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LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

 

 

 

La nueva ley de contratos del sector público ya es una realidad.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018, de modo que dedicaré esta entrada a efectuar un breve anticipo de las principales novedades que incorpora.
Estos son algunos apuntes preliminares que os pueden resultar de interés para familiarizaros con el texto:
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1.- La nueva ley nace con dos objetivos principales, reconocidos por la propia norma: lograr una mayor transparencia, y conseguir una mejor relación calidad precio.
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2.-Respecto a la mejora de la calidad-precio, la nueva ley obliga a los órganos de contratación a procurar que los criterios de adjudicación permitan obtener obras y servicios de calidad. (Fácil de decir, no tan sencillo de hacer).
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3.-El texto legal se auto impone como obligación la simplificación de los procedimientos y la reducción de la burocracia.
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4.-La disposición final duodécima aclara que las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. En otras palabras, que no son tributos. No se pueden considerar ni tasas, ni precios públicos.
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5.-La nueva ley incorpora lo que denomina “normas más estrictas” en materia de ofertas anormalmente bajas. Se han detallado algunos criterios, es cierto, como la referencia expresa a las obligaciones medio ambientales, sociales y laborales. ¿Norma más estrictas? No me lo parecen en principio. Más detallada, sí.
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6.-Los importes del contrato menor en la nueva Ley de Contratos del Sector Público varían a la baja: Obras: 40.000 euros. Servicios y suministros: 15.000 euros.
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7.-La publicación de la información sobre los contratos menores puede hacerse trimestralmente. Y no es obligatoria para contratos de menos de 5.000 euros cuyo sistema de pago sea el de anticipo de caja fija.
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8.-Desaparece el tradicional contrato de gestión de servicios públicos. Se sustituye por el nuevo contrato de concesión de servicios.
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9.-En la nueva Ley de Contratos, lo que distingue a los contratos de servicios del nuevo contrato de concesión de servicios es QUIÉN asume el “riesgo operacional”. En el primer caso lo asume la Administración, y en el segundo caso, el riesgo lo asume el contratista.
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10.-La ley sigue el esquema creado por la anterior regulación de 2007, que establece como uno de los ejes de la aplicación de la Ley el concepto de poder adjudicador, que se impone como consecuencia de la incorporación al derecho español de la anterior Directiva comunitaria de 2004.
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11.-También continúa la importante distinción entre los contratos sujetos a regulación armonizada y aquellos que no lo están, basada en la superación de ciertas cuantías económicas, o umbrales comunitarios
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12.- Los contratos de obras, suministros y servicios celebrados en el ámbito de la Defensa y seguridad siguen rigiéndose por su propia ley específica. Sin embargo, los de concesión de obra y concesión de servicio en estas materias, sí que están sometidos a la LCSP.
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13.-La nueva #LCSP amplía el ámbito del recurso especial en materia de contratación: Ahora: obras, concesiones de obras y de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones y contratos de servicios y de suministros cuyo valor supere los cien mil €
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14.-Dicho recurso especial se puede interponer contra los anuncios de licitación, pliegos, documentos contractuales que establezcan las condiciones de contratación, algunos actos de trámite, acuerdos de adjudicación, modificaciones contractuales,y acuerdos de rescate de concesiones.
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15.-El artículo 64 de la nueva #LCSP define y desarrolla la situación de conflicto de intereses e impone la obligación de cualquiera que conozca estas situaciones, de ponerlo en conocimiento del órgano de contratación: “cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación”.
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16.-La nueva ley ha revisado y modificado conceptos como «cuantía» o «importe del contrato», reconduciéndose en la mayor parte de los casos al concepto de «valor estimado» del contrato, que es el idóneo. Básicamente se trata de reducir confusión.
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17.-Los artículos 100, 101 y 102 regulan y definen con precisión, respectivamente, los conceptos de presupuesto base de licitación, valor estimado del contrato y precio del contrato.  revisión de precios en los contratos públicos, a lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo , de desindexación de la economía española, de manera que la revisión de precios no se hará con índices generales, sino en función de índices específicos, que operarán a través de fórmulas que reflejen los componentes de coste de la prestación contratada.
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18.-Se introducen novedades respecto a la revisión de precios en los contratos públicos, adaptándo su regulación por completo a lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, de manera que la revisión de precios no se hará con índices generales, sino en función de índices específicos, que operarán a través de fórmulas que reflejen los componentes de coste de la prestación contratada.
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19.-La nueva #LCSP incorpora la regulación de las consultas preliminares del mercado, con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los operadores económicos.  Artículo 115.
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20.-En materia de declaración responsable se impone el formulario de documento europeo único de contratación aprobado por la Unión Europea. Artículo 141.
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21.-Una de las principales novedades de la #LCSP es que introduce un nuevo procedimiento de adjudicación denominado “asociación para la innovación”. Artículo 177.
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22.-Se crea la figura del procedimiento abierto simplificado (hasta unos umbrales determinados). Pretende ser un procedimiento muy ágil para poder adjudicar el contrato plazo de un mes desde que se convocó la licitación. Todo un acierto en principio.
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23.-La regulación de las modificaciones contractuales es muy detallada y precisa respecto a los supuestos en los que cabe. Artículo 203 y siguientes.
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24.-Desaparecen las “famosas” instrucciones de contratación de los poderes adjudicadores que no tengan condición de Administración Pública.
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25.-Se crea la Oficina de Supervisión de la Contratación. ¿Su función?: Coordinar la supervisión en materia de contratación púbica de los poderes adjudicadores del conjunto del sector público. Las CCAA pueden crear sus propias oficinas, y están facultadas para dar traslado a la Fiscalía de los hechos que tenga conocimiento y que puedan ser constitutivos de delito.
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26.-Interesante extensión del ámbito subjetivo de aplicación de la norma: se incluyen los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las empresariales, así como las fundaciones y asociaciones vinculadas a a ellos siempre que cumplan determinadas circunstancias y respecto de los contratos sometidos a regulación armonizada.
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27.- Entre las medidas llamadas a luchar contra el fraude y la corrupción, y fomentar la transparencia en los contratos destaca la supresión del supuesto de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía.
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28.-Todos los contratos adjudicados por las entidades del sector deben inscribirse en el Registro de Contratos del Sector Público.
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Ricardo Fernández Puche.
Especialista en Derecho Administrativo.

 

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Reflexiones sobre la reforma local

En las últimas semanas se multiplican las noticias sobre la reforma de las bases del régimen local que el Gobierno está preparando, incrementándose a la par la preocupación en los operadores municipales por el camino que dicha reforma tomará cuando se manifieste en instrumentos legislativos, a la vista de la información que se va conociendo relación al sentido y finalidad de dicha reforma, y a la vista de la reciente, y fallida, experiencia de las sucesivas normas emitidas siempre en clave “anticrisis” y “antiendeudamiento”, con resultados decepcionantes en la mayoría de los casos por su naturaleza parcial, “remendona”, y en general poco útil a la necesaria e indiscutible, reforma de las entidades locales, y particularmente, de los Ayuntamientos.

Si algo ha caracterizado a las actuaciones previas y (por lo que se intuye) las que se avecinan, es por partir de un axioma: la incapacidad de los propios entes locales para proceder a su reforma y a la corrección de los (innegables) vicios en que, en mayor o menor medida, han venido incurriendo en los años precedentes.

Así, la política del Estado respecto a las entidades locales, durante el período de crisis económica, se ha materializado en un conjunto de medidas legislativas orientadas fundamentalmente al ajuste presupuestario, las cuales han sido, bien impuestas desde el Estado con caracter unívoco e innegociable, cuando las decisiones se tomaban en ejercicio de competencias legislativas propias del Estado (reducciones retributivas, jornada laboral), o bien exigidas a cambio de caramelos irrechazables -como el reciente Plan de Pago a proveedores-, cuando trascendían los ámbitos propios de la competencia estatal restringiendo la autonomía municipal consagrada por la Constitución.

En el que parece último empujón a la reforma local, emprendido por el Gobierno a través de la constitución de una comisión “auditora” de las AAPP, y la apertura de una línea bilateral de negociación con PSOE y FEMP, se viene repitiendo, cual mantra, desde fuentes gubernamentales que el trabajo de preparación previo a la reforma encomendado a la citada comisión, se orienta a la supresión de duplicidades (el tan mediaticamente efectivo como desconocedor del último siglo de Derecho Administrativo “1 administración – 1 competencia”), previo análisis de la eficiencia económica, siempre centrada en la perspectiva ingreso-gasto, sin contemplar otros elementos de mayor eficiencia y eficacia en la prestación  de servicios púbicos/ejercicio de competencias por parte de los Ayuntamientos frente a otras administraciones que quizás puedan disponer de financiación adecuada para ello.

La información del Consejo de Ministros relativa al informe del Ministerio de Hacienda sobre la reforma legislativa, parece así mismo indicarnos que la consecuencia más visible de la reforma será el reforzamiento de los  órganos de Gobierno Local de nivel Intermedio (Diputaciones, Cabildos…) a costa de las Mancomunidades y de los municipios de menos de 20.000 habitantes a los que serán “sustraídas” aquellas competencias y servicios que no sean capaces de prestar de forma eficiente. Otros anuncios (como el consabido 1 administración – 1 competencia, o la “garantía” de que las asunciones de competencias por los Municipios tendrán la financiación que necesiten para que no gasten más de lo que ingresen) suenan a buenas intenciones más que otra cosa. De lo que nos cuenta el Gobierno, y de lo que destila la información cabe hacer varias valoraciones:

1º) Debemos denunciar la injusticia intrínseca del planteamiento de base de la reforma. Resulta manifiestamente injusto para los Ayuntamientos que el gobierno funde la reforma local en un análisis del statu-quo actual, obviando tanto la excepcionalidad del mismo (tanto en la perspectiva del ingreso como la del gasto), como el camino precedente para la llegada a ésta situación (con la consecuente atribución y reparto de responsabilidades).

Cabe plantearse si es inteligente y útil plantear como preludio a la reforma un supuesto estudio o auditoría al respecto de si la administración municipal y los servicios que ésta presta, tal y como han quedado definidos tras la mayor etapa de crecimiento económico de la historia de España, se pueden financiar con los ingresos existentes en el punto más bajo de una de las peores crisis económicas de la historia de españa, cuando todos sabemos que la respuesta es negativa, y si tras esta pregunta “viciada” no se esconde la búsqueda de una coartada para la toma de una decisión preconcebida al respecto de nuestro modelo municipal.

2º) Parece igualmente injusto que la revisión pivote en torno a los Ayuntamientos como administración “a reducir”. Así, aunque el análisis de duplicidades alcanza a la totalidad de las administraciones, para la única para la que se anuncian consecuencias ante el descubrimiento de “desempeños ineficientes” es para la administración local, no admitiendo siquiera como opción la posibilidad de que una administración sea la más eficiente en la prestación de un servicio o el ejercicio de una competencia, y que su déficit financiero derive precisamente de la apropiación de otra administración territorial de financiación que no les es propia.

3º) Por último, y sin perjuicio de que el frontispicio de la reforma recoge en letras capitulares la autonomía municipal y la democracia de los Municipios como principios inspiradores, no puede ocultar una cierta “querencia” del actual Gobierno por el reforzamiento de la estructura municipal intermedia como herramienta para la introducción de eficacia presupuestaria en la gestión de los servicios públicos, asumiendo, cual acto de fe, una cierta bondad o virtud en el alejamiento respecto al ciudadano de los centros de decisión política.

Si es esa la convicción del Gobierno, y no nos puede caber duda al respecto a la vista de los mensajes que se lanzan, ¿qué necesidad hay de seguir “auditando al muerto”?. Está claro que es un modelo aceptable y válido en la teoría y en la práctica comparada, pero como todo modelo representa una opción y su asunción no es ni inocente, ni imperativa o indisponible. Se trata de una elección que corresponde a nuestros gobernantes, uienes no tienen por qué convencernos respecto a la existencia de motivos o razones que conviertan lo que no es sino es una decisión en una necesidad inaplazable a la que se han visto abocados, pues ello implica una renuncia a lo que precisamente es la esencia del Gobierno, la elección entre las opciones que se nos ofrecen para la solución a los problemas.

Precisamente por eso, porque no es cierta la existencia de motivos irrenunciables que hagan necesaria una determinada opción, cuando de los modelos administrativos e institucionales de organización del Estado es de lo que se habla, es por lo que debemos ser firmes en la exigencia a nuestros Gobernantes de que expongan de forma razonada los motivos que justifiquen esa opción, por qué entiende que es la mejor o la menos mala de las posibles, sin que sea un motivo válido la afirmación obvia de que los Ayuntamientos gastan más de lo que ingresan.

Para ello, volviendo al principio de nuestra crítica, deberían darse dos pasos atrás y ampliar un poco la perspectiva del problema, buscando identificar el por qué de la actual situación financiera de los Ayuntamientos, planteandose ciertas preguntas:

¿Cuantas de las causas directas o inmediatas del desequilibrio vinculadas al gasto, han sido a su vez consecuencia directa e inmediata de decisiones propias y autónomas de los Ayuntamientos?

¿Cuantas de ellas no han sido sino la directa consecuencia sobre la vida municipal de decisiones facilitadas, orientadas o directamente impuestas administraciones territoriales superiores?

¿Puede la experiencia del municipalismo español (constitucional y pre-constitucional) permitirnos sostener sin quiebra intelectual, esa supuesta mayor virtud en el alejamiento del ciudadano de los ámbitos de decisión municipal?

Asumiendo que las mancomunidades, tal y como han sido conceptuadas, y los Municipios de determinadas dimensiones, tal y como han terminado por conceptuarse, resultan un modelo fallido, ¿puede sostenerse por contra que las Diputaciones Provinciales, tal y como están conceptuadas en la actualidad, son un modelo institucional, administrativo y de gestión ejemplar que merezca la confianza ciega del Estado como motor de la reforma local?

 

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El RDL 8/2011: Otra Lex Omnibus (y van…).

El esperado Real Decreto Ley regulador del “techo de gasto” y de la nueva línea de financiación ICO a Ayuntamientos ha resultado ser una nueva Lex Omnibus comprensiva de un conjunto inconexo de medidas y modificaciones legislativas que tiene por principal destinatario la administración local -pese a que la “fama” haya sido conquistada por las medidas relativas al régimen de los embargos derivados de ejecuciones hipotecarias-, abundando en la ya caótica situación del Régimen Administrativo Local Español. Dichas medidas pueden agruparse en 3 bloques temáticos, en lo que respecta a la administración local:

A) Finanzas: A lo largo del Capítulo II del RDL, se desarrollan las dos secciones relativas a las dos decisiones ya mencionadas al inicio de ésta entrada:

1º) La regulación del, tan traído, “techo de gasto” de las administraciones locales, con la única consecuencia prevista para su ruptura, de la necesaria adopción de “medidas extraordinarias” por parte de la administración responsable

2º) La regulación de una nueva línea de préstamos ICO para financiar el pago de deudas con autónomos y PYMES, el cual ha sido objeto de análisis en nuestra entrada anterior.

(Siguiendo el enlace puede acceder al extracto del contenido relevante, en ésta materia, del RDL)

B) Urbanismo y Ordenación de la Edificación: Bajo epígrafes tan crípticos -y poco evocadores de su contenido real- como el de “Medidas para el fomento de las actuaciones de rehabilitación” o “Seguridad Jurídica en Materia Inmobiliaria”, el RDL contiene en sus Capítulos IV y V una serie de disposiciones normativas y modificaciones legislativas de gran trascendencia en los ámbitos de la gestión urbanística y de la intervención administrativa en la edificación y uso del suelo, cuya definitiva implementación con la normativa autonómica no estará, seguro, exenta de conflictividad. Con el habitual carácter enciclopédico de las más recientes legislaciones estatales, el RDL toca cuestiones muy diversas, entre las que destacan:

1º) La modificación del régimen del silencio administrativo en el ámbito de la intervención administrativa en el uso del suelo, consagrando, con caracter general, y sin excepción, el sentido negativo del silencio (art. 23) en relación a todo procedimiento de “conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo según la legislación de ordenación territorial y urbanística” en relación a  “actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo que se indican a continuación” entre los que se incluyen la práctica totalidad de los habituales, incluyendo movimiento de tierras, tala de árboles, edificación de viviendas de nueva planta, instalaciones provisionales y primera ocupación de edificaciones).

2º) La regulación (arts. 17-20) de las denominadas “actuaciones de regeneración urbana”, caracterizadas como, en apariencia, un (nuevo?) instrumento de gestión urbanística específico para la ejecución de actuaciones de reforma de áreas urbanas deterioradas. Precisar qué aporta, este concepto, a las diversas regulaciones autonómicas, que en su mayoría prevén instrumentos análogos requiere de un análisis más detenido, pero a simple vista asalta la duda del conflicto competencial.

3º) La imposición modulable por normativa autonómica de una Inspección Técnica de Edificios a los 50 años de su construcción. Cuestión ésta que viene a acoger en el régimen estatal las soluciones incorporadas anteriormente por algunas legislaciones autonómicas como la Valenciana.

4º) Por último, los arts. 24 y 25 del RDL, modifican diversos artículos de la Ley del Suelo Estatal de 2008, reguladores de la Declaración de Obra Nueva, y de la constancia registral de diversos actos y situaciones urbanísticas.

C) Simplificación Administrativa: Por último, el RDL en su capítulo VI contiene una serie de modificaciones normativas relativas a:

1º) El Sentido del Silencio en diversos trámites regulados por Leyes Sectoriales (art. 26 en relación al Anexo I).

2º) La consideración de registro público a los efectos de presentación de escritos dirigidos a cualquier administración de los que correspondan a Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares y Municipios de Gran Población, sin necesidad de suscribir convenio al efecto.

3º) La modificación de diversas normativas sectoriales en adaptación a la LES, en relación a licencias locales de actividad.

En conclusión, el RDL, en un articulado breve, contiene un conjunto tan amplio de medidas y modificaciones, algunas de ellas de especial trascendencia, que podemos aventurar a su respecto, y sin perjuicio del resultado final del mismo tras su confirmación parlamentaria, una “digestión administrativa” pesada.

Modificación de la Ley 8/2010 de 23 de junio de Régimen Local de la Comunidad Valenciana

Publicada en el BOE de fecha 25 de abril de 2011, breve reforma de la recientemente aprobada Ley 8/2010 de 23 de junio Ley de régimen local de la Comunidad Valenciana. La modificación afecta únicamente a los arts. 86.3 y 104.2 de la Ley y viene orientada a solucionar las discrepancias con la Administración del Estado Estado derivadas de la redacción original de dichos preceptos. 

Siga el enlace para ver el texto de la modificación.