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REMUNICIPALIZACIÓN Y LEY DE PRESUPUESTOS. PRIMERA SENTENCIA INTERPRETANDO LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 26ª DE LA LEY DE PRESUPUESTOS.

La Disposición Adicional 26ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, ha dado bien pronto la cara en cuanto a conflictos en su aplicación, y lo ha hecho además en un supuesto de indudable actualidad, el proceso de remunicipalización del servicio de Agua del Ayuntamiento de Valladolid.

La citada disposición, prohíbe la incorporación a las plantillas de empleados públicos, de empleados procedentes de servicios externalizados, aunque declara que dicha prohibición se establece sin perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores.

Como cabía esperar de su lectura inicial, el precepto empieza a mostrar pronto la imposibilidad práctica en su aplicación generando un primer pronunciamiento judicial que le niega efecto alguno, si bien el mismo es tan críptico como la disposición objeto de interpretación.

 

La Sentencia nº 150/17 del JCA nº 3 de Valladolid.

Así, dispone el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Valladolid, en su Sentencia nº 150/17 de 14 de noviembre, en la que resuelve la impugnación por parte del Ministerio de Hacienda de los acuerdos de “remunicipalización” del Servicio de Agua del Ayuntamiento de Valladolid, entre otras muchas cuestiones, que la vigencia de la citada disposición no impide la aplicación de la sucesión de empresas a favor (en aquel caso) de una empresa municipal, y que tampoco lo haría si la sucesora fuera la propia administración.

Hasta aquí lo obvio.

Pero cómo resolver la aparente contradicción de términos (prohibición de contratación que respete derechos laborales) es algo a lo que la Sentencia no acierta a dar adecuada respuesta.

 

Así, el Juzgado afirma que lo que prohíbe la D.A. 26ª es “que ese personal pueda ser considerado empleado público en los términos del art. 8 del EBEP“, pero no la existencia de “una relación júrídica con el sujeto que sucede en la actividad anterior, ya sea una Administración y otra entidad de derecho público, aunque nunca, porque lo prohíbe expresamente la Disposición Adicional, será la propia de un empleado público en los término del art. 8 del Estatuto Básico.”

¿Y a qué tipo de relación jurídica aparte de las previstas por el art. 8 se refiere el Juzgado? Ahí ya cada uno que se las componga pues el art. 8 del TRLEBEP, determina que son empleados públicos “quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales”, categoría en la que luego entran todos los tipos previsibles de relación jurídica de dependencia, funcionarial, laboral o eventual, fija, indefinida o temporal.

Quizá la salida a que apunta el juzgado sea recurrir al contrato administrativo de servicios, como falsos autónomos. Permítase la broma.

 

 

 

 

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Contratación de Personal en la Ley de Presupuestos 2017 (I)

Con la aprobación de la Ley de presupuestos, que esta anualidad se ha retrasado hasta finales de junio, llega el tan esperado por las Administraciones Locales (responsables del grueso del ajuste en las AAPP –mayor o menor según el experto que se consulte- en materia de personal y por ello, asfixiadas muchas veces en su capacidad de gestión por la falta de personal), régimen jurídico-presupuestario de la contratación de personal en el sector público, contenido en el art. 19 de la Ley, que este año, viene con sustanciales modificaciones respecto a anualidades anteriores, algunas de las cuales, tendrán un previsible efecto en el ámbito de la contratación de personal (¿recuerdan la D.T. 4ª del TRLEBEP? pues vayan desempolvando sus estudios al respecto). Vamos a ir desgranando los diversos apartados del precepto a lo largo de dos entradas.

Tasa de reposición 100/50. Sectores preferentes.

Sin alteraciones sustanciales ni en el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación, ni en cuanto a la general exigencia de respeto a las disponibilidades presupuestarias, las principales novedades estriban en los sectores incluidos en la relación de que puedan beneficiarse las entidades locales:

  • Se mantienen en la lista, Policía Local, prevención y extinción de incendios, control y lucha contra el fraude fiscal, de subvenciones públicas y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos, asesoramiento jurídico y gestión de recursos públicos.
  • Lo interesante, sin embargo, viene en los últimos apartados, orientados a dar satisfacción a las necesidades generadas durante estos años y suplidas con el recurso a la contratación temporal, en las siguientes áreas:
    • O) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.
    • P) Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo.
    • Q) Plazas de seguridad y emergencias.
    • R) Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio de transporte público.
    • S) Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.

En los restantes sectores no incluidos, la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.

Cálculo de la Tasa. Reconocimiento a los Indefinidos no Fijos.

Respecto al cálculo de la tasa de reposición, se mantiene la referencia “interanual” de su cálculo, estableciendo una casuística de las situaciones administrativas que computan a los efectos de la tasa. Lo más trascendente de esta parte del apartado 1 viene al final, cuando se definen las plazas excluidas del límite máximo, puesto que se añaden a las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial, en lo que supone el primer reconocimiento legislativo de esta figura, cuyo encaje presupuestario en estos años de restricciones había generado tantos calentamientos de cabeza.

 

Dicho reconocimiento supone igualmente la resolución de otra cuestión debatida, cual era la viabilidad del reconocimiento en vía administrativa de dicha condición, forzando –de forma ciertamente incomprensible en muchos de los casos donde la administración tendrá la certeza de su condena desde el primer momento- su declaración por vía judicial. Pero a esto se añade otro efecto, las administraciones ya no podrán excusar la provisión definitiva de los puestos en las restricciones presupuestarias, pues todas aquellas plazas que estén cubiertas por personal con esa condición declarada por Sentencia, podrán ser objeto de provisión definitiva sin afectar al cómputo general de la tasa.

 

Hasta aquí la primera parte de nuestra entrada, novedades muy sustanciales en lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero como en las buenas series de TV, estén atentos porque lo que vendrá en la segunda entrada les va a dejar con el culo pegado al asiento hasta el final. Mañana más.