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LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

 

 

 

La nueva ley de contratos del sector público ya es una realidad.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018, de modo que dedicaré esta entrada a efectuar un breve anticipo de las principales novedades que incorpora.
Estos son algunos apuntes preliminares que os pueden resultar de interés para familiarizaros con el texto:
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1.- La nueva ley nace con dos objetivos principales, reconocidos por la propia norma: lograr una mayor transparencia, y conseguir una mejor relación calidad precio.
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2.-Respecto a la mejora de la calidad-precio, la nueva ley obliga a los órganos de contratación a procurar que los criterios de adjudicación permitan obtener obras y servicios de calidad. (Fácil de decir, no tan sencillo de hacer).
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3.-El texto legal se auto impone como obligación la simplificación de los procedimientos y la reducción de la burocracia.
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4.-La disposición final duodécima aclara que las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. En otras palabras, que no son tributos. No se pueden considerar ni tasas, ni precios públicos.
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5.-La nueva ley incorpora lo que denomina “normas más estrictas” en materia de ofertas anormalmente bajas. Se han detallado algunos criterios, es cierto, como la referencia expresa a las obligaciones medio ambientales, sociales y laborales. ¿Norma más estrictas? No me lo parecen en principio. Más detallada, sí.
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6.-Los importes del contrato menor en la nueva Ley de Contratos del Sector Público varían a la baja: Obras: 40.000 euros. Servicios y suministros: 15.000 euros.
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7.-La publicación de la información sobre los contratos menores puede hacerse trimestralmente. Y no es obligatoria para contratos de menos de 5.000 euros cuyo sistema de pago sea el de anticipo de caja fija.
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8.-Desaparece el tradicional contrato de gestión de servicios públicos. Se sustituye por el nuevo contrato de concesión de servicios.
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9.-En la nueva Ley de Contratos, lo que distingue a los contratos de servicios del nuevo contrato de concesión de servicios es QUIÉN asume el “riesgo operacional”. En el primer caso lo asume la Administración, y en el segundo caso, el riesgo lo asume el contratista.
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10.-La ley sigue el esquema creado por la anterior regulación de 2007, que establece como uno de los ejes de la aplicación de la Ley el concepto de poder adjudicador, que se impone como consecuencia de la incorporación al derecho español de la anterior Directiva comunitaria de 2004.
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11.-También continúa la importante distinción entre los contratos sujetos a regulación armonizada y aquellos que no lo están, basada en la superación de ciertas cuantías económicas, o umbrales comunitarios
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12.- Los contratos de obras, suministros y servicios celebrados en el ámbito de la Defensa y seguridad siguen rigiéndose por su propia ley específica. Sin embargo, los de concesión de obra y concesión de servicio en estas materias, sí que están sometidos a la LCSP.
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13.-La nueva #LCSP amplía el ámbito del recurso especial en materia de contratación: Ahora: obras, concesiones de obras y de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones y contratos de servicios y de suministros cuyo valor supere los cien mil €
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14.-Dicho recurso especial se puede interponer contra los anuncios de licitación, pliegos, documentos contractuales que establezcan las condiciones de contratación, algunos actos de trámite, acuerdos de adjudicación, modificaciones contractuales,y acuerdos de rescate de concesiones.
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15.-El artículo 64 de la nueva #LCSP define y desarrolla la situación de conflicto de intereses e impone la obligación de cualquiera que conozca estas situaciones, de ponerlo en conocimiento del órgano de contratación: “cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación”.
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16.-La nueva ley ha revisado y modificado conceptos como «cuantía» o «importe del contrato», reconduciéndose en la mayor parte de los casos al concepto de «valor estimado» del contrato, que es el idóneo. Básicamente se trata de reducir confusión.
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17.-Los artículos 100, 101 y 102 regulan y definen con precisión, respectivamente, los conceptos de presupuesto base de licitación, valor estimado del contrato y precio del contrato.  revisión de precios en los contratos públicos, a lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo , de desindexación de la economía española, de manera que la revisión de precios no se hará con índices generales, sino en función de índices específicos, que operarán a través de fórmulas que reflejen los componentes de coste de la prestación contratada.
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18.-Se introducen novedades respecto a la revisión de precios en los contratos públicos, adaptándo su regulación por completo a lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, de manera que la revisión de precios no se hará con índices generales, sino en función de índices específicos, que operarán a través de fórmulas que reflejen los componentes de coste de la prestación contratada.
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19.-La nueva #LCSP incorpora la regulación de las consultas preliminares del mercado, con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los operadores económicos.  Artículo 115.
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20.-En materia de declaración responsable se impone el formulario de documento europeo único de contratación aprobado por la Unión Europea. Artículo 141.
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21.-Una de las principales novedades de la #LCSP es que introduce un nuevo procedimiento de adjudicación denominado “asociación para la innovación”. Artículo 177.
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22.-Se crea la figura del procedimiento abierto simplificado (hasta unos umbrales determinados). Pretende ser un procedimiento muy ágil para poder adjudicar el contrato plazo de un mes desde que se convocó la licitación. Todo un acierto en principio.
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23.-La regulación de las modificaciones contractuales es muy detallada y precisa respecto a los supuestos en los que cabe. Artículo 203 y siguientes.
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24.-Desaparecen las “famosas” instrucciones de contratación de los poderes adjudicadores que no tengan condición de Administración Pública.
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25.-Se crea la Oficina de Supervisión de la Contratación. ¿Su función?: Coordinar la supervisión en materia de contratación púbica de los poderes adjudicadores del conjunto del sector público. Las CCAA pueden crear sus propias oficinas, y están facultadas para dar traslado a la Fiscalía de los hechos que tenga conocimiento y que puedan ser constitutivos de delito.
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26.-Interesante extensión del ámbito subjetivo de aplicación de la norma: se incluyen los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las empresariales, así como las fundaciones y asociaciones vinculadas a a ellos siempre que cumplan determinadas circunstancias y respecto de los contratos sometidos a regulación armonizada.
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27.- Entre las medidas llamadas a luchar contra el fraude y la corrupción, y fomentar la transparencia en los contratos destaca la supresión del supuesto de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía.
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28.-Todos los contratos adjudicados por las entidades del sector deben inscribirse en el Registro de Contratos del Sector Público.
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Ricardo Fernández Puche.
Especialista en Derecho Administrativo.

 

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PUBLICADA EN EL BOE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Hoy ha sido publicada en el BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Es el momento para el estudio y el análisis de una nueva ley de contratos que trae causa de las las tres nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación:

  • Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública;
  • Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión
  • Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales

La Ley tiene por objeto la trasposición de las dos primeras mientras que la tercera quedará para una futura ley especial. Dedicaremos esta primera entrada al respecto de la nueva ley, a analizar los que se predican son los tres principios rectores de la reforma.

Transparencia

La nueva ley de contratos se enmarca en la general estrategia de mejora de la transparencia administrativa, siendo declarados pilares de la nueva ley el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad e integridad.

Calidad-Precio

Ya desde su exposición de motivos, indica la ley en que es uno de sus mayores Giros Copernicanos en la regulación Contratación Pública, al desplazar el criterio básico de adjudicación de contratos de la conveniencia económica a la mejor relación calidad-precio. La ley no desprecia como regla de referencia la eficiencia económica, pero -al menos de boquilla, veremos luego en lo sustantivo- pone en el frontispicio del sistema de contratación, la mejora de las condiciones en las licitaciones públicas, estableciendo cautelas para que el precio no perjudique los derechos sociales de los trabajadores, o las obligaciones medioambientales, ni en última instancia la calidad de los servicios. Señala, por último, como OBLIGACIÓN la implementación de criterios de adjudicación que permitan la obtención de obras, suministros y servicios “de Gran Calidad”, objetivo general que se pretende lograr mediante la inclusión entre los criterios de valoración de aspectos “cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores” vinculados al objeto del contrato.

Simplificación

Un escalón por debajo en la prelación de principios básicos rectores de la reforma se encuentra la Simplificación administrativa, dictándose la ley en un intento de mejora de la claridad de las reglas contractuales y en última instancia de la Seguridad Jurídica. Este principio básico tiene como objeto confeso, mejorar el acceso a la contratación pública de las PYMES.

 

En futuras entradas analizaremos detalladamente algunas de las novedades más destacadas de la Nueva Ley de Contratos.

 

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EXPLOTACIONES PÚBLICAS DEFICITARIAS

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En los últimos tiempos se suceden las noticias sobre infraestructuras y servicios públicos cuyo mantenimiento o explotación resulta claramente deficitaria. Se trata de aparcamientos públicos, pabellones, autopistas, piscinas y/o cualquier otro tipo de infraestructuras públicas que podamos imaginar que, ya sea por la crisis económica que ha azotado nuestro país, ya sea por su propia naturaleza deficitaria, sencillamente no resultan rentables.

En algunas ocasiones estas infraestructuras acaban siendo abandonadas por los concesionarios y contratistas encargados de su gestión y explotación, y terminan revirtiendo en la Administración. Sin ir más lejos acabamos de conocer que el Ministerio de Fomento ya reconoce abiertamente que el Estado se quedará finalmente con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación, se alcance o no acuerdo con los bancos acreedores de las vías, que soportan una deuda aproximada de unos 3.400 millones de euros. Nada menos.

Parece obvio que, en principio, no resulta deseable la proyección y ejecución de infraestructuras cuya explotación no atiende a criterios de rentabilidad económica. Sin embargo, no debemos olvidar que el objetivo superior del funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas no es tanto su rentabilidad (que resulta en realidad una garantía de supervivencia), como la consecución del interés público. Y ese interés público puede traducirse en ocasiones en la implantación de un servicio o infraestructura reconocida y abiertamente deficitaria.

Atendido lo anterior, he considerado interesante hacer un breve repaso normativo que nos permita determinar si la construcción y gestión este tipo de explotaciones naturalmente deficitarias está permitida, prevista, amparada o regulada de cualquier modo en nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de la Administración Local. Y más aún, en estas breves líneas, y de forma resumida, pretendo responder a la pregunta de si resulta legalmente admisible el funcionamiento de estas explotaciones mediante el otorgamiento de una subvención pública de la Administración titular de la misma. Y la respuesta, para sorpresa de algunos, es claramente afirmativa.

En primer lugar es obligado citar el artículo 129.4 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que dispone lo siguiente:

–        “Si como forma de retribución, total o parcial, se acordare el otorgamiento de subvención, ésta no podrá revestir la forma de garantía de rendimiento mínimo ni cualquier otra modalidad susceptible de estimular el aumento de gastos de explotación y, en general, una gestión económica deficiente por el concesionario y el traslado de las resultas de la misma a la Entidad concedente.”

También resulta interesante para el supuesto que nos ocupa lo dispuesto en el artículo 127.2.2.b) del citado RSCL que permite la revisión de las tarifas, e incluso la subvención por parte de la Administración al concesionario, cuando, aun sin mediar modificaciones del servicio, surjan circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que determinen, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión:

  1. b) Revisará las tarifas y subvención cuando, aun sin mediar modificaciones en el servicio , circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión.

Así mismo, en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público encontramos una previsión y un sustento jurídico no sólo para la existencia de explotaciones natural y originariamente deficitarias, sino también para la existencia de subvención por parte de la Administración titular de la misma. Acudimos en este caso al artículo 281.1 del citado texto legal, que detalla lo siguiente:

  1. El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración.

Lo anterior supone, por tanto, que nuestro ordenamiento jurídico no sólo permite sino que contempla con absoluta normalidad que la contraprestación del concesionario sea sólo el precio satisfecho por el usuario del servicio, sólo un precio contractual abonado por la Administración concedente, o bien una combinación de ambos, un sistema mixto, cuando el precio de los usuarios es “subvencionado” por la Administración.

Lo anteriormente expuesto no supone que el concesionario no asuma ningún riesgo operacional. Al contrario. Si algo debe caracterizar estos contratos es que el “riesgo y ventura” corresponde al contratista. Pero ello no impide que si la Administración conoce que los gastos de la explotación resultan superiores a los ingresos, pueda establecer una subvención al déficit de la explotación. Porque lo que señala, por ejemplo, el citado artículo 129 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales es lo siguiente: “En todo caso, la retribución prevista para el concesionario deberá ser calculada de modo que permita, mediante una buena y ordenada administración, amortizar durante el plazo de la concesión el costo de establecimiento del servicio y cubrir los gastos de explotación y un margen normal de beneficio industrial”.

Este tipo de supuestos, la Administración titular del servicio o la infraestructura, para calcular la retribución del concesionario incluirá en su “ecuación” no sólo el costo del establecimiento del servicio, los gastos y los ingresos, sino que además podrá utilizar la figura de la subvención para alcanzar el margen normal del beneficio industrial. ¿Dónde se sitúa entonces el riesgo y ventura empresarial en estos casos? Pues en el cumplimiento, mejora o empeoramiento de los estos resultados previstos por la Administración licitadora.

Plan de pago a proveedores: reclamación posterior de intereses.

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El 25 de febrero de 2012 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Se trata del comúnmente conocido como PLAN DE PAGO A PROVEEDORES.

 El mencionado Real Decreto-ley tuvo por objeto habilitar las condiciones necesarias para permitir la cancelación por entidades locales de obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios.

En concreto, para poder ser incluidas en el mecanismo de financiación, las obligaciones pendientes de pago a los contratistas debían reunir todos los requisitos siguientes:

a) Que fueran obligaciones vencidas, líquidas y exigibles.

b) Que la recepción, en el registro administrativo de la entidad local, de la correspondiente factura, factura rectificativa en su caso, o solicitud de pago equivalente hubiera tenido lugar antes del 1 de enero de 2012.

c) Que se tratara de contratos de obras, servicios o suministros incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

       

Al mecanismo creado por el Real Decreto-ley 4/2012 se acogieron una gran cantidad de entidades locales con graves problemas de liquidez por la profunda crisis económica que azotaba nuestro país en esa fecha, cuyos efectos todavía perduran. Así mismo, al mecanismo se adhirieron voluntariamente todo tipo de proveedores que venían sufriendo retrasos e impagos de distintas Administraciones y que, en muchos casos, ponían en riesgo su propia supervivencia y viabilidad.

El juicio crítico que cabe hacer del instrumento de financiación es, por tanto, positivo.

 En fechas recientes, algunos de estos proveedores que se acogieron al mecanismo implementado por el RD-Ley 4/2012 han formulado reclamaciones a las entidades locales, exigiéndoles el pago de los intereses de demora derivados del pago tardío de las facturas.

A la vista de las citadas reclamaciones, es preciso traer a colación el artículo 9 del citado texto legal, que establecía las consecuencias y los efectos derivados del abono de las obligaciones pendientes de pago a través del mecanismo implementado por el propio Decreto-ley. Su tenor literal es el que se reproduce a continuación:

“Artículo 9.    Efectos del abono de las obligaciones pendientes de pago

1. Los contratistas que figuren en la relación prevista en el art. 3 y aquellos que tengan derecho al cobro de acuerdo con el art. 4, podrán voluntariamente hacerlo efectivo mediante presentación al cobro en las entidades de crédito.

2. El abono a favor del contratista conlleva la extinción de la deuda contraída por la entidad local con el contratista por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios.

3. Las entidades de crédito facilitaran a las entidades locales y al contratista documento justificativo del abono, que determinará la terminación del proceso judicial, si lo hubiere, por satisfacción extraprocesal de conformidad con lo señalado en el art. 22.1 de la Ley 1/2001, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”.

 El apartado segundo resulta, a mi juicio, absolutamente esclarecedor de la voluntad del legislador: el abono de la deuda conlleva la extinción de la misma, incluyendo los intereses, las costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios. Por tanto, no procede el pago de los intereses reclamados.

Algunos de los proveedores reclamantes, a pesar de reconocer la literalidad del artículo 9 anteriormente citado, consideran que la norma constituye una práctica abusiva contraria a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Así mismo, se ha argumentado que la norma se opone a lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2001/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad.

Respecto a la primera cuestión, entiendo que debe ser rechazada a la vista, precisamente, de lo previsto en el artículo 9 al que ya nos hemos referido. El apartado primero contiene una previsión expresa sobre la voluntariedad para los contratistas del mecanismo implementado por el Decreto-ley 4/2012: “(…) podrán voluntariamente hacerlo efectivo mediante presentación al cobro en las entidades de crédito”.

Difícilmente admisible resulta, en mi opinión, predicar la presunta naturaleza abusiva de un práctica a la que el contratista se acogió, voluntaria y libremente, con plena información sobre condiciones y consecuencias previstas para el abono de la deuda.         Dicha pretensión resulta, así mismo, contraria a la doctrina de los actos propios, definida por Díez-Picazo en los siguientes términos:

“venir –o contravenir– contra el hecho propio significa tratar de alguna manera de destruir el efecto producido por este negocio jurídico que uno ha celebrado y, en particular, intentar o formular alguna acción dirigida a destruir esta eficacia. También puede significar una conducta tendente, no a destruir lo hecho, sino simplemente a desconocerlo…”;

Citaré, en este sentido, por su interés la sentencia 73/1988, de 21 de abril del Tribunal Constitucional:

“la llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum propium surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos”.

Igualmente el Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de octubre de 1995:

“es reiterada doctrina de esta Sala (Sentencias 5-10-87,  16-2 y  10-10-88;  10-5 y  15-6-89;  18-1-90;  5-3-91;  4-6 y  30-12-92; y  12  y  13-4 y  20-5-93, entre otras) la de que el principio general del derecho que afirma la inadmisibilidad de venir contra los actos propios, constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, como consecuencia del principio de buena fe y, particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento coherente, siempre que concurran los requisitos presupuestos que tal doctrina exige para su aplicación, cuales son que los actos propios sean inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una determinada situación jurídica afectante a su autor, y que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o una contradicción según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior.”

Finalmente, respecto a la supuesta vulneración del artículo 7 de la Directiva 2001/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad, hay que indicar que su plazo de trasposición finalizó el 16 de marzo de 2013, siendo traspuesta por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre. Y sobre la aplicabilidad de la Directiva y su relación con el Real Decreto-ley 4/2012, ha tenido la ocasión de pronunciarse de forma contundente y aclaratoria, por ejemplo, el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 6 de Valencia en Sentencia de 24 de noviembre de 2014, detallando que:

 “…Las Directivas europeas, el Tribunal de Justicia entiende que tienen dicho efecto directo, al objeto de proteger los derechos de los particulares cuando sus disposiciones son incondicionales y suficientemente claras y precisas (…). Sin embargo, el efecto directo sólo puede ser de carácter vertical y únicamente es válido si los Estados miembros no han transpuesto la directiva en los plazos correspondientes. En este caso, tenemos que, si bien el legislador promulgó la Ley 17/14, de 30 de septiembre, donde se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, donde se modifica el párrafo final del artículo 9 de la Ley 3/04, de lucha contra la morosidad, donde se declara de forma meridiana como nulas las cláusulas y prácticas que excluyan el cobro de intereses y costes de cobro, sin embargo se mantiene la redacción originaria del artículo 9 del RDL 4/12 de 24-2, sobre procedimiento de pago a proveedores…”.

Precisamente en este sentido cabe añadir para terminar este artículo, que recientemente hemos conocido que la Abogada General de la UE también considera que el Plan de Pago a Proveedores es compatible con las directivas europeas.

Efectivamente, en línea con lo defendido en el procedimiento por el Reino de España, propone al Tribunal de Justicia de la UE que responda al Juzgado de Murcia que lo que establece por el Plan de Pago a Proveedores del Gobierno de España no se opone a la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en particular, su artículo 3, apartado 3, así como laDirectiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en particular su artículo 7, apartados 2 y 3.

La Abogada General recuerda en el escrito de conclusiones presentado el 12 de mayo de 2016, que el mecanismo de financiación preveía el pago “acelerado” del principal adeudado por una Administración Pública siempre que el acreedor renunciara a su derecho al pago de los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro. Dado que la adhesión al citado mecanismo era voluntaria por parte del acreedor, éste podría optar por no sumarse al mismo y conservar así su derecho a recibir intereses de demora y una compensación por los costes de cobro.

En el escrito de conclusiones presentado en mayo de 2016 ante el Tribunal de Justicia de la UE, la Abogada General señala que, aunque el representante de la Comisión Europea argumentó que, en cierto modo, el mecanismo no era voluntario y que, de hecho, los acreedores no tenían elección, tal alegación resulta “infundada” teniendo en cuenta que el Gobierno español ha aclarado que “todos los acreedores que optaron por no adherirse al mecanismo ya han recibido efectivamente el pago íntegro”.