, concretamente me enseñaba el capítulo donde se explicaba que era (y que no) un soborno, desde una perspectiva (no muy especializada pero solvente) comparada, analizando los distintos regímenes legales, y las distintas perspectivas morales y sociológicas (la tradicional contraposición “protestante-centroeuropea” vs “católica-mediterránea”, ¡esa losa!) al respecto de la cuestión.

Mi amiga se cuestionaba la utilidad de ese tipo de formación, “cosas de multinacional, ¡todos sabemos lo que es un soborno!”, decía, aunque yo le respondía que mi experiencia (penal) como abogado, me dice lo contrario.

Si algo puedo decir de buena parte de las personas vinculadas con el sector público a las que he asistido como abogado ante la jurisdicción penal, es que no tenían conciencia delictiva en su actuar, y esa falta de conciencia no es, normalmente, una actitud subjetiva impostada o entrenada (hay de todo, claro), es que muchas de esas personas no tenían conciencia de estar cometiendo un delito al negociar previamente con un contratista posibles condiciones de su contrato, al “montar” un negociado para adjudicarle la obra a un vecino del pueblo, al aceptar esa o aquella gracia de un contratista, o al ser benevolente con el vecino a la hora de no ejecutar esa orden de demolición, y menos aún cuando dicha actuación se producía en resolución de un expediente informado favorablemente -de forma errónea, pero igualmente bienintencionada- por un técnico municipal.

Encuentro dos causas que determinan ésta actitud del responsable político/administrativo:

1º) La primera, es la manifiesta arbitrariedad en que, en la actualidad, se está moviendo la reacción policial, fiscal y judicial ante la “corrupción”, que lleva a un juzgado a abrir diligencias por un delito contra la ordenación del territorio a un promotor y un técnico que ejecutan una obra efectivamente ilegal, en una zona donde había otras 150 viviendas en idénticas condiciones no expedientadas o investigadas, o a la imputación de un equipo de gobierno por prorrogar una serie de contratos menores negociados y concertados por su antecesor -denunciante ahora y excluído de la imputación-. Esta falta de criterio contribuye en muchas ocasiones a la victimización (subjetiva y objetiva, y en algunos casos, completamente justificada) del imputado.

2º) La segunda, y esta sí, la más directamente relacionada al tema de hoy, y directamente imputable a la dejación de la propia administración, el servidor público, en las más de las ocasiones, no conoce en toda su dimensión el régimen regulador de su responsabilidad -no sólo penal- ni, sobre todo, aquellos aspectos éticos que lo informan y que debieran orientar su ejercicio, y que conoce las más veces de una forma parcial y, casi siempre, bebiendo de la opinión e información difundida mediáticamente, tan alejada -al menos, hoy- de lo que debiera ser un análisis técnico, sistemático y fundado.

Esta segunda causa tiene un remedio sencillo -que desgraciadamente ocupará en estos tiempos de presupuestos exiguos, un último puesto en las preferencias del gestor público- la formación, la implementación de programas formativos estables dirigidos a todos las autoridades y funcionarios municipales con responsabilidad decisoria o consultiva de primer nivel, que permitan conocer a quien ejerce la función pública, el alcance de la responsabilidad de su desempeño en toda su dimensión.