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LA ACUSACIÓN POPULAR Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La acusación popular.

El artículo 125 de la Constitución Española, incluido en el Título VI, denominado “Del Poder Judicial”, dispone lo siguiente en relación con la acusación popular:

“Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.”

Debe saber el lector que esta acción popular no es una excepción en el derecho comparado. Se trata, así pues, de una particularidad de la Justicia penal española.

La acusación popular permite que participe en el proceso penal cualquier persona física o jurídica, sin necesidad de ser perjudicado por el delito ni ofendido. No es preciso invocar un interés legítimo de ningún tipo en la causa, sino que se comparece “en defensa de la legalidad”.

Como decía, están legitimados para concurrir como acción popular todos los ciudadanos españoles (aunque no los extranjeros), las personas jurídicas, y también el Ministerio Fiscal (tal y como prevén los artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

De acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque no se encuentra bajo la rúbrica de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, la acción popular sí se configura como un derecho que puede ser objeto de amparo constitucional conforme por tratarse de una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE.

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Los partidos políticos.

Uno de los actores que más habitualmente ejercen la acusación popular en nuestro país son los partidos políticos.

En estos casos, lo que en principio puede resultar una actividad beneficiosa para el interés público (colaborar con el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares en la investigación y persecución de ilícitos penales), a menudo presenta lo que podríamos denominar, benévolamente “conflicto de intereses”.

Y ello, porque los partidos políticos tienen como obvia y legítima aspiración alcanzar el poder para aplicar sus programas de gobierno, para lo cual es evidente que el desgaste del adversario político es una práctica habitual.

Ocurre que como es evidente el interés público en un proceso penal (la investigación y esclarecimiento de posibles delitos), puede no coincidir precisamente con los legítimos y muy respetables intereses políticos de aquellos partidos políticos que ejercen la acusación popular.

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El problema.

Este hecho se ve agravado en aquellos casos, habituales en la actualidad, en los que la representación letrada de los partidos políticos que ejercen las acusaciones populares está a cargo de abogados que forman parte de la dirección de aquellos partidos. Pensemos por ejemplo en el conflicto de intereses evidente que surge para un letrado que representa a un partido político como acusación popular en una causa penal, pero simultáneamente es un dirigente de aquel partido. No parece descabellado intuir alguna situación en la que el interés del partido consista en la prolongación, ampliación, difusión y/o exageración de la entidad de la causa penal, y el interés público aconseje caminar en la dirección opuesta, esto es, hacia el archivo del caso.

Pues bien, por desgracia esta perversa situación acontece a diario en nuestros Juzgados y Tribunales. Les insto a verificarlo.

Me parece obvio que la solución no pasa exclusivamente por separar la figura del dirigente político de la del abogado del partido que ejerce la acusación popular. Aunque debería ser una pauta de conducta obligatoria, opino que se trata más de un parche que una solución a largo plazo. Porque como habrá intuido el lector, no hace falta ser dirigente de un partido político para conocer los intereses del mismo en una causa.

Hace unos meses, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, manifestó que los partidos políticos no deberían ejercer la acusación popular en las causas porque contribuye a “politizar” la Justicia. Aclaraba Lesmes que a su modo de ver, los partidos usan la información del proceso y la propia acción “no para buscar la verdad y hacer justicia, sino para desgastar al adversario”.

En atención todo lo expuesto entiendo que ha llegado el momento de rediseñar la figura de la acusación popular limitando su utilización a aquellos que, en puridad, anhelen colaborar con el interés público. Coincido en definitiva con las manifestaciones anteriormente reproducidas: los políticos no deberían ejercer la acusación popular. No está en su naturaleza y demasiado a menudo distorsionan el funcionamiento de esta figura.

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Reflexiones sobre la Responsabilidad Penal de los Secretarios de Ayuntamiento.

Aunque el tema del alcance y límites de las funciones de la Secretaría del Ayuntamiento, haya sido ya tratado con detenimiento -y mayor acierto- por otros (véase el artículo de Rodrigo Ortega Montoro), una reciente experiencia personal de quien suscribe en relación a una sentencia condenatoria en Primera Instancia, pendiente de Apelación, a un Secretario-Interventor me ha llevado a plantearme la necesidad y pertinencia de la reiteración, en el espacio público de la opinión, de reflexiones como las que contiene esta entrada.

En los últimos años, la actualidad municipal se ha visto salpicada por las operaciones policiales frente a presuntas tramas de corrupción vinculadas a Ayuntamientos.  Tales operaciones se han venido repitiendo, de forma recurrente, desde la ya lejana Operación “Malaya”, primer y paradigmático ejemplo de lo que se presentó como una nueva “política criminal” del Estado frente a la corrupción administrativa y fundamentalmente a la generada en los Ayuntamientos. Dichos cambios en la política criminal, sin embargo, no se han caracterizado por una redefinición (salvo respecto a las penas) del marco jurídico penal de la administración, ni por una mejora cualitativa y cuantitativa de los equipos dedicados a su persecución, sino que ha tenido como principal, y me atrevería a decir, única, novedad, la introducción de un elemento de espectacularidad y excepcionalidad en las formas de su persecución (con especial incidencia en el recurso a la detención y la entrada y registro, frente a la citación y requerimiento, como mecanismos ordinarios para la práctica de diligencias de investigación), frente a un status anterior que, sin implicar tolerancia (baste ver los repertorios jurisprudenciales) ni especial laxitud, si que venía condicionado, en sus formas, por un cierto respeto institucional (dedicaremos futuras entradas a reflexionar sobre la casualidad o causalidad de la relación entre éste cierto “exhibicionismo penal” frente a los Ayuntamientos,  la forja del actual estado de opinión negativo respecto al mundo municipal, y las actuales propuestas de “recorte” de la administración municipal en favor de otras entidades administrativas tan lejanas a los ciudadanos como próximas a los órganos de decisión central y territorial de los -algunos- partidos).

Pues bien. En éstas operaciones, ha venido siendo nota característica la presencia, entre la relación de detenidos, de la persona titular del puesto de Secretario del Ayuntamiento. Sorprende, sin embargo, que, con idéntica frecuencia (no sin notorias excepciones), la participación delictiva que a estos se reputa haya venido vinculada, en relación a la prevaricación o a la malversación de caudal, no tanto a una intervención material directa en los actos que se reputan delictivos, sino a participaciones de orden omisivo vinculadas a un deficiente o insuficiente ejercicio por su parte de las tareas de control jurídico que le vienen atribuidas respecto a las actuaciones de los órganos de gobierno.

Así, no es infrecuente, leer notas de prensa en las que, por cita o referencia al contenido de las actuaciones procesales se relacionaba la detención del Secretario Municipal con la omisión de sus deberes de control jurídico, existiendo incluso menciones a la omisión de una supuestamente debida “advertencia de ilegalidad”.

La advertencia de ilegalidad, presente en  la Base 44 de la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local -“Los Secretarios (…) están obligados a advertir a las Corporaciones de las manifiestas infracciones legales en que puedan incurrir con sus actos y acuerdos”- fue suprimida en la vigente Ley de Bases de Régimen Local, reduciéndose las funciones del Secretario, en la actualidad, a las reguladas por la D.A.2ª de la Ley7/2007  del Estatuto Básico del Empleao Público, esto es “fé pública y asesoramiento legal preceptivo“.

Por resuelta e indiscutida que la cuestión pueda parecer en el ámbito administrativo, resulta necesario recordar e insistir en la vigencia de éste régimen jurídico y rechazar la general aceptación de la pretendida condición, atribuida al respecto de la Secretaría Municipal, de garante último y único de la regularidad jurídica de los actos de la Corporación. Resulta necesaria la prevención de que dicha condición sea asumida como cierta e indiscutible por las representaciones del Ministerio Fiscal al cargo de dichas investigaciones, y lo que es más grave, por los órganos jurisdiccionales -incluso en la fase de enjuiciamiento-, pudiendo llevar al dictado de condenas por prevaricación ante supuestos actos de participación criminal no realizados en condición de autor, por parte del Secretario Municipal, en expedientes en los que éste había intervenido única y exclusivamente plasmando su firma como fedatario junto a la Alcaldía.

No pretende esta entrada rebajar la trascendencia y entidad de las funciones de control jurídico de la Secretaría Municipal, ni por supuesto excusar conductas omisivas o conscientemente ignorantes frente a desmanes jurídicos de la autoridad, pero no está de más recordar la tantas veces olvidada en éstos casos, subsidiariedad de la vía penal, que, unida a la, no menos marginada, vigencia del principio de presunción de inocencia, debería convertir en imprescindible la existencia, para fundar una condena por prevaricación -y digo más, la mera imputación- de prueba directa y efectiva, no sólo respecto al cargo ostentado por el acusado, y a la existencia de una resolución arbitraria (no meramente injusta), sino también respecto del control efectivo que el sujeto activo funcionario, no autor directo de un acto administrativo, puediera haber tenido respecto a la emisión del acto que integra el elemento objetivo de la prevaricación.

El régimen vigente de atribuciones de la Secretaría Municipal, y las limitaciones que a su capacidad de control sobre el expediente tiene la restricción del Asesoramiento Jurídico a las materias en que la Ley lo disponga con caracter preceptivo, deberán por tanto ser objeto de expresa valoración cuando lo que se pretenda sea imputar (o aún más condenar) a un funcionario público por una actuación administrativa injusta, arbitraria (y consciente al respecto de ésta condición) de la que, administrativamente NO ES AUTOR; debiendo, para ser ello posible, alcanzarse la conclusión indubitada de que la actuación administrativa se produjo, precisamente, gracias a la intervención activa u omisiva (respecto a un deber preceptivo de informe) del Secretario en el expediente, pues lo contrario implicaría aceptar al respecto del Secretario Municipal una condición, la de titular del Control de la Legalidad de las actuaciones municipales, que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente, NO LE CORRESPONDE.