1.- EL IVA EN LA TASACIÓN DE COSTAS.  2.- EL CODEMANDADO Y SU INCLUSIÓN EN LAS COSTAS PROCESALES.

Dedicaré esta entrada a analizar dos cuestiones relacionadas con la tasación de las costas procesales.

La primera de ellas tiene que ver con la procedencia de incluir el Impuesto del Valor Añadido en los honorarios del letrado y en los derechos y suplidos del procurador cuando se practica la tasación de costas pertinente.

En segundo lugar abordaré el debate sobre la procedencia de la tasación de costas a favor del codemandado en la jurisdicción contencioso administrativa, cuestión que como veremos, requiere un estudio del caso concreto.

 

EL IVA EN LA TASACIÓN DE COSTAS.

 

A los letrados que lean estas líneas les será familiar la situación de impugnación por indebida la partida correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluida en la tasación de costas. Ya sea a favor o en contra, es una discusión recurrente en nuestros juzgados y tribunales de justicia.

La impugnación de la inclusión de la partida del IVA se ha efectuado tradicionalmente sin un apoyo normativo concreto, sobre la base de doctrina de la Sala Tercera del T. Supremo. Por ejemplo, la Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección6ª) de 18 julio 2000.

Efectivamente el histórico silencio de las distintas normales procesales aplicables ha generado un continuo debate sobre la inclusión del IVA en la tasación de costas, y ha sido una cuestión tradicionalmente discutida y objeto de diferentes pronunciamientos judiciales de distinto signo, y de posiciones contrarias incluso entre órdenes jurisdiccionales. Podríamos citar numerosas resoluciones en ambos sentidos.

La situación llegó a tal extremo, que mientras la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo venía pronunciándose con relativa contundencia en contra de la inclusión del impuesto, la Sala de lo Civil del mismo Tribunal Supremo, se mostraba favorable a su inclusión. Increíble pero cierto.

Sin embargo, en mi opinión, dicho debate debe ser hoy día una cuestión resuelta a la vista de que actualmente sí existe un pronunciamiento normativo expreso y claro favorable a la inclusión del impuesto, que despeja cualquier duda y hace innecesaria toda interpretación.

Efectivamente se trata del apartado segundo, in fine, del artículo 243 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo tenor literal es el siguiente:

En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula. No se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394.”

En cualquier caso, la experiencia en debates y polémicas jurídicas pasadas nos aconseja ser prudentes, de modo que a pesar de la claridad y contundencia del precepto de la LEC, y de su aplicación subsidiaria en el resto de órdenes jurisdiccionales, no es descartable que la controversia perdure al menos un tiempo.

 

LA PARTE CODEMANDADA EN LA TASACIÓN DE COSTAS

 

Del mismo modo que ocurre con la inclusión de la partida del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la jurisdicción Contencioso-Administrativa podemos enfrentarnos a una impugnación de la parte actora de la tasación de costas practicada en aquellos supuestos en los que hayamos ostentado la condición de codemandado.

El artículo 21 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa dispone respecto de la parte demandada, lo siguiente:

  1. Se considera parte demandada:
  2. a) Las Administraciones públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el art. 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.

 

  1. b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
  2. c) Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.”

La regulación en materia de costas la encontramos en el artículo 139 del mencionado texto legal, y como veremos, dicho precepto no distingue entre parte demandada y codemandada, ni introduce limitación alguno en este sentido.

La ausencia de regulación expresa en la normativa actual hace necesario acudir a la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo en la materia, que obliga a enjuiciar caso por caso y a distinguir aquellos supuestos en el que se actúa como codemandado como mero titular de un interés (como un mero coadyuvante de la Administración demandada), de aquellos supuestos en los que se comparece como titular de derechos derivados del acto impugnado.

En el primer caso, al no haber sido traído al pleito por el demandante la condición de parte codemandada que no es titular de un derecho afectado por el acto impugnado no es suficiente para cargar a la parte actora con sus costas procesales.

Esta peculiar aunque muy relevante distinción se trata de explicar entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 12 marzo 2002 o en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 8 de marzo de 2005. Reproduzco por su interés, algunos pasajes de ésta última:

“Invoca en defensa de esa postura la Sentencia de esta Sala y Sección de veintisiete de marzo de dos mil, que, si bien referida a la figura del coadyuvante, es de perfecta aplicación al supuesto, en tanto que la posición del coadyuvante hoy se puede trasladar sin género de duda a la de la parte demandada que defiende un interés legítimo junto a la Administración demandada(…)

La cuestión planteada se reduce, pues, a determinar si el Ayuntamiento de Valencia, aun siendo indiscutible su condición de codemandado, ha comparecido como interviniente adhesivo en función de la titularidad de un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado o lo ha hecho como consecuencia de la titularidad de derechos directamente afectados por su eventual anulación, pues sólo en esta última hipótesis deben incluirse en la condena en costas las causadas a su instancia.

Para resolver esta cuestión debe partirse de que la afectación de los derechos de la entidad local interesada resulta de que dicha entidad ostentó la condición de Administración expropiante. Ello determina que deba considerarse al Ayuntamiento de Valencia no como mero titular de un interés, sino de derechos derivados del acto impugnado, por lo que debemos desestimar la argumentación en que, en este punto, se sustenta la impugnación”.

En consonancia con lo expuesto por el Tribunal Supremo, a los efectos que nos ocupan en cada caso debe determinarse si la intervención del codemandado es la propia de un interviniente adhesivo en función de un interés legítimo más o menos directo e intenso, o por el contrario se ha comparecido al verse afectados directamente actos, resoluciones y/o derechos de su titularidad.

Como resulta fácil de concluir, lo expuesto anteriormente está muy alejado de la mínima seguridad jurídica que sería deseable en una cuestión tan común como la imposición de las costas. No parece muy recomendable obligar a las partes a introducir dicha discusión caso por caso en los que la actora ha sido condenada al abono de las costas procesales y existe un codemandado. Sobre todo respecto a conceptos jurídicos tan cercanos como el interés legítimo y la titularidad de derechos.

 

Ricardo Fernández Puche.

RECLAMAR LA PLUSVALÍA AL AYUNTAMIENTO

 

                                               Reclamar la plusvalía, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, pagada al Ayuntamiento. Dicha pretensión, junto con la reclamación del importe abonado al banco por las cláusulas suelo así como los gastos de constitución de las mismas, son las más habituales y las más comentadas en los últimos tiempos.

                                           ¿Puedo reclamar la plusvalía abonada? ¿Es legal que el Ayuntamiento lo siga cobrando? ¿Desde cuándo puedo reclamar?. Son las preguntas que, como especialista en derecho administrativo, me plantean a diario. Este artículo pretende dar respuesta al lector a algunas de esas dudas, con la inocente esperanza, además, de no tener que continuar resolviéndolas a diario…….

LA SENTENCIA DEL CONSTITUCIONAL

                                                En primer lugar conviene recordar que todo este embrollo de la reclamación de las plusvalías abonadas a los Ayuntamientos renació desde que el Tribunal Constitucional dictase la Sentencia de 16 de febrero de 2017.

                                          El Tribunal ha  declarado inconstituciona  la vigente regulación de la normativa forla del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como impuesto a la plusvalía, al considerar que no es expresiva de la capacidad económica del contribuyente, tal como exige la Constitución.         

                                    

                                                  Pero mucha atención porque llegado este punto hay que aclarar un extremo crucial: el TC limita la decisión a la normativa foral, porque la el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de ámbito nacional, no se aplicaba al caso planteado por el tribunal.

                                               Aunque es cierto que esa regulación es una copia de los artículos 104 y 107 de la Ley de Haciendas Locales, por lo que el pronunciamiento obligará a modificar la normativa estatal y no sólo la vasca, lo cierto es que esa modificación todavía no se ha producido a día de hoy.

LA EXPLICACIÓN DE LA ANULACIÓN

                                           La explicación del TC es contundente:

“al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE.”

                                            El TC finaliza la cuestión concluyendo que:

“cuando no exista tal incremento de valor, no nacería la obligación tributaria del impuesto, por inexistencia de hecho imponible”.  “porque, al haberse establecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento”.

EFECTOS Y CONCLUSIÓN

                                        En Navarra la cuestión no plantea absolutamente ninguna duda: El artículo 39 de la Constitución Española impone el efecto inmediato de la sentencia frente a todos desde su publicación, por lo que en ningún caso ningún Ayuntamiento ubicado dentro de la comunidad navarra podrá aplicar el impuesto si no existe incremento de valor. De hecho mi recomendación es que los contribuyentes que estén en el supuesto de hecho descrito en la Sentencia (pérdida patrimonial con la transmisión) efectúen directamente una autoliquidación citando la resolución judicial y justificando que no se ha producido incremento de valor. Como siempre, recomiendo acudir a un especialista en derecho administrativo para que nos asesore en detalle.

                                        El problema, de momento, surge en el resto de España. La solución más sencilla y adecuada para el caso es que el legislador adopte una rápida respuesta y modifique de inmediato el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aplicable en la generalidad del territorio nacional. No es de recibo obligar a los contribuyentes a esperar a que se produzca un pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional sobre esa norma cuando es obvio que la ratio decidendi de la sentencia, el motivo o la razón del pronunciamiento, que es la necesidad de que exista un incremento real del valor para que se pueda aplicar el impuesto, es claramente aplicable a las normas de la LHL.

                                          Tampoco puede dejarse esto en manos de los Ayuntamientos, como parece que está ocurriendo hasta la fecha. ¿Cómo va a pedirse a una Administración que no aplique una normativa vigente? ¿Qué motivo puede tener un empleado público decidir por sí mismo no liquidar como venía haciendo el impuesto antes de tener una Sentencia aplicable en su territorio?.

                                     Lo pernicioso de la situación es que lógicamente el contribuyente no quiere que nadie le explique, ni tiene por qué entenderlo, que un Ayuntamiento no legislar ni tiene potestad ni competencia para modificar una norma con rango de ley ni tampoco puede dejar de aplicarla sin más.

                                        Por tanto, hasta que no se produzca la modificación legislativa en el parlamento nacional, o no exista un pronunciamiento del TC respecto al TRLHL, mi opinión es que el camino para los contribuyentes será el siguiente: Reclamación al Ayuntamiento, desestimación municipal con el consiguiente enfado del interesado, y obligatorio ejercicio de acciones judiciales. Triste pero cierto.

Ricardo Fernández Puche

El concepto de Sector Público, y su alcance según el ámbito en que nos encontremos constituye objeto de duda habitual en nuestro ámbito de actividad.

En este caso, el Ministerio de Justicia se aparta del habitual criterio inclusivo, y en su consulta vinculante V1250-14 de 08/05/2014 interpreta que las Empresas Públicas Locales no pueden beneficiarse de la exención general reconocida a favor de la AGE, CCAA, Entes Locales y organismos públicos dependientes, basándose en la personalidad jurídica y naturaleza mercantil privada de tales entidades.

Transcribimos la respuesta del Ministerio.

“Sujeción a la tasa de una empresa pública, cuyo capital social pertenece a la Diputación de Granada
Contestación: están exentos de la tasa “la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas”. Esta Dirección General no considera incluido en tal supuesto a una empresa pública local como es la representada en el escrito de consulta, al tratarse de una entidad mercantil que, con independencia de la titularidad de su capital, actúa con personalidad jurídica y patrimonial conforme al ordenamiento jurídico privado, por lo que, en consecuencia, no tiene derecho a la exención en la tasa antes mencionada.”