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Contratación de Personal en la Ley de Presupuestos 2017 (y II). Relajación en los requisitos para contratación de interinos.

Las novedades en el régimen de contratación de personal por las administraciones siguen con la denominada “tasa adicional para estabilización de empleo temporal”. Esta “tasa adicional” ampara, dentro de las áreas preferentes, la provisión definitiva de hasta el 90% de las plazas que, dotadas presupuestariamente, hubieran estado cubiertas por interinos o personal laboral temporal, durante los 3 años anteriores a 31 diciembre de 2016.

A esta tasa adicional se añade la “revitalización” de la D.T. 4ª del TRLEBEP, posibilitando así el recurso a procesos de consolidación de empleo temporal sin que ello afecte a las limitaciones derivadas de la tasa de reposición. La efectividad de ésta medida quedará muy matizada al mantener el mismo límite temporal, 1 de enero de 2005, de la disposición original. No se introduce novedad o matiz al régimen original. Por lo tanto, las AAPP podrán organizar procedimientos de consolidación de empleo temporal con idénticas ventajas a las reconocidas en su día para los interinos que vengan desempeñando los puestos objeto de provisión (fundamentalmente, la simplificación en la fase de oposición y la valoración en sede de concurso de la experiencia específica adquirida en el desempeño del puesto). 

Los demás apartados básicos, 5 y 6, relativos a la obligatoriedad de la OEP y la posibilidad de acumular tasa procedente de sectores preferentes, se mantienen en su redacción.

Reducción de requisitos a la contratación de interinos y personal laboral temporal

 

Dejamos para el final la que sin duda es la novedad más relevante, pues en el apartado dos, donde iba prevista la polémica limitación a tres años del interinaje, no sólo se ha suprimido, sino que además -en su última fase de negociación parlamentaria- se ha suprimido de entre los requisitos para la contratación de interinos y personal laboral temporal, la necesaria vinculación a sectores preferentes, dejando reducidos los requisitos de necesaria verificación previa a la contratación, a la excepcionalidad y a la urgencia e inaplazabilidad.

Nuevamente cualquier posible inicial euforia entre el colectivo de aspirantes a entrar en el sector público, debe ser matizada. Y ello porque dicha supresión no es sino la traslación legislativa de una conclusión que, por la vía de la interpretación, ya se había alcanzado. La naturaleza puramente política del juicio de esencialidad lo convertía en un requisito poco eficaz como mecanismo de limitación, si no se interpretaba -como en los primeros tiempos se hizo- en términos contrarios al principio de autonomía municipal.

Ello no obstante, junto a las restantes medidas, la supresión del obstáculo en la letra de la ley, unida a la cierta recuperación en las arcas públicas generará un indudable impacto sobre la oferta de empleo público.

 

 

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ADMINISTRACIÓN LOCAL: SUBVENCIONES PÚBLICAS. PROBLEMÁTICAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL.

Dispone el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por cualquier Administración Pública a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios,

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública

Incluso un superficial conocimiento de la (dura) realidad económico financiera de las Entidades Locales en nuestro país permite intuir la importancia y el impacto que tienen en nuestros municipios las subvenciones recibidas por los Ayuntamientos desde otras Administraciones Públicas (Regional, Estatal o instituciones europeas). Efectivamente, un importante número de proyectos, planes obras, infraestructuras y equipamientos públicos (sanitarios, deportivos, sociales, culturales…) que se materializan en nuestros municipios son en gran medida posibles gracias a subvenciones procedentes de Administraciones Públicas que cuentan con mayor dotación presupuestaria.

La interminable crisis económica que ha azotado el país, así como la obligada prestación por parte de las Entidades Locales de servicios incluidos en lo que podemos denominar “competencias impropias” (con el fin de atender acuciantes demandas sociales y económicas de ciudadanos), no ha hecho sino agudizar la escasez de recursos económicos de muchos Ayuntamientos. Y ello, por consiguiente, ha incrementado el peso e impacto de las subvenciones públicas en el sector público local. Exactamente lo mismo resulta predicable de todo tipo de ayudas, fondos, y créditos habilitados por distintas Administraciones Públicas con destino en las Administraciones Locales. Un buen ejemplo de ello lo constituyó en su día el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueba créditos extraordinarios para atender a su financiación, al que posteriormente nos referiremos (conocido como “Plan E”).

Considerando lo anterior, este artículo pretende ilustrar la creciente problemática surgida de la aplicación material de estas disposiciones dinerarias y en particular de las consecuencias derivadas de eventuales anomalías, contratiempos o incumplimientos parciales en el proyecto o actividad subvencionada.

Y para ello en primer lugar debemos comenzar recordando lo obvio: La Administración Local debe aplicar los fondos única y exclusivamente al cumplimiento del objetivo previsto en la subvención, ayuda o dotación económica puesta a su disposición. De hecho, dicho requisito forma parte, por ejemplo de la definición de subvención a la que antes nos referíamos (“Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad….”). Ahora bien, coincidirá el lector con quién suscribe que lo expuesto no puede implicar que en todo caso y circunstancia, cualquier anomalía, contratiempo o incumplimiento parcial por insignificante que resulte, deba tener como consecuencia la obligación de la Administración Local de reintegrar la totalidad de los fondos percibidos. Y sin embargo, ocurre con frecuencia.

Efectivamente, un explosivo cocktail formado por una errónea y radical interpretación de la normativa reguladora de las subvenciones por parte de las Administraciones concedentes , unido quizás en algunos casos a una creciente voracidad recaudadora surgida de la difícil coyuntura económica y del obligado proceso de consolidación de cuentas para la eliminación del déficit público, ha fomentado en nuestra realidad administrativa la existencia de sorprendentes expedientes administrativos de reintegro total de las disposiciones dinerarias entregadas a distintos Ayuntamientos, con origen exclusivo en pequeñas disfunciones o leves incumplimientos detectados en la aplicación material de los fondos percibidos.

El descalabro económico que dicho proceso de reintegro supone para el Ayuntamiento interesado resulta evidente. No sólo debe devolver la totalidad de los fondos percibidos junto al interés de demora correspondiente, sino que además a posteriori debe sufragar con sus (a veces inexistentes) recursos económicos una obra, proyecto o infraestructura para la que no disponía de dotación presupuestaria (de ahí precisamente, que acudiera en su día al mecanismo subvencionador).

Explicado lo anterior creemos necesario subrayar que la exigencia indiscriminada y automática de devolución de la totalidad de los fondos subvencionados ante la detección de anomalía, contratiempo o incumplimiento parcial resulta, sencillamente, contraria a derecho.

Muy interesante para el caso que nos ocupa es el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que contiene una regulación expresa para este tipo de circunstancias que sin embargo en ocasiones se ha obviado por determinadas Administraciones concedentes:

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del art. 17 de esta ley o, en su caso, las establecidas en la normativa autonómica reguladora de la subvención.”

El objetivo del citado precepto no es sino introducir sentido común en este tipo de procesos articulando criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones: A mayor incumplimiento, mayor deber de devolución. Así de simple.

Pues bien, cualquier lector experimentado en la gestión de subvenciones convendrá con el autor en que la práctica de los organismos estatales y autonómicos responsables de la concesión y fiscalización dista en muchas ocasiones de éste criterio de razón.

Afortunadamente, también nuestros juzgados y tribunales de justicia vienen sosteniendo de forma prácticamente unánime estas tesis alejadas de la aplicación automática y extensiva del precepto seguida en demasiadas ocasiones. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo en Sentencia de 20 de mayo de 2008, fijó un criterio jurisprudencial claro consistente en que debe ponderarse la concurrencia de las distintas causas de incumplimiento, con base en la aplicación del principio de proporcionalidad, en los siguientes términos:

“(…) lo que faculta a la Administración a modular, en el respeto del principio de proporcionalidad, la obligación de reintegro de la subvención por incumplimiento de las condiciones impuestas y confiere al Tribunal, en su función fiscalizadora de la actuación administrativa, ponderar las circunstancias concurrentes en cada supuesto, a los efectos de determinar el grado de incumplimiento.”

El deber de la Administración de ponderar las causas de incumplimiento de las condiciones impuestas determinante del otorgamiento de la subvención y valorar la actuación del beneficiario, tendente a satisfacer de forma significativa los intereses públicos perseguidos, se establece con mayor claridad y precisión en el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones , En consecuencia con lo razonado, por razones de seguridad jurídica y de respeto al principio de igualdad en la aplicación judicial del Derecho, en aplicación del principio de proporcionalidad, consideramos procedente aplicar el criterio expuesto al caso enjuiciado y, por ello, estimamos parcialmente la pretensión formulada por la empresa recurrente y declaramos que el incumplimiento debe determinarse en el 15,28%, debiendo quedar reducida la obligación de reintegro a la cantidad resultante de esta modificación,(…)

La aplicación del anteriormente citado Real Decreto-ley 9/2008, ha originado un extenso número de procedimientos de reintegro que derivó, a su vez, en abundante controversia judicial. En sintonía con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de subvenciones, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid viene revocando y dejando sin efecto aquellos procedimientos en los que, de forma absoluta y sin introducir ningún elemento de proporcionalidad, se ordenó al beneficiario la devolución automática de la totalidad de los fondos percibidos. Y como muestra, un botón, representado por la Sentencia emitida por el TSJ de Madrid en fecha 25 de noviembre de 2014:

“Pues bien, para resolver la controversia suscitada debemos tener en cuenta que esta Sección ya ha señalado en relación con supuestos de incumplimientos parciales y de índole semejante al presente lo siguiente, en Sentencias recientes que resolvieron los recursos números 1722/2012, 1752/2012 y 1782/2012, entre otras: ….“En primer lugar, tendrá que valorarse la entidad del incumplimiento y a qué obligación se refiere. No se pueden asimilar los supuestos evidentes y graves de incumplimiento como son aquellos supuestos en que los recursos del fondo no se han destinado a los fines para los que fueron concedidos o que las obras no se han realizado con aquellos otros casos en que si bien puede existir algún incumplimiento no se trata de incumplimientos que puedan calificarse de graves ni afectan a las obligaciones esenciales previstas en el Real Decreto-Ley. En segundo lugar, en el presente supuesto, no se discute que los recursos obtenidos por la Corporación Local han sido destinados al proyecto que en su día fue aprobado y que las obras previstas se ejecutaron. Todas estas circunstancias, valoradas en su conjunto, conllevan que estemos ante meros incumplimientos formales , que no tiene la entidad suficiente para fundamentar el reintegro previsto en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, que no puede ser aplicado con el automatismo con que lo hace la Administración General del Estado…”.

En aplicación de este criterio que ahora no podemos sino confirmar de nuevo , ha de estimarse la pretensión del Ayuntamiento demandante, porque la solicitud de reintegro total de la subvención, cuando consta acreditado en las actuaciones que los fondos otorgados fueron utilizados íntegramente en las obras y proyectos para los que se concedieron y que las modificaciones de obra fueron menores siendo el retraso en los pagos también de escasa entidad (variaciones en la carpintería de madera propias de las vicisitudes de toda obra) y justificados en la espera de la acreditación documental de la obra por parte del contratista, resulta contraria a las disposiciones de la norma aplicada así como a su espíritu, al anudar un incumplimiento parcial y menor a la devolución de la totalidad de los fondos con inobservancia clara del principio de proporcionalidad que ha de regir también en esta materia.”

Lástima que, como en tantas otras ocasiones, el aplicador del derecho desde órganos superiores opte por interpretaciones restrictivas y perjudiciales para los intereses de sus “hermanas menores” de la administración local, obligando a éstas a utilizar sus siempre menores recursos para acudir a la Justicia a reclamar lo que el derecho, en una interpretación racional, les reconoce.

 

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Decreto-Ley 6/2013 de la Junta de Andalucía de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en clave Municipal

En el BOJA de fecha 11.04.13. ha sido publicado el Decreto-Ley 6/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.

Sin entrar en el generalizado debate jurídico y político que llena la red en torno al Decreto-Ley de la Junta (aquí tenéis un análisis general del mismo y sus medidas) a que se refiere esta entrada, nos centraremos en el análisis de las principales implicaciones que del mismo se derivan para los Ayuntamientos, que el decreto caracteriza como pieza clave en la ejecución de las medidas que contempla.

Así, el eje central del Decreto es la introducción de dos nuevos Títulos VI y VII en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. En el Título VI, se introduce y regula el concepto de vivienda en desuso o deshabitadas (definidas por el art. 25 del texto legal).

Pues bien, el texto legal deposita sobre los hombros municipales buena parte de la carga administrativa de la implementación del decreto, al disponer, en su art. 29, la obligación municipal de facilitar “información procedente del último censo municipal o padrón de habitantes respecto de las viviendas en las que, conforme a las hojas padronales, no conste inscrita persona alguna”.

De la lectura del primer párrafo pudiera entenderse que se trata de una simple cesión de información sin mayor proceso, no obstante, la exigencia de que se indique, para cada una de las fincas, “al menos, su ubicación concreta, su referencia catastral y el nombre, apellidos, razón social, CIF o NIF y domicilio de su titular o titulares” -salvo que el Ayuntamiento disponga de una base centralizada que combine los datos de catastro y padrón municipal- exigirá de una -tan útil a fines estadísticos propios como no exenta de dificultad- tarea de recopilación y contraste de datos.

La, previsiblemente, costosa participación municipal en el desarrollo de las políticas autonómicas de vivienda se ve “compensada” mediante la integración del concepto tributario de vivienda desocupada (previsto por el Texto Refundido de Ley de Haciendas Locales en su art. 71.4), por extensión de la aplicación del propio de vivienda deshabitada del texto legal andaluz.

Así lo hace el decreto cuando, en el art. 39.2 que introduce en la LRDVA, dispone que, de la resolución de los expedientes declarativos de la condición deshabitada de la vivienda se dará cuenta a los Ayuntamientos “a fin de que por el mismo se proceda, en su caso, a la aplicación del recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles conforme establece la ley reguladora de este tributo”.

No obstante, dicha compensación puede verse frustrada por el cuestionable, y a buen seguro cuestionado a la vista de las primeras reacciones, título competencial de la Junta para proceder al desarrollo reglamentario de una ley estatal dictada en ámbito competencial reservado y aún hoy no desarrollada reglamentariamente.

Ya en su día, fue doctrinalmente cuestionada la operatividad de una previsión legal como la contenida en el TRLHL, necesitada para su aplicación de un desarrollo reglamentario, en principio -cuestión no exenta de debate-, reservado al Estado que pese al tiempo transcurrido con la ley en vigor, nunca se llegó a producir. Esta falta de desarrollo, hasta ahora, había hecho infructuosos aquellos intentos municipales de autoregulación al amparo de la competencia normativa municipal en materia tributaria, los cuales han quedado en su mayor parte como un mero desiderátum condicionado en su vigencia a un futuro desarrollo reglamentario que nunca ha llegado (excepción hecha del País Vasco, cuyo desarrollo normativo se produjo al amparo de su especial régimen foral).

Si es esa la intención del legislador con su pronunciamiento o si por el contrario se trata de un verdadero órdago legislativo, lo iremos viendo con la aplicación del decreto. Hasta entonces, quedamos a la expectativa, pero lo único que podemos afirmar es que, frente a las cargas administrativas para los Ayuntamientos, que sí que están bien a las claras, las medidas que pudieran tener una repercusión tributaria favorable para éstos, además de exigir un elevado grado de compromiso político (siendo el recargo de IBI potestativo) con el sentido de las medidas habilitadas por el Decreto que quizás no en todos los casos sea sencillo, son de una incierta efectividad en su futura aplicación pues, aparte el conflicto competencial normativo, la misma quedará condicionada a la efectividad de la Junta en el desarrollo ulterior de los procedimientos de declaración de vivienda desocupada.

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Desarrollo RDL 4/2012. Plan de Ajuste. Modelo. Hoja Excel.

Siguiendo el enlace adjunto podéis encontrar la Hoja Excel que hemos elaborado sobre la base del Modelo de Plan de Ajuste publicado en la O.M. del Ministerio de Hacienda y AAPP publicada el viernes.

 

Si observárais cualquier error o tenéis cualquier duda o comentario al respecto, no dudéis en contactar con nosotros.

 

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Desarrollo RDL 4/2012. Orden Ministerial HAP 507/2012. Modelos de certificados, solicitudes y Plan de Ajuste.Análisis.

Con varios días de retraso respecto al compromiso inicial (que fijaba su publicación el 12 de marzo), el Ministerio de Hacienda ha publicado la O.M. HAP 507/2012, en la que se recogen los modelos de solicitud y certificado de reconocimiento individualizado de deudas, relativos a aquellos acreedores que, cumpliendo con los requisitos objetivos del plan de pagos, no hubieran sido incluidos en la relación inicialmente remitida por los Ayuntamientos el pasado día 15. El contenido de la OM que quizás resulte de mayor interés sustantivo, es la aprobación del modelo de Plan de Ajuste, de necesaria aprobación para aquellos municipios que, por tener deudas vencidas, líquidas y exigibles a 31 de diciembre de 2011, no atendidas a la fecha y generadoras por tanto del derecho del contratista al cobro a través del mecanismo de financiación aprobado por el RDL 4/2012, con carácter previo a la integración del Ayuntamiento en el crédito sindicado suscrito por el Estado para la financiación del plan de pagos (sirva éste extremo para cuestionar las manifestaciones escuchadas y leídas respecto a las “renuncias” de algunas Corporaciones al Plan, renuncia que -frente a anteriores planes financieros y salvando el caso de que el Ayuntamiento no tuviera ninguna deuda que cumpliera con los criterios objetivos determinados en el RDL 4/2012, o dispusiera de capacidad para hacerles frente de forma inmediata– resulta del todo incompatible con el espíritu -y la letra- del Plan).

El modelo de Plan de Ajuste plantea, junto a un análisis estructurado de los datos económicos de partida en relación a los ingresos y gastos del Ayuntamiento y su proyección futura, una serie de categorías y conceptos de Ingreso y Gasto sobre las que podrán incidir las medidas de ajuste a implementar por la entidad local durante la vida del Plan, que se extenderá hasta el año 2022, estructuradas, con una sistemática cuestionable, en torno a “22 Medidas” de posible adopción. Respecto a cada una de las medidas planteadas, el ente local deberá cuantificar el efecto atribuido a la medida, proyectado en toda la vida del plan, y el fundamento normativo (estatal, autonómico o local) de cada una de las medidas.

La amplitud de las categorías disponibles, y el caracter abierto e indefinido de muchas de ellas, permite a las entidades locales la elaboración de un plan de ajuste adaptado a cada realidad municipal, a las concretas necesidades de cada entidad. La capacidad de adaptación de las medidas, sin embargo, vendrá muy limitada por el trabajo previo que hubiera realizado la concreta entidad local. Aquellas que, por obligación legal o decisión política, hubieran realizado estudios y aprobado planes de estabilidad previamente, podrán limitarse, en buena lógica a proyectar la efectividad de dichos planes sobre el nuevo escenario (2012-2022) propuesto por el RDL. En aquellos casos en los que dicha labor previa no hubiera sido realizada, se hubiera revelado errónea, o viniera basada en criterios y políticas opuestos a los de quien ahora ocupe el Gobierno, la premura de tiempo va a dificultar la realización de un plan de ajuste que, adaptado a las realidades municipales, sirva para trasponer los criterios de gobierno a la planificación financiera de la entidad.

Por último, la forma de afrontar la elaboración del Plan por los equipos de gobierno (con la imprescindible asistencia de los servicios municipales afectados y esencialmente de la Intervención Municipal), vendrá fuertemente condicionada a las necesidades de financiación del concreto ente local. Mientras que en situaciones de escaso endeudamiento -previo y en el marco del plan-, evidentemente el Gobierno tendrá mucha más libertad para seleccionar e implementar aquellas medidas que sean más adecuadas al éxito de la estabilización financiera, y se adapten mejor al concreto prisma político y programático del equipo de Gobierno que elabora el Plan. Pero, en aquellos casos en que el endeudamiento -previo y el necesitado en el marco del plan para ponerse al día con los proveedores- sea elevado, será imprescindible la adopción de medidas que afecten a todas las categorías contempladas, y su alcance será más restrictivo para la acción futura de gobierno, situación que haría recomendable (habida cuenta la pervivencia ultra-legislatura del Plan de Ajuste) la búsqueda de consensos que excedan la mera mayoría absoluta, en la inteligencia de que el plan de ajuste que se apruebe hoy, tendrá que desarrollarse durante 3 legislaturas.

 

Análisis de las medidas incorporadas al modelo. Procedemos a continuación a un análisis sistemático de las diversas medidas planteadas, agrupando las diversas medidas planteadas en torno a categorías o conceptos más genéricos para favorecer su visión y análisis conjunto.

 

A) Ingresos:

a) Tributos: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.En relación a medidas analizadas más adelante, específicas respecto a tasas y precios públicos, en principio nos centraremos en los impuestos. El grueso de ésta medida, por tanto, derivara de la subida de impuestos -lógicamente con los límites máximos definidos por la LHL- y de la supresión de exenciones y bonificaciones no impuestas por la ley reguladora del concreto impuesto.

b) Recaudación: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria. A cuyo respecto plantea como medida preferente el recurso a los convenios administrativos con servicios de recaudación autonómicos y estatales. En relación a ésta medida preferente el cálculo de la cuantificación se antoja simple bastando con el estudio de la diferencia entre las tasas de recaudación propias y las ofertadas por el organismo con el que se pretendiera conveniar. Por ello será necesario realizar una prosprección previa respecto a tales servicios públicos (algunos efectivamente con altísimas tasas de eficiencia, pero no todos por igual) o incluso de sus alternativas privadas, que también existen, con elevados niveles de eficiencia.

c) Inspección: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados. Tanto en éste área como en la precedente, las medidas de reestructuración organizativa y retributiva y en general, de mejora de la eficiencia administrativa que también contempla el plan, pueden tener, al menos respecto al personal funcionario, mucha  más incidencia en el incremento de ingreso, que en la reducción efectiva de gasto. Así, la reducción de plantilla y reducción retributiva, que pueden parecer a priori la opción más satisfactoria, por su inmediatez, deben contemplarse siempre en contraposición a alternativas como la redistribución de efectivos o las modificaciones en la estructura retributiva, como mecanismos para lograr una mejora en la eficiencia, la cual generaría efectos inmediatos en áreas como la recaudación y la inspección.

d) Financiación eficiente de Servicios: Correcta financiación de tasas y precios públicos. El déficit expresivo del título, esconde una de las mayores áreas de trabajo del plan de ajuste, y una de las que mejores resultados pueden ofrecer. La consideración del principio de financiación eficiente (cobertura de los gastos mediante ingresos derivados de la tasa) de los servicios públicos retribuidos mediante tasas (art. 24 del TRLHL) no tanto como límite, sino como aspiración concreta era algo que estaba ya presente en la doctrina y jurisprudencia. Su consagración entre las medidas del Plan de Ajuste no hace sino reforzar la trascendencia de dicho principio. Respecto a los precios públicos, su inclusión entre las medidas a adoptar no es sino mera reiteración de una obligación legal (art. 44 TRLHL), cuya posible excepción (apartado 2º del artículo) terminaba, en muchas ocasiones, por convertirse en regla.

e) Otras medidas. El primer apartado se cierra con una categoría abierta donde podrán ser incorporadas aquellas medidas que, incidiendo sobre los ingresos, no tengan encaje en las categorías anteriores.

 

B) Gastos:

a) Personal: Bajo esta categoría puede agruparse a su vez varias de las medidas identificadas de forma individualizada (medidas nº 1 a 6 y 14)  en el modelo:

  • Reducción de sueldos: tanto respecto al personal municipal, como al de empresas públicas, con especial incidencia en los puestos directivos. En el caso del personal municipal, no expresa las vías abiertas para ésta reducción (en el corto plazo, parece que el ámbito de las productividades es el único donde habría una capacidad efectiva de adoptar decisiones con efectividad directa, habida cuenta la vigencia del complemento personal transitorio, que limitaría la efectividad de eventuales revisiones con incidencia sobre el complemento específico -vía RPT- al medio y largo plazo).Si que se entra en más detalle en relación al personal de las empresas públicas, ofreciendo diversas propuestas orientadas, con caracter general, al redimensionamiento, y la vinculación a objetivos o volumen de negocio, de las retribuciones, tanto del personal ordinario, como del personal directivo.
  • Reducción de efectivos: nuevamente se incluye esta categoría sin especificar, en relación al personal municipal, las posibles alternativas de medidas que puedan tener como consecuencia la efectiva reducción de efectivos. En lo que respecta al personal laboral, habrá que estar a las alternativas abiertas por el RDL 3/2012. En relación al personal funcionario, la reducción de estructura organizativa del Ayuntamiento -que más adelante (con una sistemática ciertamente cuestionable) se incorpora específicamente como categoría diferenciada de la “reducción de efectivos”- nuevamente no permitirá un efecto a corto plazo, sino únicamente al medio y largo plazo mediante la imposición de tasas de reposición bajas o nulas, respecto a vacantes que afectaran a puestos de trabajo que, en ésa revisión de estructura organizativa hubieran sido identificados como prescindibles. Si que contempla específicamente la reducción de los cargos de confianza, y su ajuste a las dimensiones de la entidad, a la que cabría añadir la reducción de retribuciones de las autoridades. Nuevamente entra en más detalle respecto al personal de las empresas públicas, insistiendo en las mismas ideas fuerza apuntadas respecto al esquema retributivo, ajuste de la plantilla a las necesidades y volumen de negocio y presupuesto disponible reales de la empresa pública. Plantea de forma expresa la reducción de cargos directivos (retribuidos, se entiende).

b) Contratación: Agrupamos nuevamente bajo ésta categoría diversas medidas identificadas en el modelo (medidas nº 7 y 9 a 11):

  • Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual. La valoración del alcance de ésta medida deberá realizarse de forma conjunta con las medidas de redimensionamiento organizativo, no pudiéndose establecer a priori, una preferencia (una presunción de mayor economía) en la prestación de los servicios o ejecución de obras con medios propios.
  • Impone la realización de un estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio (¿no incrementa esto los costes y la carga administrativa derivada de los expedientes de contratación?), en todos los contratos de “inversión” (concepto jurídico, cuando menos, poco determinado, pero que podría entenderse referido a todos aquellos contratos que, financiados con cargo al capítulo de inversiones, no recogieran ya este requisito entre sus actos de preparación, como, esencialmente los contratos de obras, excluidos los de conservación y mantenimiento) que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato. Esta categoría se antoja, a priori, de difícil cuantificación, por lo que parece una de las “cláusulas abiertas” del plan. En última instancia implica la asunción por parte de la entidad local de un compromiso de “inversión razonable“, tan difícil de cuantificar a priori por la entidad local, como de apreciar por el organismo de fiscalización su adecuación, suficiencia o exceso.
  • Reducción de celebración de contratos menores y preferencia por el menor precio en la adjudicación. Apuesta por tanto, por la agrupación de licitaciones y su adjudicación conforme al criterio preferente del menor precio (preferencias que, por un lado, deja a un lado las reformas legislativas orientadas en torno a la idea de primar la valoración de la oferta en su conjunto y la consideración de aspectos desvinculados del precio y que en la práctica podría acabar penalizando a las PYMES locales).
  • No ejecución de inversión prevista inicialmente. Supresión de inversiones previstas (en el presupuesto de 2012 o anteriores de caracter plurianual) y no ejecutadas o concluidas. Respecto a aquellas cuyas contrataciones estén adjudicadas, el plan de ajuste se podrá convertir en criterio legitimador del interés público en una resolución unilateral anticipada por desistimiento, siempre que ésta, por el estado de ejecución u otras circunstancias, no fuera abiertamente contraria a aquel.

c) Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas superiores a la mitad de su capital social, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local. Bajo ésta medida (medida nº 8) se contempla una abierta restricción de la autonomía y capacidad de decisión de los entes locales que se acojan al Plan, al vedarles la opción por la inyección de capital municipal a una empresa pública que se halle en situación de pérdidas y forzar a la disolución de éstas. La incidencia de ésta medida, aisladamente, sobre la reducción del gasto se antoja en principio nula, pues tanto el personal (salvo que con caracter previo se proceda a la adopción de despidos al amparo de lo previsto por el RDL 3/2012), como las deudas y obligaciones de la empresa que no pudieran ser cubiertas en el trámite de liquidación, serían asumidas por la Entidad Local, y los servicios que tuviera por objeto la empresa, de ser obligatorios, deberían seguir siendo prestados a los ciudadanos, por lo que, nula trascendencia puede esperarse de la medida, por sí misma. No obstante, de hallarse la empresa pública en esa situación objetiva, la aprobación del Plan de Ajuste implicará la asunción de ese compromiso, y el reflejo financiero de sus efectos en el plan.

e) Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas: Bajo esta categoría (medida 12), por sí misma, se antoja difícil el establecimiento de una cuantía específica de reducción esperada de gasto (hasta cierto punto la reducción de cargas administrativas a los ciudadanos puede determinar, muy al contrario, incremento de gastos para la administración). La virtualidad reductora del gasto de las medidas que pudieran adoptarse vendrían de su interacción con otras áreas, particularmente el personal, por los efectos de dicha reducción de cargas (a primera vista la informatización y digitalización de la gestión administrativa parece la medida más obvia) sobre la reducción efectiva de los medios personales de los servicios administrativos -aunque los plazos de amortización de la implementación de sistemas de administración electrónica eficientes puedan en algunos casos exceder el horizonte del plan y neutralizar la reducción de gasto en otras categorías-.

f)  Modificación de la organización de la corporación local: Por descarte respecto a la medida nº 14 (relativa a la “estructura organizativa”), la categoría incorporada como medida como nº 15, vendrá referida a todas aquellas medidas que afecten a la estructura político representativa del Ayuntamiento, por tanto, reducción de retribuciones, liberaciones, indemnizaciones por asistencia, órganos complementarios, entidades infra municipales, etc.

g) Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio: La supresión de servicios públicos (Medida 15) no obligatorios, parece una categoría bastante clara en su determinación. Evidentemente la incidencia de cualquier medida agrupada bajo esta categoría deberá contemplar, en el saldo negativo de su incidencia sobre el gasto, los costes, laborales, contractuales, del “desmantelamiento” del servicio, y así mismo, deberá contemplar la incidencia de los períodos de amortización de las infraestructuras, vinculadas al servicio, los cuales, no pueden ser “suprimidos”.

h) Otras medidas.El apartado de gastos se cierra con una categoría abierta donde podrán ser incorporadas aquellas medidas que, incidiendo sobre el gasto, no tengan encaje en ninguna de las categorías anteriores.

 

C) Otros.

En ésta última categoría se incorporan otras medidas, de las que no necesariamente se derivaran mejoras en los ingresos o reducciones en los gastos, tales como la publicación de las retribuciones de directivos o la estimación realista de los créditos de dudoso cobro.

 

Si la, cada día más intensa y estresante, actualidad normativa nos lo permite, intentaremos profundizar en entradas posteriores en algunos aspectos del Plan de Ajuste, y hablaremos de algunas medidas alternativas, omitidas por el plan, y que pueden tener un rendimiento efectivo, algunas de las cuales ya analizamos en éste mismo BLOG anteriormente.

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El consejo de ministros publica más información relacionada con el desarrollo del RDL 4/2012.

El consejo de ministros ha dado cuenta del informe de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, en relación al desarrollo del mecanismo de financiación para el pago a proveedores aprobado la pasada semana por el RDL 4/2012.  La referencia del acuerdo del Consejo de Ministros, reproduce en buena parte mucha de la información ya conocida por todos, pero aporta nuevos datos que probablemente rebajaran la cierta euforia existente en torno a la medida.

1º) La cifra total de la financiación ofrecida a través del mecanismo, se reduce de los 30.000 millones anunciados, a 20.000 (pese a que ante el anuncio inicial, fuentes de la patronal incrementaron la cifra de deuda hasta los 50.000 millones).

2º) Las condiciones generales de la operación de crédito (literalmente la referencia alude a la “refinanciación de la deuda”) parecen quedar fijadas en un plazo de diez años de amortización, con dos de carencia (durante los que sólo se pagarán intereses).

3º) El tipo de interés anunciado será el del “tesoro” más 115 puntos básicos (no ofrece la nota del consejo de ministros cuál sea la referencia válida del tesoro, pero viendo los precios de la última subasta de bonos -5 años- y obligaciones -10 años- el tipo final de la operación podría oscilar entre el 4,5 y 6,5%). Al parecer se sitúa en el interés de los bonos, por tanto, estará en el entorno del 4,5%.

La operativa final se hará pública el próximo miércoles en la reunión la Comisión Nacional de Administración Local. Hasta entonces, quedamos a la espera.

 

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El RDL 4/2012. Mecanismo financiero para el pago a los contratistas. Obligaciones para los Ayuntamientos.

El día de ayer ha entrado en vigor el “Real Decreto Ley 4/2012 por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales”.

La finalidad del citado R.D.L. y de las posteriores medidas que el mismo anuncia, será la implementación de un mecanismo de financiación que, mediante diversas actuaciones conjuntas, permitirá que las EELL cancelen la totalidad de sus deudas pendientes a 31 de diciembre de 2011 con proveedores de obras, servicios y suministros, antes de finales del presente año.

El mecanismo de financiación, aun cuando es el aspecto menos definido del Real Decreto Ley, que se centra en las actuaciones preparatorias que competen a las entidades locales, se conceptualizaa como un sistema que permitirá el cobro, a través de entidades financieras, por parte de los acreedores (contratistas o cesionarios de créditos) de las entidades locales, previa acreditación documental de la constancia de su crédito, bien mediante su incorporación a la relación de deudores que deberán emitir las entidades locales antes del 15 de marzo, bien mediante la obtención por parte del acreedor, de certificaciones individualizadas de su deuda.

El mecanismo definido  por el R.D.L., parece una actuación lógica ante la insuficiencia de las medidas  previamente adoptadas, la incapacidad presupuestaria de muchas EELL para  enjugar los desfases de ejercicios presupuestarios por la vía de los ingresos  ordinarios, derivadas de las restricciones al endeudamiento vigentes, y la  inexistencia de crédito en el mercado privado que, en aquellos casos en que  presupuestariamente existiera capacidad de endeudamiento, pudieran permitir la  efectiva ejecución de lo presupuestado.

Sin embargo, frente a  los planes anteriores, cuya recomendable ejecución permitió a aquellas  administraciones que los afrontaron, anticipar y atenuar las consecuencias del nuevo mecanismo de financiación, en lo que el mismo representará de intervención y restricción a futuro  de la autonomía  de los entes locales  afectados, el mecanismo ahora planteado no  es de acogimiento voluntario para los Ayuntamientos al  permitirse al acreedor -a éste sí, voluntariamente- recurrir al mecanismo de financiación  para poder proceder al cobro de sus deudas, incluso en el caso en que por el  Ayuntamiento no se haya procedido a dar cumplimiento a las obligaciones que  para el se derivan del R.D.L.

Este automatismo en la  operatividad del plan no debe, sin embargo desanimar a la entidad local en el  cumplimiento diligente de lo exigido por el plan, y concretamente de las  obligaciones de identificación de la deuda, y de formalización del plan de  ajuste, pues sólo éste cumplimiento le permitirá conservar, pese a las graves  restricciones que de su aplicación se derivarán, un cierto margen de autonomía  y capacidad de decisión en la gestión de sus presupuestos futuros.

La relevancia de la  elaboración de un plan de ajuste que se adapte a las concretas circunstancias  del ente local (pese a la premura de tiempo y el anuncio de la elaboración de “formularios”  por parte del Ministerio) es innegable, dado el amplio margen de decisión disponible  a la hora de identificar las medidas estructurales u organizativas de ajuste (el  R.D.L. se limita a enunciarlas: autofinanciación de servicios públicos, restructuraciones  organizativas, incremento de ingresos corrientes…) y la incidencia que sobre el  funcionamiento de cada concreto Ayuntamiento tendrá dicho plan en los años  venideros.

La viabilidad y éxito  en la tramitación y aprobación del citado plan de ajuste, pasará en buena  medida por su corrección formal y por la claridad en la identificación y  determinación de cada uno de los elementos que lo integre, así como en la  debida justificación de la viabilidad de las medidas que contemple, reglas de  elaboración que, si bien no garantizan la superación del trámite de  autorización, si que la facilitarán.

No obstante, la  indefinición de muchos de los elementos del Plan, y esencialmente, de las  condiciones de la  operación de crédito a largo plazo que extraordinariamente autoriza, impiden realizar una más profunda  valoración acerca del desenvolvimiento final de la ejecución del RDL, sobre  todo en los aspectos más esenciales que atienen al Plan de Ajuste (duración, y  cuantía de las amortizaciones anuales, tipos de interés, etc.), estaremos  atentos a las próximas publicaciones.

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El RDL 8/2011: Otra Lex Omnibus (y van…).

El esperado Real Decreto Ley regulador del “techo de gasto” y de la nueva línea de financiación ICO a Ayuntamientos ha resultado ser una nueva Lex Omnibus comprensiva de un conjunto inconexo de medidas y modificaciones legislativas que tiene por principal destinatario la administración local -pese a que la “fama” haya sido conquistada por las medidas relativas al régimen de los embargos derivados de ejecuciones hipotecarias-, abundando en la ya caótica situación del Régimen Administrativo Local Español. Dichas medidas pueden agruparse en 3 bloques temáticos, en lo que respecta a la administración local:

A) Finanzas: A lo largo del Capítulo II del RDL, se desarrollan las dos secciones relativas a las dos decisiones ya mencionadas al inicio de ésta entrada:

1º) La regulación del, tan traído, “techo de gasto” de las administraciones locales, con la única consecuencia prevista para su ruptura, de la necesaria adopción de “medidas extraordinarias” por parte de la administración responsable

2º) La regulación de una nueva línea de préstamos ICO para financiar el pago de deudas con autónomos y PYMES, el cual ha sido objeto de análisis en nuestra entrada anterior.

(Siguiendo el enlace puede acceder al extracto del contenido relevante, en ésta materia, del RDL)

B) Urbanismo y Ordenación de la Edificación: Bajo epígrafes tan crípticos -y poco evocadores de su contenido real- como el de “Medidas para el fomento de las actuaciones de rehabilitación” o “Seguridad Jurídica en Materia Inmobiliaria”, el RDL contiene en sus Capítulos IV y V una serie de disposiciones normativas y modificaciones legislativas de gran trascendencia en los ámbitos de la gestión urbanística y de la intervención administrativa en la edificación y uso del suelo, cuya definitiva implementación con la normativa autonómica no estará, seguro, exenta de conflictividad. Con el habitual carácter enciclopédico de las más recientes legislaciones estatales, el RDL toca cuestiones muy diversas, entre las que destacan:

1º) La modificación del régimen del silencio administrativo en el ámbito de la intervención administrativa en el uso del suelo, consagrando, con caracter general, y sin excepción, el sentido negativo del silencio (art. 23) en relación a todo procedimiento de “conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo según la legislación de ordenación territorial y urbanística” en relación a  “actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo que se indican a continuación” entre los que se incluyen la práctica totalidad de los habituales, incluyendo movimiento de tierras, tala de árboles, edificación de viviendas de nueva planta, instalaciones provisionales y primera ocupación de edificaciones).

2º) La regulación (arts. 17-20) de las denominadas “actuaciones de regeneración urbana”, caracterizadas como, en apariencia, un (nuevo?) instrumento de gestión urbanística específico para la ejecución de actuaciones de reforma de áreas urbanas deterioradas. Precisar qué aporta, este concepto, a las diversas regulaciones autonómicas, que en su mayoría prevén instrumentos análogos requiere de un análisis más detenido, pero a simple vista asalta la duda del conflicto competencial.

3º) La imposición modulable por normativa autonómica de una Inspección Técnica de Edificios a los 50 años de su construcción. Cuestión ésta que viene a acoger en el régimen estatal las soluciones incorporadas anteriormente por algunas legislaciones autonómicas como la Valenciana.

4º) Por último, los arts. 24 y 25 del RDL, modifican diversos artículos de la Ley del Suelo Estatal de 2008, reguladores de la Declaración de Obra Nueva, y de la constancia registral de diversos actos y situaciones urbanísticas.

C) Simplificación Administrativa: Por último, el RDL en su capítulo VI contiene una serie de modificaciones normativas relativas a:

1º) El Sentido del Silencio en diversos trámites regulados por Leyes Sectoriales (art. 26 en relación al Anexo I).

2º) La consideración de registro público a los efectos de presentación de escritos dirigidos a cualquier administración de los que correspondan a Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares y Municipios de Gran Población, sin necesidad de suscribir convenio al efecto.

3º) La modificación de diversas normativas sectoriales en adaptación a la LES, en relación a licencias locales de actividad.

En conclusión, el RDL, en un articulado breve, contiene un conjunto tan amplio de medidas y modificaciones, algunas de ellas de especial trascendencia, que podemos aventurar a su respecto, y sin perjuicio del resultado final del mismo tras su confirmación parlamentaria, una “digestión administrativa” pesada.

Pago de Facturas a Proveedores a cargo de la Participación en los Tributos del Estado (II)

Hoy se ha publicado el RD Ley 8/2011 de 1 de julio de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

Como apuntábamos en nuestra anterior entrada el Gobierno trata de facilitar el pago el pago de las facturas pendientes de los Ayuntamientos con empresas y autónomos a 30 de abril de 2011 a través de  una línea de préstamos ICO.

Las características definitorias de la medida son:

  • Línea de financiación disponible para Entidades Locales, sus Organosmos Autónomos y entidades dependientes.
  • Con cargo a dicha línea se podrán cancelar obligaciones reconocidas, vencidas, líquidas y exigbles pendientes de pago u obligaciones vencidas, líquidas y exigbles pendientes de aplicar al presupuesto de 2010.Las citadas obligaciones deben tener su soporte material en certificaciones o documentos que acrediten la prestación del servicio.

Las restricciones y obligaciones que lleva aparejada dicha línea de crédito son:

  • El importe de la operación (intereses incluídos) no podrá superar el 25% de las entregas a cuenta de la participación de la Entidad  Local en los tributos del Estado del año 2011.
  • No se podrán incluir los intereses de demora de las obligaciones pendientes de pago en esta operación.
  • El criterio de prelación en la cancelación de las deudas con autónomos y pequeñas y medianas empresas es la antigüedad.
  • En el caso de destinarse ésta operación de endeudamiento al pago de obligaciones no reconocidas, deberán reconocerse en el presupuesto de 2011.
  • Se debe tener aprobada la liquidación de 2010.
  • Se debe solicitar al Instituto de Crédito Oficial antes del 1 de ciciembre previo acuerdo de Pleno con los informes favorables de Tesorería e Intervención.
  • Se formalizará la operación de endeudamiento  con Entidades de Credito.
  • Se deberá cancelar antes de 31 de diciembre de 2014.
  • Se amortizará por el método francés.
  • No podrá haber periodos de carencia.
  • La operación deberá ser incorporada en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su formalización en la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales, pero no necesita autorización administrativa.
  • En el caso de genaración de remanente negativo para gastos generales se prohíbe la financión de inversiones con deuda.

La consecuencia del impago para las Entidades Locales es la  retención con cargo a  las órdenes de pago de la participación en los tributos del Estado.

En los próximos meses comprobaremos el grado de aceptación de esta medida por las Entidades Locales que aventuramos desigual en función del margen de maniobra de cada una de ellas para satidfacer las nóminas de los empleados públicos y demás gastos necesarios para prestar los servicios esenciales.

 

Pago de Facturas a Proveedores a cargo de la Participación en los Tributos del Estado (I)

El pasado 1 de julio el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley (pendiente de publicación) para poner a disposición de los Ayuntamientos una línea de préstamos, para el pago de las facturas pendientes con empresas y autónomos a 30 de abril de 2011, con el fin de facilitar liquidez a las empresas y autónomos que tengan créditos pendientes de cobro con las entidades locales. La garantía de estas líneas de crédito será el 25 por 100 del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011. Es decir los Ayuntamientos podrán pedir préstamos al ICO hasta el máximo del 25% de las transferencias del Estado en concepto de participación de tributos y si llegado el vencimiento no pueden hacer frente al pago, el Ministerio de Economía y Hacienda efectuará a favor del ICO la retención de la cantidad vencida y no pagada.

En la fecha de publicación de la mencionada Norma conoceremos el plazo para devolver el préstamo solicitado, condiciones requeridas, prelación de las obligaciones reconocidas o no reconocidas y demás detalles para poder analizar el alcance y la bondad de dichas nedidas,  así como la concreción y aplicacabilidad de la anunciada regla de gasto.